Las políticas europeas sobre paternidad no establecen tipos comunes de actuación

Alemania equipara los derechos de quienes buscan sus orígenes con quien pide intimidad

25.09.2016 | 01:49

El reconocimiento por ley a saber quién es el progenitor o la progenitora de cualquier ciudadano europeo no se rige, en principio, por una norma general que afecte a todos los países miembros de la Unión Europea. Cada nación tiene sus peculiaridades, aunque en todos los casos siempre quedará el Tribunal de Estrasburgo, donde se podrá estudiar por parte de los jueces las peculiaridades de cada territorio siempre teniendo en cuenta la visión general del conjunto europeo.

Según una nueva sentencia del Tribunal Constitucional alemán, queda establecido que el derecho de certificar la paternidad queda reducido a su aplicación dentro de la familia, pero no es aplicable a supuestos padres biológicos si estos no se someten de forma voluntaria a las correspondientes pruebas. La argumentación de la sentencia explica que el derecho de un individuo a conocer sus propios orígenes "no es absoluto" y no puede situarse por encima de los derechos fundamentales de otra persona, como el derecho a la intimidad.

En España, el derecho a la investigación de la paternidad es un derecho recogido en la Constitución española de 1978, que establece que "en los juicios sobre filiación será admisible la investigación de la paternidad y de la maternidad mediante toda clase de pruebas, incluidas las biológicas".

Para que la prueba de paternidad tenga validez legal es preciso que las muestras biológicas se obtengan con el consentimiento de la persona implicada o bien por orden de un juez, algo que no siempre sucede porque en más de una ocasión padres aprovechan sus estancias en solitario con sus hijos para realizarlas sin el conocimiento de la madre.

Si se obtuvieran sin su consentimiento nunca podrían tener validez jurídica.

En Holanda, los hombres podrán renunciar a la paternidad. Una vez que la mujer les informe del embarazo, contarán con dos semanas para decidir si aceptan o no la paternidad del niño. La decisión es irrevocable. En caso de renuncia, el hombre deberá pagar a la madre una suma equivalente a tres veces el coste médico de un aborto, sea este dinero destinado a abortar o al cuidado del niño si la mujer decide tenerlo. La suma será un pago único y no recurrente, y sella el conflicto de manera definitiva.

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