Hernández niega el desamparo de los menores por problemas económicos

La vicepresidenta del Ejecutivo canario recuerda que en las Islas hay 1.358 niños en situación vulnerable y anima a las familias sin recursos a usar los servicios sociales

25.05.2016 | 12:43
Hernández niega el desamparo de los menores por problemas económicos

La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Patricia Hernández, aseguró ayer que ningún menor es declarado en desamparo por motivos económicos en el Archipiélago. La también vicepresidenta del ejecutivo regional quiso dejar claro durante una comparecencia en el pleno del Parlamento porque existen familias con problemas económicos que temen acudir a los servicios sociales de los ayuntamientos por miedo a perder la custodia de los niños, cuando en estos casos lo que se hace es atender económicamente a las familias.

La comparecencia fue solicitada por el diputado de Nueva Canarias, Luis Alberto Campos, quien alertó de que en Canarias hay un serio problema en cuanto a la protección de los menores, porque hay carencia de herramientas adecuadas, de centros y profesionales adecuados y también de un modelo para atender a los menores en desamparo. Cuando hay tantas "vulnerabilidades" a la hora de atender a los más débiles, ya sean ancianos o menores de edad o personas a las que se abandona sin vivienda, no se puede "frivolizar" dedicando los escasos recursos adicionales que llegan a "inventar planes", dijo en referencia a los 160 millones de euros anuales que se esperan del IGTE y que se van a destinar a proyectos de inversión pero no a solucionar carencias sociales.

Para Nueva Canarias, la primera función de un gobierno es cumplir con sus competencias y prestar atención a quienes lo necesitan, a los más débiles. En su opinión, eso no se cumple con la atención a los menores en desamparo, y aunque elogió la buena actitud del nuevo director general de la Infancia, Mauricio Roque, advirtió de que hay que empezar a tomar decisiones ante los despropósitos del anterior ejecutivo, subrayó, la primera de ellas aprobar un plan del menor del que nada se sabe de momento. Al final, a su entender, la política de austeridad y la precariedad en el empleo derivada de las reformas laborales las pagan los más débiles, en este caso los niños, y recordó que en Canarias, según Unicef, hay 130.000 en riesgo de exclusión social.

La consejera Patricia Hernández recordó que en Canarias hay 1.358 menores en desamparo, 669 de ellos en centros y el resto en familias de acogida. "Lo ideal es el acogimiento familiar, pero no siempre es posible", dijo la consejera, y señaló que para los menores con problemas específicos de conducta y conflictividad social hay dos centros especializados, uno de 14 plazas en Gran Canaria y otro de 10 plazas en Tenerife, en los que los ingresos se producen a petición de las familias y previos informes psicosociales.

Para los menores con problemas de salud mental, no hay centros en Canarias, así que se les traslada a otras comunidades autónomas con las que se alcanzan convenios. En ningún caso hay castigo ni correctivos en el tratamiento de los menores, sino funciones educativas y orientadoras que buscan reconducir las conductas y favorecer un desarrollo personal pleno, dijo la consejera. En cuanto a las perspectivas para aprobar un plan del menor, señaló que se está haciendo un diagnóstico con las universidades.

La diputada del PP Josefa Luzardo pidió a la consejera que garantice que ninguna familia con menores a su cargo está en lista de espera para percibir la Prestación Canaria de Inserción. Señaló además que los centros están sobreocupados, hay dificultades para realizar las intervenciones adecuadas y hay estrechez de recursos, de acuerdo con la fiscalía.

María del Río, de Podemos, dijo que hay que hacer un buen mapa de acogimiento residencial y familiar, porque "hay centros muy buenos y otros no tanto, y hay que saber cuales no son tan buenos para no renovar contratos con las entidades colaboradoras". Melodie Mendoza, de ASG, pidió dotar a los centros de más recursos materiales y personales. Alicia García, de CC, dijo que ante la llamada de atención de Unicef sobre 130.000 niños canarios en riesgo de exclusión es preciso una reacción común de todas las instituciones. María Teresa Cruz Oval, del PSOE, destacó que los menores en desamparo han pasado de 2.400 en 2009 a 1.358 en 2015.

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