El jurado declara culpable al acusado de asfixiar a una mujer en La Laguna

El procesado reconoció en el juicio ser el autor del homicidio de una amiga de su madre

10.05.2016 | 02:35
El procesado, G. M. González, ayer durante el juicio.

El jurado en el juicio por la muerte de E. Álvarez, vecina de La Laguna, el 1 de enero de 2013 en su vivienda de El Coromoto declaró ayer culpable del homicidio doloso al hijo de una amiga de la víctima, G. M. González. Los miembros del jurado consideraron probado por unanimidad que el autor confeso de los hechos acudió al domicilio de la mujer después de llamarla por teléfono. Una vez en su casa viendo que esta quería decirle a su abuela la adicción que él tenía a varias sustancias estupefacientes, González después de forcejar con ella le tapó la boca y la nariz y la asfixio hasta su muerte.

El jurado también consideró probado por unanimidad que la causa de la muerte de E. Álvarez fue la asfixia mecánica debido a la obstrucción de las vías aéreas por sofocación. Lo fundamentaron en la declaración de los peritos forenses que ratificaron en el juicio las conclusiones de su informe final. Los profesionales argumentaron que la causa de la muerte quedaba demostrada por las lesiones en los orificios nasales y los hematomas internos y externos que presentaba la víctima. Además, afirmaron en el juicio que el cerebro de la mujer tenía evidencias de haber sufrido falta de oxígeno.

Los peritos también determinaron que el ADN del procesado coincidía al 100% con el hallado en dos colillas encontradas en la vivienda de la víctima, así como con los restos genéticos que había bajo las uñas de la mujer, que presumiblemente llegaron allí cuando intentaba defenderse de la agresión.

En la sesión también intervino como único testigo un agente de la Policía Nacional que participó en la investigación de los hechos. Apuntó en su declaración que el cuerpo de E. Álvarez se encontró en una habitación cerrada con llave desde el exterior, tendida sobre la cama y con solo una zapatilla. La puerta de la entrada no estaba forzada por lo que la línea de investigación se centró en el entorno de la víctima. En la habitación contigua había cierto desorden y "varios cuadros torcidos" lo que hizo pensar a los investigadores que había tenido lugar un forcejeo.

En la primera y única sesión del juicio que se celebró ayer en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, G. H. González reconoció en su declaración haber acabado con la vida de E. Álvarez que en aquel momento tenía 60 años y manifestó estar arrepentido por su comportamiento.
El jurado también consideró probado que el procesado reconoció los hechos primero ante la Policía, en el momento de su detención, y ayer en la sala donde se celebró el juicio, por lo que le reconoció el atenuante por su confesión.

La Fiscalía lo tuvo en cuenta y por eso redujo la petición de 12 a 10 años de prisión para el procesado, la pena mínima prevista en el Código Penal para este tipo de delitos. Además, del pago de una indemnización de 120.000 euros a los familiares de la víctima en concepto de responsabilidad civil. Por su parte, la acusación particular se pronunció en los mismos términos respecto a la pena de prisión, pero elevó la indemnización hasta los 135.000 euros. El abogado de la defensa se mostró conforme con la rebaja de la pena de prisión hecha por el Ministerio Fiscal.

La representante del Ministerio Público manifestó en sus conclusiones que consideraba que con independencia de la confesión, "hay pruebas más que suficientes para condenarle". Argumentó que el procesado tenía intención de acabar con la vida de la mujer porque le tapó todos los orificios de respiración "y era consciente de que le podía causar la muerte como finalmente sucedió".

Por su parte, la acusación particular afirmó que González había confesado "en total libertad" y recalcó que si no hubiera sido por la eficacia de la Policía y los órganos judiciales "hoy posiblemente no estaríamos aquí". Con esta afirmación hacía referencia a que el procesado estuvo 20 meses sin realizar una confesión, algo que solo llevó a cabo cuando fue detenido por la Guardia Civil en La Gomera, donde residía.

El abogado de la defensa recalcó que aunque es cierto que su defendido fue quien causó la muerte de Álvarez fue el miedo que este tenía a que su familia se enterase de su adicción lo que le llevó a cometer el crimen. El letrado instó al jurado a pensar cómo se debió sentir el procesado durante el tiempo que estuvo en libertad después de haber cometido el homicidio y argumentó que González se sentía satisfecho de empezar a ajustar cuentas con la justicia.

El jurado también consideró en el objeto del veredicto que no era procedente que se le aplicara al procesado los beneficios de suspensión de la ejecución de la pena, además de no considerarlo candidato al indulto "por la gravedad de los hechos y porque puede sentar precedente para futuros casos similares".

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