La reforma sanitaria ha dejado sin atención a 800.000 inmigrantes desde 2012

Ayer se cumplieron cuatro años de la entrada en vigor del real decreto, diputados del PSOE y el PNV, protestaron ante las puertas del Congreso de los Diputados

21.04.2016 | 13:12
La reforma sanitaria ha dejado sin atención a 800.000 inmigrantes desde 2012

Los cuatro años de aplicación del real decreto de reforma sanitaria se han saldado, según datos del Ejecutivo, con la exclusión de la sanidad pública de unas 800.000 inmigrantes, cifra a la que asociaciones médicas y sociales suman a miles de ellos que, aún con derecho, se les niega la atención.

Sólo desde septiembre de 2014, la Red de Denuncia y Resistencia al Real Decreto de reforma sanitaria (Reder), integrada por 300 organizaciones, ha documentado más de 2.000 casos de sin papeles que han visto vulnerado su derecho a la salud, incluidos menores, embarazadas y personas que acudieron a los servicios de urgencia.

De estos casos, 541 se han producido desde agosto y entre ellos figuran 36 niños (145 desde enero de 2014), según datos de Reder que aglutina, entre otros, a Médicos del Mundo, la Sociedad Española de Medicina de Familia, la Federación de Asociaciones por la Sanidad Pública o Cesida.

"Y estos datos son sólo un botón de muestra", explica una portavoz de Reder, porque "nosotros llegamos adonde llegamos y no tenemos capacidad para conocer y documentar los numerosos casos de exclusión que se producen, por ejemplo, en el ámbito rural".

En 2012 el actual gobierno aprobó un real decreto de reforma sanitaria que, entre otras medidas, incluía la retirada de la tarjeta sanitaria a todas las personas que no estuviesen regularizadas, con la excepción de embarazadas, niños y urgencias. La norma contó con el rechazo de gran parte del ámbito sanitario, organizaciones sociales, organismos internacionales y de catorce de las diecisiete comunidades autónomas, que han ido aprobando algún tipo de medidas paliativas para contrarrestar sus efectos.

Ayer, el día en el que se cumplieron cuatro años de la entrada en vigor del real decreto, diputados del PSOE y el PNV, así como miembros de colectivos sociales, protestaron ante las puertas del Congreso de los Diputados, portando sus tarjetas sanitarias y denunciaron la "exclusión sanitaria" de cientos de miles de personas.

Las barreras administrativas y la falta de información son, según Reder, las causas de más de la mitad de las exclusiones, seguidas por la emisión de facturas por atención en los servicios de urgencia.

Y la mayoría de los casos se han producido en los centros de salud, hospitales y en las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social, aseguran. Los datos, recogidos por las organizaciones que integran la red, incluyen incumplimientos de la propia normativa, como demuestran, aseguran, los 36 casos de niños a quienes se les ha denegado la tarjeta sanitaria desde agosto, las 47 incidencias en urgencias -por negación de asistencia o por intento de cobro de ésta- y las 28 mujeres embarazadas que no han conseguido acceso a tratamiento o seguimiento de su gestación.

Alonso ve virtudes

Por su parte, el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, defendió ayer el real decreto que puso en marcha la reforma sanitaria hace cuatro años porque "está lleno de virtudes" y ha sido "decisivo en la sostenibilidad del sistema y para que no haya quebrado".

Alonso hizo hincapié en lo que ha posibilitado esa reforma: un ahorro, dijo, de 5.800 millones de euros en farmacia y la garantía de unas prestaciones básicas en el conjunto del sistema. "Es un real decreto que está lleno de virtudes, es muy importante, y abrió una posibilidad a cientos de miles de personas que habían estado excluidos de la asistencia sanitaria en España y que eran españoles", aseguró.

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