La mitad de los dependientes canarios con derecho a atención no la recibe

Este informe coloca a Canarias como la segunda peor comunidad autónoma de todo el país

26.02.2016 | 19:03
La mitad de los dependientes canarios con derecho a atención no la recibe

El 53,7 por ciento de las personas en situación de dependencia que residen en Canarias y tienen reconocido legalmente el derecho a algún tipo de atención no la recibe, según revela el último informe del Observatorio sobre la Dependencia, con datos a diciembre de 2015.

Este informe coloca a Canarias como la segunda peor comunidad autónoma de todo el país en desarrollo de la Ley de Dependencia, con una nota de 0,7 puntos sobre 10, por debajo de la cual solo se encuentra el cero asignado a la Comunidad Valenciana.

Canarias figura en ese documento como la comunidad que más dependientes tiene "en el limbo", es decir, con más personas que no reciben prestaciones a pesar de que ya se les ha reconocido el derecho a ellas (53,7 %, frente a una media del 32,6 %).

También es la comunidad autónoma con menos beneficiarios de la Ley de Dependencia en proporción a la población total que potencialmente podría ser atendida: un 3,42 por ciento, frente a un promedio en el resto de España del 7,15.

Asimismo, figura como la segunda región que menos dinero público gasta por persona potencialmente dependiente, con un promedio de 288,72 euros (frente a los 473,63 euros del resto del país).

Y, finalmente, las islas son la segunda comunidad donde menos crece cada año la población dependiente atendida, un 1,0 %, mientras que en el resto de España esa tasa es del 8,1 %.

En el conjunto del Estado, uno de cada tres dependientes reconocidos, 384.326 de 1,2 millones, no recibe prestación o servicio alguno, según el último dictamen del Observatorio de la Dependencia al cierre de 2015, que denuncia que más de 125.000 personas han muerto en los últimos cuatro años mientras esperaban recibirlas.

El informe evalúa la aplicación de la ley de Dependencia en cada comunidad autónoma y suspende a doce de ellas. Superan el examen con mejor nota Castilla y León (8,6) y Andalucía (7,5), seguido de País Vasco (6,8), La Rioja (6,1), Castilla-La Mancha (5,7) y Madrid (5,7), esta última aprueba por primera vez en esta escala que se realiza desde hace 9 años.

En España, hay 1.180.435 personas en situación de dependencia reconocida, un 2,5 por ciento de la población, con datos de 31 de diciembre de 2015, explica el observatorio.

El presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, ha cuantificado en 2.865 millones el recorte acumulado durante la última legislatura "considerando la supresión del nivel acordado, la reducción del nivel mínimo y la supresión de las cotizaciones de cuidadores familiares".

El informe calcula que la aportación de los usuarios o copago es de un 20 % sobre el total de gasto directo del sistema, superando a la aportación del Gobierno central.

"El gasto público se distribuye incumpliendo lo previsto en la ley, que establece una financiación al 50 % por parte de la Administración General del Estado y las comunidades autónomas", denuncia el observatorio, que señala que la realidad es que el 62 % lo aportan las CCAA, el 20 por ciento los usuarios y el 18 por ciento la administración central.

El dictamen señala que si se atendiera a las 384.326 personas que están en lista de espera se generarían más de 90.000 empleos directos, con un incremento del gasto público de 1.631 millones de euros al año.

En este sentido, recuerda que hay 182.000 empleos directos vinculados al Sistema de Atención de la Dependencia a finales de 2015.

"Es rentable cumplir la ley, además de un derecho", ha dicho Ramírez.

El informe alerta de que si no se reponen los recortes y se establece una financiación "seria" de la dependencia, que no dependa del Ministerio de Sanidad, "es previsible que haya algunas comunidades autónomas que no puedan recorrer el camino que les queda sin un cambio drástico de modelo de atenciones y una inyección financiera específica".

El dictamen del observatorio recoge la culminación del calendario progresivo de implantación de la Ley y recuerda que el sistema se encuentra en un momento "crucial", por lo que plantea la necesidad de un pacto de Estado "que replantee el modelo de financiación y sea debatido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera".

Respecto al acuerdo de gobierno del PSOE y Ciudadanos en materia de dependencia, Ramírez considera que es "tan inconcreto que no revela las verdaderas medidas que va aplicar".

"La nueva política debe ser de las personas, no puede ser que los temas sociales sean marginales y haya demasiadas inconcreciones y pocas cifras; hay que dar protagonismo a las políticas sociales y no valen solo las palabras", ha dicho el presidente del observatorio.

"Reponiendo los recortes de la dependencia atenderíamos a la lista de espera y generaríamos empleo", ha insistido Ramírez, quien ha opinado que "no es política de gasto social, sino de inversión social".

Las comunidades que suspenden, obtienen las siguientes calificaciones: Galicia 4,3, Asturias 3,6, Cataluña 3,6, Extremadura 3,6, Cantabria 3,2, Navarra 2,9, Murcia 2,9, Baleares 2,1, Aragón 2,1, Canarias 0,7 y Comunidad Valenciana 0.

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