Acusados de la Camorra dicen que sus negocios en Tenerife no eran de la mafia

La Audiencia Nacional celebra este lunes la cuarta jornada del juicio de veintiún supuestos miembros del clan de la "Nuvoletta"

22.02.2016 | 14:41

Tres acusados de pertenecer a la Camorra italiana han negado este lunes 22 de febrero en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional que su presencia en España fuera para blanquear dinero de la mafia y han asegurado que sus negocios inmobiliarios en Tenerife eran legales.

La Audiencia Nacional ha celebrado la cuarta jornada del juicio de veintiún supuestos miembros del clan de la Camorra "Nuvoletta", cada uno de los cuales se enfrenta a una petición de la Fiscalía de diez años de cárcel por asociación ilícita y blanqueo de capitales mediante actividades inmobiliarias y de hostelería en Canarias, donde supuestamente actuaban desde el final de la década de los 90.

Las inversiones de los clanes camorristas en las islas Canarias, fueron dirigidas, según los investigadores, por el ya fallecido Giuseppe Felaco.

Según los fiscales, en España el clan realizó a finales de la década de los 90 importantes inversiones inmobiliarias, entre ellas la construcción de un complejo turístico en Adeje (Tenerife), denominado Marina Palace, y estiman que por la venta de inmuebles de esta promoción los ingresos ascendieron a algo más de doce millones de euros.

La sesión de hoy ha comenzado con la declaración de Vicenzo P., que además de la petición de pena referida se enfrenta a otra de un año y nueve meses de prisión por tenencia ilícita de armas.

Vicenzo P. ha asegurado que en Tenerife vendía y alquilaba apartamentos pero ha asegurado que no fue él quien hizo gestiones con Felaco sino su socio en la inmobiliaria.

Ha explicado que los quince mil euros que le costó su participación del treinta por ciento en dicha inmobiliaria se los entregó su padre de sus ahorros y ha asegurado que él no cobró dinero de Felaco.

Respecto a la pistola que se le ocupó en su casa ha asegurado que la tenía porque se sentía amenazado por unas personas con las que había tenido unos negocios pero ha aclarado que nunca la usó y ha apostillado: "Me arrepiento de haber comprado esta maldita arma".

Seguidamente ha declarado Antonio S., quien ha recordado que fue a Tenerife por mediación de Guissepe Felaco, que era su primo, y que se encargó de ser el responsable de cinco hoteles de una cadena para temas de seguridad, mantenimiento y socorrismo, pero ha asegurado que no participó en sus negocios.

Otro de los acusados, Armando O., ha negado pertenecer al clan Nuvoletta y ha reconocido que participó en el proyecto de construcción de Marina Palace pero que salió del mismo cuando entró Felaco "porque no me llevaba bien con él".

Tras los interrogatorios del fiscal y de los abogados Armando O. ha pedido al presidente de la Sala, Félix Alfonso Guevara, decir algo, a lo que el magistrado le ha respondido: "Dentro de dos o tres años a este ritmo tendrá la última palabra", en referencia al derecho de los acusados a prestar una última declaración al final del juicio y al amplio calendario pendiente del mismo.

Dos de los principales acusados comparecen en este juicio por videoconferencia desde Italia.

En concreto desde la cárcel de Sassari, Giuseppe Polverino "O Barone", considerado uno de los principales capos de la Camorra en España y que tras haber sido arrestado en Jerez de la Frontera (Cádiz) en 2012 fue extraditado a Italia, donde cumple penas que suman sesenta años de prisión por delitos de asociación mafiosa y tráfico de drogas.

Por su parte Raffaeles Spasiano sigue la vista desde la sede de un tribunal de Nápoles, donde también cumple condena.

Precisamente, el retraso del traslado de Spasiano a la sede del tribunal napolitano ha provocado que el presidente de la Sala española, Félix Alfonso Guevara, haya advertido a las autoridades italianas de que está dispuesto a suspender el juicio si se repite esta circunstancia, después de que en jornadas anteriores se hayan producido situaciones similares.

El juicio seguirá mañana en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid).

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