La abuela Josefa carece de medios para la demolición de su vivienda irregular

El plazo judicial para el derribo de su casa expira el 28 de febrero P Josefa ingresó en la prisión de Tahíche por esta causa

01.02.2016 | 10:23
Josefa Hernández, la abuela de Fuerteventura, delante de su vivienda.

Josefa Hernández Góez, conocida popularmente como la abuela de Fuerteventura, no dispone de medios económicos para afrontar la demolición de su vivienda tras la condena del Juzgado de lo Penal número 2 de Arrecife, con sede en Puerto del Rosario. La vecina de Betancuria ha comunicado a la Justicia que carece de medios para llevar a cabo el derribo de parte de su vivienda que fue construida en el interior de un Parque Natural.

El plazo concedido por el Juzgado para llevar a cabo la demolición expira el próximo 28 de febrero. El Cabildo de Fuerteventura ya ha redactado el proyecto de derribo.

El abogado de Josefa Hernández, José de León, ha puesto en conocimiento de forma oficial al Juzgado que su clienta no recibe ningún tipo de prestación para poder afrontar la condena. Ante esta situación, el juez podrá requerir de oficio a una institución publica, bien el Ayuntamiento de Betancuria como al Cabildo de Fuerteventura, para que proceda al derribo del exceso de la vivienda de la abuela de Fuerteventura.

El origen de la situación que padece Josefa Hernández se remonta a 2007 cuando agentes del Seprona de la Guardia Civil denunciaron la realización de unas obras de ampliación de la vivienda familiar de Josefa en la zona de Campo Viejo. Las obras denunciadas consistían en dos construcciones: la primera de 20 metros cuadrados, mientras que la segunda de unos 70 metros cuadrados. La vecina de Betancuria llevó a cabo estas obras para poder acoger a tres de sus nietos y ofrecer garantías de habitabilidad a los hijos que residen con ella, entre los que destaca una hija que sufre una discapacidad del 39 por ciento.

La vista oral se celebró el 30 de marzo de 2012 y la juez condenó a Josefa Hernández como responsable de un delito contra la ordenación del territorio a seis meses de cárcel, multa y a proceder a la demolición de las obras ilegalmente construidas y a la reposición de la realidad física alterada.

La abuela de Fuerteventura ingresó en la prisión de Tahiche el pasado 24 de agosto en medio del rechazo social. Tres días más tarde, la Audiencia Provincial de Las Palmas revocó la decisión de la juez del caso, María Isabel Quintero Verdugo, de no conceder la suspensión de la condena en firme. La salida de Josefa de la celda se produjo un día antes que el Consejo de Ministro aprobara el indulto.

El arquitecto del Cabildo de Fuerteventura, Ignacio Castillo, ha redactado el proyecto de demolición de la parte afectada de la casa de Josefa.

El presidente de la Corporación insular, Marcial Morales, asegura que "el Ayuntamiento de Betancuria nos pidió colaboración interadministrativa porque no disponen de arquitecto. Nosotros hemos atendido esta petición y hemos procedido a redactar el proyecto".

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