Canarias propone la implantación de una tarjeta de acceso a los servicios sociales

El Gobierno incluye esta propuesta en el debate de la nueva ley canaria del sector

29.01.2016 | 10:19
La vicepresidenta del Gobierno de Canarias, Patricia Hernández, atiende a los medios antes del Consejo.

El Gobierno de Canarias inició ayer el trabajo para tener un documento borrador de la ley de servicios sociales antes del verano, según explicó la vicepresidenta del Ejecutivo y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Patricia Hernández, quien avanzó que entre las propuestas de la Administración se encuentra la puesta en marcha de una tarjeta sociosanitaria para todos los ciudadanos con la que centrar las prestaciones.

Hernández, quien presidió ayer la segunda reunión del Consejo General de Servicios Sociales durante esta legislatura, indicó que el objetivo de esta normativa es "blindar los derechos sociales para que no estén al amparo de la voluntad política". La vicepresidenta canaria defendió que "después de 30 años sin esta ley es momento de poner en hora la atención a los derechos sociales" ya que según argumentó "es uno de los pilares básicos del Estado de Bienestar".

Insistió la vicepresidenta canaria en que el objetivo del debate y la negociación de esta normativa, que deberá aprobar el Parlamento de Canarias, es garantizar el acceso de los ciudadanos a los servicios sociales. "Es necesario definir un itinerario en el que se establezcan las competencias que tiene cada usuario", señaló Patricia Hernández antes de incidir en que "es muy importante que se tenga claro que todos los ciudadanos tienen estos derechos y que todos son usuarios de los servicios sociales".

De ahí que el Ejecutivo regional proponga al Consejo la puesta en marcha de una tarjeta que tendrían carácter universal, aunque la vicepresidenta canaria puntualizó que "esto tenemos que hablarlo, vamos a consensuarlo con las instituciones y con el sector".
Precisamente, la consejera aseguró de que la intención de su departamento es que el borrador "sea participativo y consensuado".

Para ello, se constituirán hasta tres mesas de trabajo en las que "se abordará el documento que se les ha presentado a modo de esquema con las líneas estratégicas a seguir", informó la vicepresidenta, quien concretó que una de las comisiones estará compuesta por los colegios profesionales vinculados con la atención social, una segunda la formarán representantes de colectivos sociales y asociaciones y una última servirá para reunir a instituciones públicas.

Participación

Además, confió en recabar información de la ciudadanía en general y avanzó que "se habilitará una plataforma de participación a través de la web y de las nuevas tecnologías para que la población exprese también sus aportaciones". Preguntada acerca de los plazos, explicó que para esta primera fase de debate en las mesas, que serán convocadas por la propia Consejería, se espera un trabajo "de los próximos meses para tener al menos un borrador con la propuesta de articulado antes del próximo verano".

Patricia Hernández defendió la premura de la presente legislatura para arrancar esta normativa y recordó que se trata de una ley "por la que se lleva esperando 30 años". La vicepresidenta resaltó la importancia de que "todos somos usuarios de los servicios sociales, es un derecho subjetivo de los ciudadanos y de las ciudadanas, y esto es importante, no hay un colectivo que tenga derecho a los servicios sociales sino que es la población en general" e insistió en que ese derecho debe garantizarlo el propio Gobierno.

El Consejo General de Servicios Sociales es un órgano colegiado de carácter participativo y consultivo que está compuesto por la Fecai, Fecam, Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones vecinales y de lucha contra la pobreza y la exclusión socia, Colegios profesionales, sindicatos y organizaciones empresariales.

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