La ULL espera mejorar sus edificios con 600.000 euros prometidos por Educación

El rector y el Claustro coinciden en que los fondos del Gobierno son "insuficientes"

15.12.2015 | 02:00

El presupuesto de la Universidad de La Laguna (ULL) no gusta al Claustro de la institución. Tampoco al rector, Antonio Martinón, quien admitió ayer en sesión del órgano que las partidas del Gobierno son "insuficientes". "Así se lo hemos hecho saber de manera pública y privada a los responsables de la Consejería de Educación", señaló el dirigente universitario. De hecho, según explicó la gerente de la centro académico, Lidia Pereira, fruto de ese diálogo con la Administración pública, "el Ejecutivo se ha comprometido a destinar un crédito extraordinario de 600.000 euros para acometer mejoras en las infraestructuras".

Pereira lamentó que las cantidades aportadas en las cuentas autonómicas para la ULL no son suficientes para realizar obras, pero añadió que "hay previstas actuaciones para paliar este déficit". Así, citó la puesta en marcha de negociaciones con administraciones locales para ejecutar obras de mantenimiento a través de convenios de empleo, "de tal manera que los ayuntamientos abonen el personal y la Universidad el material". "A ello se suma el compromiso de la Dirección General de Universidades de aportar 600.000 euros para impermeabilización de cubiertas u otras actuaciones", señaló la gerente.

Además, recordó que el pasado verano la institución elaboró un análisis de las necesidades de sus campus y elaboró un plan de prioridades "con un montante total de entorno a 16,5 millones de euros, de los 5,3 están vinculados a la mejora de la accesibilidad". "El plan no tiene cronograma porque depende de los fondos y de momento no hay", lamentó Lidia Pereira.

Los fondos para obras fueron una parte del debate en el órgano tras la presentación por parte del Gobierno universitario de las cuentas para el próximo ejercicio. Al respecto, el rector indicó que los presupuestos para 2016 cuentan con una disminución de alrededor de un millón y medio de euros: "Debemos buscar recursos propios, y lo estamos haciendo, pero ha de quedar claro que el Gobierno de Canarias debe aportar la financiación básica e imprescindible para el funcionamiento de la institución", aseveró.

Tanto Martinón como la gerente informaron de que el Ejecutivo se ha comprometido a iniciar el próximo mes de enero una negociación para fijar un marco estable de negociación para el sistema de educación superior del Archipiélago. "Iremos de la mano con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria pero esto no quiere decir que tengamos los mismos criterios", avisó el regidor de la ULL.

En ese sentido, Martinón aclaró que la postura del centro es defender la aprobación en el Parlamento de Canarias de una ley de financiación "porque es la fórmula que ofrece más compromiso por parte de la sociedad" pero avanzó que "aún no está claro el modelo que quiere seguir el Gobierno".

En cualquier caso, alegó que para el próximo ejercicio económico la situación es de ajuste, situación que no ha gustado al Claustro. Mientras algunos colectivos cuestionaban la gestión continuísta respecto al equipo anterior, otros acusaron incluso un descenso en algunas de las partidas, entre las que destaca la destinada a ayudas al estudiante. De ahí que el órgano aprobara todas las propuestas de resolución formuladas por AMEC y que en su mayor parte giraron al aumento de las subvenciones al alumnado, como inscripción en colegios mayores, bonos de comedor o a especiales dificultades.

Además, entre las resoluciones propuestas por el grupo y aprobadas por el Claustro se encuentra la reducción del salario de alto cargo, es decir, la Gerencia. En concreto, el portavoz de Renovación Convergente, Justo Pérez, aseguró que la partida de cargos académicos ha aumentado y preguntó si se mantiene la limitación en el cobro del equipo de gobierno. "Se mantiene", afirmó Martinón.

El gasto en personal fue otra de las preocupaciones expresadas por los grupos claustrales, especialmente por el aumento del 1% previsto para abonar la paga extra adeudada por parte del Ejecutivo a los funcionarios y que, pese al incremento, debe salir en parte de las arcas universitarias.

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