Las asociaciones reclaman que se revise el sistema que valora el riesgo de agresión

La portavoz asegura que el caso de la tinerfeña Iris Francés cuestiona la eficacia de estos protocolos

31.10.2015 | 02:20
Un momento de la rueda de prensa convocada por el Foro contra la Violencia de Género.

El Foro contra la Violencia de Género reclamó ayer que se modifiquen los protocolos de valoración del riesgo de agresión hacia las víctimas de la violencia machista. La portavoz, Begoña Barras, destacó que se ha demostrado la "cuestionable eficacia de las valoraciones de riesgo" e hizo referencia al caso de Iris Francés, la última víctima de violencia machista en Canarias, que fue asesinada presuntamente por su expareja, después de que le hubiese denunciado en varias ocasiones.

Barras expresó que el caso de Iris es una nueva llamada de atención sobre como se está actuando desde las diferentes instituciones ante este tipo de violencia. "Ha muerto no solo por culpa del agresor, sino porque habiendo acudido a la administración pública para solicitar protección, esta le falló", argumentó.

Por eso, el Foro contra la Violencia de Género exige que se realice una investigación pormenorizada del desarrollo de este caso "y que el sistema responda por lo que ha fallado".

En la rueda de prensa celebrada ayer en la capital, el Foro Contra la Violencia de Género también reivindicó que se fomente la labor indagatoria de las fuerzas y cuerpos de seguridad en este tipo de denuncias. "En la mayoría de los casos, la policía solo recoge el testimonio de la víctima", aclara. Sin embargo, Barras opina que si se llevara a cabo una recogida de indicios por parte de la policía, las denuncias de estas mujeres tendrían más peso y se reduciría el número de las que son archivadas por falta indicios suficientes.

Barras también se posición rotundamente en contra de los argumentos que esgrimió el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para justificar la denegación de la orden de alejamiento a Iris Francés. Entre los factores que se enumeraron para justificar la decisión se afirmó que la medida de protección, porque su expareja trabajaba en una estación de servicio cercana a la vivienda de la víctima, lo que le habría hecho perder su empleo y como consecuencia no habría podido pagar la pensión de manutención de sus tres hijos. Para Barras estas declaraciones ponen de manifiesto que cuando se tiene que elegir entre proteger el derecho a la vida de una mujer y salvaguardar el derecho al trabajo del agresor "se escogió lo segundo". Además, aclara que la Administración debió haber destinado una prestación económica a los menores, en vez de permitir que su padre continuase trabajando en un lugar tan cercano a su exnovia.

Barras también hizo referencia al número de órdenes de protección que se deniegan en Canarias. Argumentó que el aumento de la negación de esta medida de protección para las víctimas tiene un trasfondo económico. "Hace años se concedían el 80% de las que se solicitaban", expone, mientras que a lo largo de este año se han denegado la mitad de las peticiones de protección solicitadas por las mujeres víctimas de violencia de género en la provincia, según los datos del Consejo General del Poder Judicial. "Las medidas de protección funcionan si se utilizan bien, muchas mujeres han salvado la vida gracias a ellas", opinó.

Barras quiso también llamar la atención sobre la proliferación que está teniendo el discurso de las denuncias falsas de violencia de género en la sociedad. "Se pone en tela de juicio a las mujeres que denuncian estas situaciones, cuando las acusaciones falsas solo suponen el 0,02% de los casos", argumentó.

El Foro contra la Violencia de Género reclamó además un aumento de los presupuestos destinados a luchar contra la violencia machista. Barras pidió a los políticos un compromiso que vaya más allá de los minutos de silencio y exigió que se concretara un aumento significativo de las partidas para este ámbito en los Presupuestos de 2016. Reconoció que la falta de medios, tanto económicos como humanos, hace que no sean del todo efectiva la legislación aprobada. "No se puede actuar en profundidad como manda la ley en parte por falta de medios", aclara.

Además, reclaman que exista una mayor especialización de los profesionales de la administración de justicia que atienden estos casos. "En Tenerife por ejemplo, estos casos son atendidos por juzgados mixtos, que no pueden tener la misma especialización", concretó. Además, reclamó que deberían los juzgados deberían contar con médicos y psicólogos forenses para hacer los peritajes. "Eso por ahora es una ficción y las mujeres tienen que esperar hasta un año para ser valoradas", explicó.

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