17 condenados por falsificar carnés y anular multas en la Jefatura de Tráfico

Las penas de prisión solicitadas por Anticorrupción se redujeron por dilaciones indebidas

22.10.2015 | 02:00

Diecisiete personas, entre ellas el jefe del Negociado de Sanciones y la jefa de la Sección de Conductores de la Jefatura Provincial de Tráfico de Santa Cruz de Tenerife y otros dos funcionarios, han sido condenadas a 36 años de prisión en total, 58.500 euros de multas e inhabilitación para el desempeño de cargo o empleo público de hasta 18 años por su implicación en una trama de falsificación de carnés de conducir y la anulación de multas de tráfico en la isla de Tenerife.

En el procedimiento judicial, que se ha dilatado durante más de cinco años, y que incluso su instrucción se llegó a interrumpir en 2012, se abrieron varias piezas separadas que han concluido con dos sentencias firmes –a las que ha tenido acceso la opinión de tenerife– después de que los acusados llegaran a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción por dilaciones indebidas no computables a los procesados. Además, un guardia civil, que aparece en la investigación e instrucción de este caso, no fue juzgado por este órgano jurisdiccional penal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, ya que debe ser un tribunal militar quien lo juzgue, según señalaron ayer fuentes jurídicas.

La trama se desarrolló en diferentes núcleos poblacionales del sur de la Isla, y en concreto en Playa San Juan, y entre las irregularidades que se investigaron estaban la falsificación de permisos de conducir a cambio de dinero y que se les dieron a personas que ni siquiera "sabían leer ni escribir" o se anulaban multas de tráfico o añadían recursos a los expedientes fuera de plazo para paralizar su ejecución.

Condenados

Entre los condenados por esta causa figura J. J. M. H., jefe del Negociado de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, que accedió a una pena de conformidad de cuatro años y tres meses de prisión, al abono de 10.000 euros de multa y 18 años de inhabilitación para cargo público o empleo público estatal, autonómico y local, por un delito continuado de cohecho y otro de falsedad en documento oficial.

La funcionaria M. J. P. O., jefa de la Sección de Conductores y máxima responsable de la concesión y canje de permisos de conducir extranjeros, ha sido condenada a dos años de prisión, 10.000 euros de multa e inhabilitación para el ejercicio de cargo público o empleo público durante 12 años.

A la funcionaria P. B. R. R., deberá cumplir dos años de prisión y abonar una multa de 5.000 euros. Asimismo se le impone la inhabilitación para el desempeño de cargo y empleo público por un periodo de siete años.

La funcionaria E. M. G. H., ha sido condenada a dos años de prisión, al pago de 5.000 euros de multa y 12 años de inhabilitación para el desempeño de cargo o empleo público. Otra funcionaria de la Jefatura Provincial de Tráfico, M. C. M. G., ha sido condenada a dos años y seis meses de prisión así como a la inhabilitación para el desempeño de cargo o empleo público durante 18 años.

H. A. V. G. ha sido condenado a dos años de prisión y una multa de 10.000 euros. Por su parte, J. L. C. ha sido condenado a dos años de prisión y una multa de 5.000 euros.

M. B. debe afrontar una pena de dos años de privación de libertad y una multa de 2.000 euros. Y, por último, T. D. R., también ha sido condenado a dos años de cárcel y abonar una multa de 1.000 euros.

En esta pieza separada, los letrados de las defensas llegaron a una sentencia de conformidad que aceptó al compartir los motivos también, la propia fiscal Anticorrupción, María Farnés Martínez, que admitió que en el procedimiento cabía aplicar "una atenuante muy cualificada para los procesados por dilaciones indebidas", después de que en 2012 se paralizara la instrucción, sin que dicha circunstancia pueda achacarse a los acusados.

Pata de jamón

En una segunda pieza separada se juzgaron a las personas que obtuvieron o pretendieron obtener ilícitamente los permisos de conducir o la anulación de multas por infracciones de tráfico a cambio de diversas cantidades de dinero e incluso a cambio de una pata de jamón. Así, L. M. P., entregó una pata de jamón para que uno de los funcionarios paralizara dos expedientes sancionadores que le fueron impuestos por sobrepasar la tasa de alcoholemia permitida. De esta manera el funcionario registró en el programa informático Teleproceso, que utiliza la Jefatura de Tráfico, el estado "Recurso presentado", cuestión que era incierta, pero que logró paralizar la tramitación automatizada del expediente pasando al proceso de recomposición manual. Sin embargo, al no localizarse físicamente los recursos que se hacían constar en el programa informático, se paralizó de facto el expediente. L. M. P. ha sido condenada a dos años de prisión y al pago de una multa de 150 euros.

Otro de los acusados, J. A. M. D., ante la imposibilidad de obtener el permiso de conducir, pues no sabía ni leer ni escribir, contactó con funcionarios que le facilitaron un permiso de conducir expedido en Venezuela. Posteriormente, él mismo debía entregarlo a funcionarios de Tráfico para que éstos que conocían las circunstancias de su adquisición, expidieran el permiso de circulación español. El acusado, a cambio del permiso de circulación de Venezuela y su canje por el español abonó la cantidad de 6.000 euros, dinero que se repartieron entre los funcionarios que colaboraron en el ilícito. No obstante, no llegó a tramitarse el canje al tener conocimiento de la existencia de una investigación policial. Fue condenado a dos años de prisión y al pago de una multa de 6.000 euros.

Tanto R. E. H. como M. O., ambos naturales de Marruecos, contactaron con funcionarios de la Jefatura de Tráfico para canjear de manera irregular sus permisos de conducir expedidos en su país. Para obtener dichos carnés, el primero de ellos abonó 1.050 euros, mientras que el segundo pagó 500 euros. En el primer caso, los funcionarios omitieron copiar el reverso de la tarjeta de residencia donde figura que la tarjeta es permanente y pondría de relieve que la concesión del canje se hizo sin cumplirse los requisitos legales. En el segundo caso no guardaron la copia del carné marroquí.

Ambos fueron condenados a dos años de prisión y al abono de 1.050 y 500 euros de multa respectivamente.
El resto de los condenados son J. L. A. con dos años de prisión y 100 euros de multa; J. L. G., dos años de prisión y 1.000 euros de multa; C. M. T., a dos años de cárcel y 100 euros de multa; y M. R. H. S. a dos años de prisión y 1.600 euros de multa.

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