Interior discriminó a un español con un cónyuge extracomunitario

Un juez tinerfeño advierte de la ilegalidad al Gobierno, que exigía la solvencia económica de la pareja para concederle la nacionalidad

16.10.2015 | 11:24
Interior discriminó a un español con un cónyuge extracomunitario

Nuevo varapalo judicial para la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife. Esta última ha sido la sentencia impuesta por un magistrado del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santa Cruz de Tenerife, que resuelve el recurso presentado por Lilia C. G. A. interpuesto contra la resolución de la Subdelegación del Gobierno de 26 de agosto de 2014, que desestimaba el recurso de alzada interpuesto el 25 de abril de 2014, denegatoria de la solicitud de tarjeta de residencia permanente de familiar de ciudadano de la Unión Europea (UE). Así, el juez advierte al Gobierno de que discriminaba ilegalmente a los españoles casados con cónyuges extracomunitarios al exigirles que acrediten medios económicos suficientes para conceder a su pareja el permiso de residencia, porque ese requisito no está en las normas de regularización.

En su demanda, la perjudicada –que está casada con un español– solicitaba al juzgado que revocara la resolución recurrida por no ser conforme a derecho, declarando la nulidad de la misma, así como reconocer el derecho de la recurrente a que le sea concedida la residencia permanente, y solicitó condenar a la Administración a expedir la tarjeta de residencia, así como las costas "dada su temeridad y mala fe".

El magistrado estimó el recurso en su totalidad y observa el derecho de Lilia C. G. A. a obtener la autorización de residencia permanente solicitada sin necesidad de cumplir más condiciones, porque considera que la orden ministerial de 2012 que regula cómo debe aplicarse el Real Decreto sobre Libre Circulación de Residentes Comunitarios es "antijurídico". Ese decreto, de 2007, regula los "derechos de entrada y salida, libre circulación, estancia, residencia, residencia de carácter permanente y trabajo en España por parte de los ciudadanos de otros estados miembros de la UE y de los restantes estados parte en el acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo". Y establece que, si esos ciudadanos están casados con nacionales de otro país ajeno a la UE, sus cónyuges necesitan acreditar que tienen medios económicos y un seguro médico para que se les conceda el permiso de residencia.

El juez Evaristo González González observa que la orden ministerial de 2012 aplica esos mismos requisitos del real decreto a los españoles que pidan permiso de residencia en España para su cónyuge extranjero. La sentencia defiende que, en España, a los españoles se les aplica la legislación española, no la comunitaria, por lo que exigir a sus parejas extracomunitarias requisitos especiales para conseguir la residencia permanente supone "una distinción infundada y discriminatoria".

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