Apertura del año judicial

Doreste exige rapidez y prudencia a los jueces para evitar la pena de banquillo

"La gran mayoría de los políticos no son corruptos", afirma el presidente del TSJC

25.09.2015 | 13:39
Mesa presidencial del acto celebrado ayer en Las Palmas.

Más "rapidez" y "prudencia" en las causas contra la corrupción política o aquellas de especial complejidad. Esa es la receta del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Doreste, para evitar la "pena de banquillo" asociada a fiascos como el caso Icfem, según destacó ayer el magistrado durante la apertura del año judicial celebrada en la sede del Palacio de Justicia de la Plaza de San Agustín , en Vegueta.

Doreste se refirió de manera indirecta al caso Icfem, es decir, sin citarlo, pero dio pistas. Dijo que duró 17 años y al final todos los acusados, que eran altos cargos vinculados al área de Empleo del Gobierno de Canarias, resultaron absueltos. Por eso, para evitar ese "daño de imagen", reclamó a sus colegas prudencia y rapidez en la instrucción penal.

Y es que para el presidente del TSJC "la gran mayoría de los políticos no son corruptos". Es más, en España, según dijo, "no hay un nivel mayor de corrupción que en época pasadas", sino que se habla más de este fenómeno por el papel que juegan los medios de comunicación, más propensos a detectarlo y denunciarlo. En ese sentido alabó la independencia de los jueces, de los fiscales y hasta de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Y como ejemplo de esa rapidez puso a la propia Sala de lo Civil y de lo Penal que preside, la cual, el año pasado, recibió nueve querellas contra jueces y fiscales, de las que sólo se admitió una a trámite, aunque finalmente fue archivada. Iba contra el magistrado César Romero Pamparacuatro y estaba relacionada con la demora en una investigación que afectaba a Fernando Clavijo, quien, ironías del destino, asistió ayer a la ceremonia judicial como presidente del Gobierno de Canarias. Entonces, cuando la querella, tanto sólo era candidato y alcalde La Laguna.

También asistió la presidenta del Parlamento de Canarias, Carolina Darias San Sebastián; la secretaria de Estado del Ministerio de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés, el secretario general del mismo Ministerio, Antonio Dorado Picón; el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Aarón Afonso González, y la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Lourdes Quesada Díaz, entre otras autoridades civiles y militares. Faltó, por que aún no hay nombramiento, el viceconsejero de Justicia, algo inusual a estas alturas del curso judicial (Pedro Herrera dejó ese cargo el pasado lunes para recuperar su plaza de magistrado en la Audiencia de Las Palmas).

Y más o menos ahí cesaron los guiños políticos, porque el presidente del TSJC también hizo autocrítica. Lamentó, por ejemplo, el retraso en las ejecuciones de las sentencias, pues esa demora no se refleja en las estadísticas y afecta de manera directa al ciudadano que busca justicia.

Esas estadísticas apuntan a una mejoría "pequeña" en el funcionamiento de los órganos judiciales isleños, ya que en 2014 han descendido las tasas de resolución (1,2 %), de pendencia (9,5 %) y de congestión (2 %), según reveló Doreste en su discurso.

Asimismo criticó los cambios legislativos porque no van acompañados de más medios judiciales, lo cual, a la larga, sobrecarga de trabajo los juzgados. En ese sentido destacó la labor de los jueces de adscripción territorial, que el año pasado sirvieron de apoyo en 20 órganos judiciales para aliviar esa sobrecarga laboral.

Doreste recordó al Gobierno de Canarias la necesidad de dotar a Santa Cruz de Tenerife con un nuevo Palacio Judicial, en la línea de los esfuerzos inversores realizados en la capital grancanaria y en La Laguna (Tenerife), que han estrenado los dos últimos edificios judiciales construidos en la comunidad autónoma. En Fuerteventura también urgen mejoras.

El fiscal Superior de Canarias, Vicente Garrido, destacó en su discurso la falta de medios, incluso criticó con dureza la "escasez de funcionarios" en la Fiscalía, donde el número asociado a cada representante del ministerio público es del 0,80 %, cuando la media en la Unión Europea (UE) está en el 14 %. Luego insistió en una vieja reclamación, "autonomía presupuestaria y facultad de gestión", pues su institución no disfruta de una partida presupuestaria diferenciada a la destinada al funcionamiento de los órganos judiciales.
Menos procedimientos

Sin embargo, a pesar de esa falta de recursos, Garrido elogió la labor de sus fiscales, que calificó de "encomiable" a tenor de los resultados obtenidos en la Memoria la Fiscalía de Canarias de 2014. Esos datos arrojan 262.254 nuevos procedimientos penales, 1.900 menos que el año anterior. En concreto, 141.119 de esos procesos se abrieron en Las Palmas y 121.135 en Santa Cruz de Tenerife. Asimismo asistieron a 25.000 juicios con un 8,3,8 % de sentencias condenatorias conforme a las peticiones del ministerio público.

Garrido también cuestionó el modelo actual de instrucción penal, que tachó de "agotado" y "excesivamente burocratizado", pues "no ofrece una respuesta eficaz y eficiente" frente a fenómenos delictivos complejos, como la corrupción o la criminalidad organizada del tráfico de drogas, la trata de seres humanos y delincuencia económica o informática. Por eso considera que la flexibilidad de la Fiscalía, unida a equipos de investigación coordinados con capacidad actuar en diferentes territorios, permitiría ofrecer una respuesta "más ágil y eficaz" frente a estos fenómenos delictivos.

Garrido, que siguió la línea de la Fiscalía General del Estado en la apertura del año judicial en Madrid, tachó de "fenómeno perturbador" la presión mediática que se ejerce en los fiscales y jueces de determinadas investigaciones, pero advirtió que "nada" les hará actuar con una finalidad distinta de la ley.

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