Entra en vigor una ley que protege más a los menores de los delincuentes sexuales

Las empresas y representantes de sociedades que tengan relación con niños están obligadas a exigir a sus empleados un certificado negativo de antecedentes penales

22.09.2015 | 02:00

Los condenados por pederastia no podrán trabajar el resto de sus vidas en trabajos relacionados con niños y, a su vez, los empresarios y representantes de sociedades que ejerzan cualquier tipo de actividad relacionada están obligados a pedir el certificado negativo de antecedentes penales, tal y como marca una nueva ley, según destaca el portavoz del Frente Cívico contra la Pederastia, Abel Román Hamid.
La idea del Ejecutivo central es reducir en la medida de lo posible la cifra de 3.364 menores que fueron víctimas de abusos sexuales en 2013, el último dato recogido en las estadísticas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Precisamente, el responsable de este departamento ministerial, Alfonso Alonso, ha convocado hoy una reunión con los representantes de los departamentos de menores de las comunidades autónomas para tratar este asunto y cómo adaptar el Registro Central de Antecedentes Penales en un sistema común para las comunidades autónomas para inscribir en él a los pederastas con sentencias en firme, según señaló ayer a la opinión de tenerife el director general de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno de Canarias, Mauricio Aurelio Roque.

El pasado 18 de agosto entró en vigor la Ley 26/2015 –que fue defendida por el senador tinerfeño del PP, Antonio Alarcó–, de Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y la Adolescencia, que entre diferentes cuestiones de protección "viene a regular una de las viejas reivindicaciones del Frente Cívico contra la Pederastia", afirma Román Hamid, como es el establecimiento como requisito sine qua non para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen un contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito relacionado contra la libertad e indemnidad sexual de menores.

A estos efectos, el nuevo marco jurídico establece que "quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta circunstancia al empleador mediante la aportación de una certificación negativa que deberá expedir el Registro Central de delincuentes sexuales que, hasta que entre en funcionamiento, será emitida por el Registro Central de Antecedentes Penales.

En este sentido, hay que resaltar de esta normativa la vigente obligación legal de los empresarios, representantes de sociedades, responsables de la administración pública, incluso representantes sindicales., de verificar la ausencia de antecedentes penales específicos a la hora de contratar a nuevo personal para este tipo de trabajos relacionados con los menores de edad, pudiendo en caso contrario generar responsabilidades de distinto tipo para aquellos que hayan hecho dejación de esta obligación como fija la nueva legislación, empezando por las de ámbito civil (indemnizaciones por daños y perjuicios) y disciplinarias según sea la gravedad de cada caso, que se pudieran derivar en el supuesto posterior de la comisión de un delito de esta naturaleza por el empleado, así como también pudiendo llegar (dependiendo de las circunstancias, intencionalidad, grado de conocimiento previo, entre otras cuestiones), a responsabilidades en el ámbito penal para el empleador.

Desde el Frente Cívico contra la Pederastia, confían que "el grado de cumplimiento de este mandato legal sea firme y completo por parte de los obligados a ello, así como sea exigido y comprobado mediante las inspecciones oportunas por las administraciones públicas competentes, ya que está en juego el bien más importante a proteger, como es la seguridad e indemnidad de los menores de edad", reiteró a este periódico el portavoz de esta organización.
Sindicatos
En referencia a los sindicatos de trabajadores, el representante del Frente Cívico subrayó que "su deber y obligación es defender a sus trabajadores en temas relacionados con los derechos laborales, no para defender delitos penales como la pederastia". Los sindicatos no deben caer en el error y la indignidad de que por corporativismo, apoyen y defiendan a delincuentes que atentan contra la salud física, emocional y mental de nuestros niños". En este sentido, Román Hamid señaló que la organización a la que representa hará "un memorándum para que los sindicatos, que así lo estimen, lo asuman y apoyen".

Asimismo señaló, respecto a la Consejería de Educación del Gobierno canario, el mayor contratador de trabajadores relacionados con niños, "que cumplan con esta ley y organice un protocolo de actuación para impedir la entrada de pederastas en sus aulas y apartar a los pederastas que pudieran haber dentro de las filas de los trabajadores educativos".

Por su parte, Mauricio Aurelio Roque señaló ayer que "el certificado negativo de antecedentes penales será requisito para el acceso de las profesiones, oficios y actividades que implique un contacto habitual con menores, lo que implica a quienes vayan a ser contratados en próximas fechas como aquellos que ya estén ejerciendo una actividad, sea profesional o no".

"La ley trata en definitiva garantizar el derecho fundamental del menor a su integridad y a su desarrollo pleno, pero la ley además trata de satisfacer también las necesidades básicas de los menores en los distintos contextos o entornos en los que transcurre su vida". "Este marco jurídico coloca al menor en el centro de las decisiones que le afectan, por lo que el menor será sujeto activo e interactivo de todas las cuestiones que le afecten, participando en todos los procesos conforme a su madurez, explicándole las situaciones en un lenguaje claro y sencillo". "Pero esta ley va mucho más allá, y es uno de los aspectos en los que más incide el Ejecutivo, que es la preparación de los menores para la vida independiente, prevaleciendo la orientación educativa antes que la inserción laboral", afirmó Roque quien avanzó que hoy se reúne con el ministro Alonso para tratar, con el resto de comunidades autónomas, sobre las leyes de modificación del sistema de protección a la infancia y Adolescencia.

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