Trasladado a un centro de adultos el maestro que cometió abusos sexuales

Educación impide que empiece a impartir clase hoy en el colegio Juan XXIII, en La Palma

09.09.2015 | 02:20

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha decidido trasladar a un centro de adultos al docente condenado por abusos sexuales a menores que se había incorporado al colegio Juan XXIII de Tazacorte, en La Palma, a principios de este curso. Aunque no se ha especificado si este traslado será de forma temporal o indefinida, la Consejería ha asegurado que este docente no comenzará a impartir clase hoy a menores en este centro.

El maestro de música, Marcos Lorenzo Afonso, fue condenado en firme en el año 2013 por un delito de abusos sexuales a menores. Fue en ese momento cuando la Consejería lo apartó de forma cautelar de su puesto de trabajo y le abrió un expediente disciplinar. Por este motivo, el docente fue trasladado a un centro de Educación de Personas Adultas ubicado en Gran Canaria, donde ha permanecido durante estos últimos dos años.

Sin embargo, tal y como afirmaron fuentes del colegio a la opinión de tenerife, a principios de este mes habiéndose cumplido la sanción impuesta, el docente se incorporó al colegio Juan XXIII, donde tiene asignada su plaza fija. Ante la alarma social generada en la Isla por la incorporación de este maestro a las aulas, la Consejería de Educación ha decidido que seguirá ejerciendo en un centro para adultos al menos durante este año académico.

El docente pudo volver a reincorporarse debido a que en la sentencia emitida por el Juzgado de lo Penal número 7 de Santa Cruz de Tenerife, con sede en La Palma, no se incluía la inhabilitación del condenado. Además, los hechos por los que fue denunciado en 2010 no se cometieron en el centro educativo sino en el entorno de la Coral Awara, de la que era director. Este es otro de los motivos por el que la Consejería manifestó en su momento que no ha podido cesarlo de manera definitiva de su puesto de trabajo.

El regreso de este docente al colegio Juan XXIII había provocado cierta alarma entre los padres de los alumnos del centro, ya que se trata de un colegio en el que se da clase a menores entre los tres y los 14 años. Fuentes de la dirección han afirmado a la opinión de tenerife que la llegada de este profesor había provocado cierto malestar entre la plantilla docente.

El centro educativo se veía atado de manos ante la incorporación de este profesor, ya que por si mismo no puede tomar ninguna medida adicional para proteger a los menores. "Tenemos que acogerlo con normalidad, la que tiene potestad para cambiar la situación es la Consejería", manifestaron.

Además, estas mismas fuentes aseguran que se trata de un tema que daña la imagen del centro y que perjudica su reputación. Sin embargo, el colegio quiere tranquilizar a los padres, ya que mantienen que tienen un equipo de profesores muy bueno impartiendo clase.

El traslado a un centro de educación para adultos era una de las opciones que barajaba la presidenta de la Federación de Padres y Madres de La Palma, Natalia García, quien sugirió recientemente que ante la imposibilidad de apartarlo de forma permanente de su plaza, se le permitiera dar clase en un centro para adultos o se le asignasen tareas administrativas.

Se trata de un caso del que los representantes sindicales no conocen precedentes, ya que las condenas por delitos de abusos sexuales a menores suelen incluir un impedimento para que el acusado continúe trabajando y relacionándose con niños.

El presidente de ANPE-Canarias, Pedro Crespo, argumentó ayer que la Consejería de Educación no puede apartar de forma definitiva a un docente "a no ser que se cometa un acto muy grave o de forma reincidente". De tal manera, como los delitos por los que fue condenado el profesor palmero no se cometieron dentro del aula, ni se incluye en la sentencia una orden de inhabilitación, este representante de los trabajadores cree muy difícil que la administración consiga apartarlo de forma definitiva. "Sin embargo, considero que para un delito de tal gravedad no se debería producir la incorporación, pero si ha cumplido su condena se supone que el fin es reinsertarlo en la sociedad", añadió.

El representante de STEC-IC, Gerardo Rodríguez, se mostró ayer de acuerdo con la decisión tomada por la Consejería y afirmó que reubicar a este docente es la mejor decisión que se podría haber tomado.

Tal y como apuntó Rodríguez, "la Consejería debe salvaguardar el derecho de los alumnos a recibir una educación en condiciones normales". El portavoz de este sindicato apuntó que el traslado también debería efectuarse para salvaguardar la integridad física del docente, "ya que debido a la tensa situación pueden producirse agresiones". Sin embargo, apuntó que si la sentencia no lo inhabilita para seguir desarrollando su profesión, "deberá seguir haciéndolo en un lugar o en otro, porque la Consejería no puede estar por encima de los Tribunales".

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook
Enlaces recomendados: Premios Cine