Los trabajadores sociales reclaman que se agilice el cobro de la PCI

El coletivo advierte de que hay ciudadanos en situación de emergencia social y pide al Gobierno que responda con urgencia

19.08.2015 | 02:00

Los colegios de Trabajo Social de las dos provincias del Archipiélago exigieron ayer al Gobierno de Canarias que responda "de forma urgente" a las familias que aún no han cobrado la Prestación Canaria de Inserción (PCI), y advierten de que hay ciudadanos en situación de emergencia social.

En un comunicado conjunto los colegios de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas expresan su preocupación por la situación de vulnerabilidad y exclusión social de miles de canarios, y solicitan al Gobierno regional que tome medidas directas y urgentes para agilizar el cobro de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) y el acceso a las prestaciones y recursos de la Ley de Dependencia. Los trabajadores sociales valoran las declaraciones de los nuevos responsables de las políticas sociales de la Comunidad Autónoma pero también reiteran su preocupación por el hecho de que las condiciones socioeconómicas de la población "no han visto ninguna mejora sustancial en los últimos meses".

"Esta realidad nos la transmiten los trabajadores sociales que ejercen su trabajo en los servicios sociales de diferentes instituciones y en las ONGs que trabajan con las personas que sufren situaciones de precariedad y vulnerabilidad social", afirman.

Añaden que todavía existen muchas familias que siendo posibles perceptoras de la PCI y con una valoración de sus expedientes por parte de la Dirección General de Bienestar Social no han recibido la misma por haberse agotado la partida presupuestaria, hecho que ya fue denunciado en el primer trimestre del año por ambos colegios.

También lo indicaron en noviembre del pasado año cuando salieron a la luz los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma aprobados por los mismos partidos que han firmado el nuevo pacto autonómico y recuerdan que la Prestación Canaria de Inserción es para muchas familias la única posibilidad de ingresos.

Asimismo valoran que la viceconsejera de Políticas Sociales y Vivienda, Isabel Mena, haya denunciado el intento de "maquillar" los datos de la aplicación de la Ley de Dependencia por parte de los anteriores responsables de ese departamento y respaldan su decisión de realizar una investigación "de esos graves hechos".

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