Zenobia, en libertad al creer el jurado que su bebé murió por una imprudencia

El tribunal popular avaló suspender su pena y la declaró inocente de asesinato

04.07.2015 | 02:47
La acusada sonríe tras explicarle su abogado la decisión del veredicto.

Los miembros del jurado en el juicio a María Zenobia L. M., que se ha celebrado a lo largo de los tres últimos días en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, declararon ayer que la procesada es inocente del delito de asesinato del que la acusaba la Fiscalía. El Ministerio Público la consideró responsable de la muerte por asfixia de su bebé nada más nacer, el cual metió en unas bolsas y lo tiró a un contenedor de basura el 23 de agosto de 2013. El jurado también se mostró favorable por unanimidad de suspender la condena a la acusada y de la concesión del indulto. No obstante, el tribunal popular considera que sí es responsable de un delito de homicidio por imprudencia con la atenuante de padecer un retraso mental.

La procesada llevaba en prisión provisional desde el 30 de agosto de 2013 y ante la decisión del tribunal popular, el magistrado presidente Ángel Llorente decretó su puesta en libertad en el acto. No obstante, el juez debe ahora dictar una sentencia condenatoria por dicho delito de homicidio por imprudencia y que, según el Código Penal, sitúa la privación de libertad entre uno y cuatro años. En el caso de que se imponga el máximo establecido, la procesada ya habría cumplido casi la mitad de la condena.

En este sentido, el jurado declaró probado que la acusada, sobre las 14:45 horas del 23 de agosto de 2013, cuando se encontraba trabajando como asistenta en la casa de una mujer de avanzada edad en el municipio de La Orotava, sintió dolores de parto, se dirigió al baño, se sentó en la taza del váter y dio a luz a un niño que nació vivo y que cayó dentro del inodoro. El bebé murió por asfixia por causas que los peritos forenses no han podido determinar. "Aunque la acusada no tenía la intención de acabar con la vida de su hijo, no actuó con la debida diligencia al sentarse en el váter para dar a luz. Debió prever que el niño, al nacer en estas circunstancias, podía morir o que al agarrarlo para sacarlo del retrete lo pudiera asfixiar accidentalmente. En caso de que hubiera actuado de otra manera y con mayor cuidado en el momento del parto, muy posiblemente no se hubiera producido el fallecimiento del bebé".

En su deliberación, los miembros del tribunal popular tuvieron en consideración que la acusada "no sabía que estaba embarazada, no hay pruebas que demuestren lo contrario", y los médicos forenses que realizaron la autopsia al cadáver del neonato "no aportaron datos fehacientes de la causa que produjera la asfixia mecánica y por consiguiente la muerte intencionada del bebé", como alude el Ministerio Fiscal ya que "no hay pruebas que acrediten que la imputada cerrase los orificios respiratorios del recién nacido bien tapándole la nariz y boca o bien presionándole levemente el lado izquierdo del cuello". Añaden los miembros del jurado que "todo ello por reiteradas manifestaciones de los médicos forenses".

El tribunal popular también consideró acreditado que la acusada tiene un retraso mental que reducía su capacidad para comprender la situación en la que se encontraba y actuar de un modo razonable en el momento de los hechos, ya que "a pesar de las pruebas psicométricas realizadas por los psicólogos forenses situaban la edad de la acusada en 6,9 años, las entrevistas posteriores con los mismos profesionales evidenciaron que ese coeficiente no se relacionaba con la realidad y que posee habilidades diversas que le permiten desenvolverse de forma autónoma en el plano familiar, social y laboral y, a mayor abundamiento en el plano profesional donde es capaz de asumir la responsabilidad de cuidar a una persona mayor".

Asimismo declararon probado por unanimidad que la acusada "colaboró con la Guardia Civil y reconoció el hecho una vez detenida. Los guardias civiles han referido que la imputada colaboró con la investigación y facilitó una muestra biológica para extraer su ADN y autorizó su reconocimiento médico".

Al término de la lectura del veredicto, realizada por la portavoz del jurado, el magistrado reconoció que "con independencia de que cuando se imponga la sentencia, se recurra o no, me parece que ha sido un veredicto justo".

La fiscal, que había solicitado desde al principio del proceso una pena de 20 años de prisión, tras oír el veredicto, interesó una condena de cuatro años de prisión, el máximo previsto para el delito de homicidio por imprudencia grave. Asimismo, dejó entrever en su informe final que será más que probable que recurra la sentencia.

La representante del Ministerio Público solicitó también que se impusiera a la procesada la prohibición de residir en el municipio en el que sucedieron los hechos durante los cinco años posteriores al cumplimiento de la pena de privación de libertad. La fiscal anunció que presentará también un informe de oposición a que se le suspenda la condena así como que se pueda solicitar el indulto.

El letrado de la defensa solo manifestó su conformidad con el pronunciamiento del jurado y se adhirió a todas sus conclusiones.

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