Colectivos sociales isleños claman contra la 'Ley Mordaza'

Un centenar de personas se une en Tenerife a la movilización que protesta por la reforma del Código Penal que entra hoy en vigor

01.07.2015 | 13:35
Decenas de manifestantes concentrados ayer ante la Subdelegación del Gobierno.

Varias organizaciones sociales se manifestaron ayer frente a la Subdelegación del Gobierno en Tenerife para protestar por la entrada en vigor de la conocida como Ley Mordaza, que endurece las sanciones por manifestarse sin permiso, perturbar el orden en actos públicos o impedir los desahucios ordenados por los jueces, entre otras acciones.

Los colectivos denuncian con la Ley de Seguridad Ciudadana el Gobierno estatal quiere convertir la lucha social en un delito. Con mordazas, pancartas y megáfonos, alrededor de un centenar de personas protestaron ayer en la capital tinerfeña contra esta normativa.

A partir de hoy impedir un desahucio, alterar gravemente el orden público en instituciones, ocupar entidades bancarias o acampar en lugares públicos estará penado con una sanción que puede oscilar entre los 100 y los 600.000 euros.

Joan Blasco, portavoz de la Confederación General del Trabajo (CGT), argumentó que se trata de una ley hecha a medida para evitar muchos actos reivindicativos. "La gente que estamos en la calle luchando no estamos de acuerdo , pero tampoco lo está la Comunidad Económica Europea ni los Tribunales", señaló.

Blasco argumentó que el Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy se está anticipando con esta normativa, "porque ya saben lo que va a pasar, ya vemos lo que está sucediendo en Grecia y nosotros también vamos a tener que salir a la calle".

Una de las medidas más criticadas es la despenalización de la gran mayoría de las faltas que se convierten en sanciones administrativas. El problema de esta medida es que "transforman a los agentes en jueces", criticó Domingo López, porque serán ellos los que propongan las sanciones, sin pasar por el juzgado.

La normativa ha sido rechazada por todos los grupos de la oposición en el Congreso de los Diputados y por la gran mayoría de las organizaciones sociales a nivel nacional. Además, varios grupos parlamentarios han recurrido la ley ante el Tribunal Constitucional, ya que consideran que vulnera algunos de los derechos recogidos en la Carta Magna.

Sin embargo, apenas un centenar de personas se congregaron ayer frente a la Subdelegación del Gobierno en la capital. Poco numerosas fueron también las concentraciones celebradas en otros puntos de España. La coordinadora en Canarias de la Agrupación Electoral Recortes Cero, María Angustias Rodríguez, achacó esta falta de afluencia a que hay muchos frentes abiertos ahora mismo por los que luchar. "A la gente sí le interesa y tienen ganas de luchar, pero tenemos demasiado focos y no se pueden ir a manifestar todos los días", opinó.

Esta activista apuntó además que con esta normativa se pretende eliminar derechos por los que la ciudadanía ha luchado durante mucho tiempo. "Es una regresión para volver a ser un estado dictatorial y represivo", denunció.

"Cuando la injusticia se hace ley, la rebeldía es una obligación". Estas eran las palabras que exhibía la pancarta portada por varios integrantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Su portavoz, Elvira García, aseguró que el colectivo se manifiesta contra esta normativa porque afecta directamente a las formas de protesta que ha llevado a cabo la plataforma durante toda su andadura. "Nos impide protestar como lo veníamos haciendo, pero nosotros seguiremos saliendo a la calle", aseguró.

A pesar de las multas y las altas sanciones, esta activista se mostró convencida de que los grupos sociales van a continuar manifestándose. "Van a tener que construir cárceles donde meternos a todos, porque esas multas tan elevadas no las podemos pagar", expresó.

García mantiene la esperanza de que los recursos que se han elevado al Constitucional logren echar a bajo esta ley. "Es inconstitucional y no pueden permitir que nos quiten los derechos", señaló.

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