Los guardias civiles exigen dejar de ser militares al realizar su función policial

Un agente de Tenerife tiene el día 22 un juicio militar en el que puede ser condenado a cinco meses de prisión por discutir con su superior

27.03.2015 | 02:00

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha exigido la eliminación del Código Penal Militar al entender que amenaza derechos fundamentales e implica que los guardias civiles sean militares en la realización de sus funciones policiales, y acusa al Gobierno de querer que sean "policías militarizados" y "no cuestionen las órdenes de sus superiores". La AUGC exige la eliminación de esta norma que amenaza derechos fundamentales y que implica que los guardias civiles sean militares en la realización de sus funciones policiales.

El máximo responsable de la asociación con mayor representación en la Guardia Civil (más de 30.000 asociados), Alberto Moya, expuso ayer en rueda de prensa en Santa Cruz de Tenerife la grave situación que viven los guardias civiles con la utilización del Código Penal Militar. Moya estuvo acompañado por el secretario general de AUGC en la provincia tinerfeña, Juan Fernández; y el secretario de Organización de la Asociación, José Farfán.

"El sometimiento a un auténtico vía crucis y absoluta indefensión". Así se encuentran, según considera la asociación, los alrededor de 30 guardias civiles que actualmente están pendientes de una posible condena de prisión militar en España, una situación "sin parangón" en el resto de Europa. Una sentencia condenatoria es el final de un camino de desgaste físico y psíquico de un profesional que se ve expuesto a su privación de libertad por una simple falta laboral.

como ejemplo, ponen el caso del guardia civil destinado en Arona que, por discutir con un cabo primero, tiene que sentarse ante un Tribunal Militar el 22 de abril, que puede deliberar su entrada en la cárcel durante cinco meses. En sus mismas circunstancias está otro agente de Tenerife, que también puede verse privado de libertad por una simple controversia con su jefe. Este injusto castigo, explican, ya ha caído sobre Sergio, un joven guardia civil que, desde el 29 de enero, está cumpliendo condena militar de cuatro meses en Alcalá de Henares por una discusión en el trabajo.

El delegado de AUGC en Santa Cruz de Tenerife, Juan Fernández, hizo hincapié en que la condena es el final de un calvario, que comienza con la notificación de la apertura de un expediente, la aplicación de la libertad condicional, la obligación de firmar todos los meses en un juzgado, la pérdida de destino, la suspensión de funciones y la pérdida de salario, que en el caso del guardia civil destinado en Arona, que vive en estado de incertidumbre desde el 21 de junio de 2013, supone la mitad de su retribución salarial. Toda una serie de circunstancias que destrozan la vida del guardia civil que las sufre. Fernández anunció la apertura de una cuenta solidaria en apoyo a este compañero de Tenerife.

Alberto Moya y Juan Fernández denunciaron ayer que la aplicación del Código Penal Militar ha vaciado de contenido a la Ley Orgánica 12/2007 del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil y el artículo 7.bis de la Ley Orgánica 13/1985 del Código Penal Militar, en la que se especifica claramente que el uso del Código Penal Militar en la Benemérita solo se ciñe a "situaciones extraordinarias" y siempre que se den las circunstancias de tiempo de guerra, estado de sitio, durante el cumplimiento de misiones de carácter militar y/o la integración del personal del Cuerpo Policial en Unidades Militares.

Esta norma se aplica en situaciones que no especifica la Ley desde que en 2012 una sentencia del Tribunal Supremo dictaminó la aplicación del Código Penal Militar en la funciones de deberes esenciales (disciplina, jerarquía, cohesión interna, unidad). Desde ese momento, aumentaron los procesamientos en la Guardia Civil. Una discusión verbal ordinaria puede desembocar en condena de prisión militar.

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