Juristas y colectivos acusan a Extranjería de violar los derechos de menores isleños

La denegación reiterada del permiso de residencia a los padres convierte a sus hijos en víctimas

28.07.2014 | 12:30
Dos madres y un padre de niños españoles afectados por Extranjería de Tenerife.
Dos madres y un padre de niños españoles afectados por Extranjería de Tenerife.

Más de 20 colectivos sociales y abogados canarios, avalados por sentencias judiciales, aseguran que Extranjería de Santa Cruz de Tenerife (dependiente de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas del Gobierno de España) vulnera los derechos de niños españoles al denegar una y otra vez el permiso de residencia a sus madres y padres.

El Reglamento sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social recoge en su artículo 124 la autorización de residencia temporal por razones de arraigo familiar. Sin embargo, en la práctica no se está aplicando.

Para estas asociaciones, la Oficina de Extranjería interpreta de forma "injusta" la norma, y defienden que las madres y padres inmigrantes con hijos menores españoles deben tener autorización de residencia, preferentemente de larga duración o de residencia permanente. Si no es así, estas mujeres y hombres no pueden trabajar y, por lo tanto, no pueden cuidar de sus hijos, además de perder la tarjeta sanitaria.
El portavoz de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Francisco Solans, destacó desde el XVIII Congreso de la Abogacía Joven que se celebra este fin de semana en Bilbao, que se trata de "niños españoles conforme a derecho que dependen, no solo económica sino también afectivamente, de sus padres, y sus padres están estigmatizados como inmigrantes ilegales o en situación irregular". Solans indica que a estas personas con hijos españoles "no solo no se les da una salida, sino que se les pone palos en las ruedas y cuando al fin consiguen un permiso, al año se les retira".

Para este abogado, este comportamiento de Extranjería solo puede responder a "una xenofobia ramplona", ya que "no tiene sentido ni explicación posible". No obstante, "afortunadamente en Derecho tenemos muchas armas que nos han dado la razón, los tribunales nos han dado la razón, lo mismo que el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Luxemburgo".

Sobre los argumentos que hasta ahora ha dado la Subdelegación del Gobierno en Canarias y que se centra en el cumplimiento del reglamento, Solans asegura que es "radicalmente falso". "Lo que hacen es interpretar restrictivamente un reglamento que han fabricado ellos mismos", y añadió: "La ley, que tiene que ser conforme a la Constitución y al Derecho Internacional, lo que establece es, para empezar, el interés superior del menor, y luego que a sus padres hay que darles un permiso de larga duración, según las normas europeas".

Las asociaciones canarias y los abogados de las Islas coleccionan respuestas del Defensor del Pueblo favorables a estas personas. El Defensor del Pueblo considera que las delegaciones y subdelegaciones deben conceder autorizaciones de residencia por arraigo familiar a las personas que, "a la caducidad de sus tarjetas no reúnan los requisitos necesarios para modificar su situación de residencia y trabajo por cuenta propia o ajena". Además recomienda "regular en la próxima modificación del reglamento de la ley orgánica 4/2000 de 11 de enero, la situación de los padres de menores españoles que, a pesar de sus obligaciones paternofiliales, no reúnen los requisitos para poder ser documentados con una autorización en régimen general".

En cuanto a la Secretaría General de Inmigración y Emigración, en respuesta a las recomendaciones del Defensor del Pueblo establece que en aquellos casos en que no se puede dar la residencia temporal a estos padres porque no reúnan los requisitos exigidos, "se podrá valorar el esfuerzo de integración del extranjero", un esfuerzo que debe ser acreditado por la Comunidad Autónoma.

Sin embargo, Begoña Barras, de la Asociación Mujeres, Solidaridad y Cooperación, explica que Extranjería tampoco está valorando ese esfuerzo de integración, poniendo incluso en tela de juicio los informes positivos de las trabajadoras sociales de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Asimismo, "la Unión Europea establece que las madres y padres con hijos comunitarios deben estar regularizados", indica Barras. Y si el Gobierno de España no los regulariza, "están vulnerando el derecho de los niños a, por ejemplo, la libre circulación entre los estados miembros", porque los menores deben ir acompañados de sus padres.

Pero lo más grave no es la libre circulación, sino que la negativa a regularizar a los padres "incide en la dignidad humana", ya que cuando estas personas se quedan en una situación irregular "tampoco tienen derecho a tarjeta sanitaria" ni pueden trabajar y, por lo tanto, no tienen con qué cuidar a sus hijos.

Sin esperanza, sin trabajo y multados

La causa más reiterada por la que Extranjería deniega la renovación del permiso de residencia a las madres y padres con hijos menores españoles es que no trabajan o que, si lo han hecho, no han cotizado seis meses. Sin embargo, estas personas se enfrentan al mismo problema que todos los españoles en paro: no hay trabajo. La diferencia es que los ciudadanos que proceden de otros países se quedan en situación irregular y, como el pez que se muerde la cola, así no pueden conseguir empleo. Además, se enfrentan a multas. A.R.D., una mujer procedente de Colombia y madre de dos menores españoles, ya ha sido multada por la Policía con 1.900 euros. "Me da pavor salir a la calle o ir al parque con mis hijos. Es tremendo que una persona deba tener miedo a la Policía", dice.

Pero hay otros casos: C.Z.LL., procedente de Perú y padre de un niño español, ha sufrido la denegación del permiso porque Extranjería no ha hecho caso al informe favorable de la Comunidad Autónoma sobre el esfuerzo de integración que ha hecho a través de cursos de formación. A.V.J.C., procedente de Argentina y madre de una niña española de 8 años, no cree que le renueven el permiso por arraigo familiar porque no ha cotizado. Irá a juicio. Es su única alternativa. De la presión que sufre ha caído enferma, pero tampoco tendrá tarjeta sanitaria ni posibilidad de trabajar sin la renovación.

M.R.S.F, de Brasil y madre de una niña española, es auxiliar de enfermera pero no puede hacer oposiciones sin ser española. Está tramitando la nacionalidad. Solo en papeleo ha gastado más de 200 euros, cuando cobra 426 por prestación.

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