Canarias recibirá menos del 5% del fondo estatal para aplicar la Lomce

El Ministerio de Educación dará al Gobierno autónomo 45 millones hasta el año 2017

28.06.2014 | 02:00

Canarias es una de las comunidades autónomas perjudicadas por el reparto de fondos estatales para la aplicación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce). De los 964 millones de euros previstos por el Ministerio de Educación hasta 2017, al Gobierno regional le corresponderá menos de un 5%, un total de 44,86 millones.

Así se desprende del documento "Propuesta de criterios y distribución de los créditos para la financiación de los sobrecostes que supone la implantación de los nuevos ciclos de FPB y de las opciones de enseñanzas académicas y aplicadas en tercero y cuarto de la ESO", al que ha tenido acceso Efe. Del texto se desprende que cuatro comunidades autónomas aglutinan la mayor parte del presupuesto: Andalucía con 189,67 millones de euros, Valencia 112,12 millones, Madrid 110,89 millones y Cataluña 106,17 millones.

Según adelantó el ministro de Educación, José Ignacio Wert, el pasado martes, la Lomce tendrá un coste total de 2.164 millones de euros. Hasta 2017 la reforma contará con 964 millones de euros, de los que 614 son de ayudas del Fondo Social Europeo y el resto de los presupuestos del propio Ministerio de Educación. Los 1.200 millones restantes (400 millones por curso desde 2017 a 2020) deberán ser cofinanciados por las autonomías, un aspecto que se tiene que estudiar en una reunión de Política Fiscal y Financiera.

Mientras, está previsto que el próximo lunes la financiación de la Ley sea el punto principal a debatir en la conferencia sectorial de Educación entre el ministro Wert y los consejeros autonómicos. El responsable de Educación del Gobierno de Canarias, José Miguel Pérez, se desplazará a Madrid para esta cita y ya anunciado una comparecencia conjunta con las otras dos comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, Andalucía y Asturias, para analizar este asunto.

El documento revela que el próximo curso escolar, el sistema escolar del Archipiélago recibirá 2,02 millones de los 42,57 que desembolsará el Ministerio de Educación. La cantidad se irá incrementando progresivamente durante los próximos cuatro años, hasta alcanzar en 2017 los 18,85 millones de los 410 millones que reparte el Gobierno central.

Estas cantidades sitúan a las Islas en la parte baja de la tabla, muy lejos de la inversión prevista en Andalucía, Valencia, Madrid y Cataluña. De hecho solo siete comunidades autónomas recibirán menos fondos que Canarias, además de Ceuta y Melilla, lo que denota que el Ministerio de Educación propondrá el lunes una distribución desigual.

El documento incluye los criterios en base a los cuales la cartera que dirige José Ignacio Wert ha calculado el reparto. Para la FP Básica, la gran apuesta del departamento dirigido por Wert para intentar reducir las cifras de abandono escolar temprano y mejorar la empleabilidad juvenil, se ha hecho una estimación del coste por alumno y curso (5.219,6 euros) basada en el periodo 2011/12 y elaborada por la Subdirección General de Estadísticas y Estudios.

Para la implantación de las opciones de enseñanza académicas (para la iniciación al Bachillerato) y aplicadas (para la iniciación a la Formación Profesional) en tercero y cuarto de la ESO, el Ministerio de Educación apunta en su documento que "la incidencia del coste derivará de las necesidades del profesorado", cuantificadas en horas/profesor, para atender a las obligaciones docentes que impone la ley.

Se ha partido "del vigente escenario de racionalización del gasto público en educación", adoptando como referencia la ratio de 30 alumnos/grupo materia y de 20 horas/profesor semanales para el profesorado de centro públicos, y de 23 horas/profesor para la concertada.
El coste anual por profesor de ESO en la enseñanza pública se estima en 36.208 euros (calculando como media los salarios del profesorado con 15 años de antigüedad de las distintas comunidades en el curso 2011/12) y 32.270 euros en el caso de la concertada.

Las necesidades del profesorado dependerán de las decisiones que adopten las Administraciones educativas y, dentro de su margen de autonomía, los centros, a los que se reconoce una amplia capacidad para configurar su oferta educativa y adecuarla a sus prioridades educativas, según Educación.

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