Canarias prepara la implantación de la FP Básica sin recursos estatales

José Miguel Pérez reclama junto a los gobiernos de Andalucía y Asturias una Conferencia Sectorial de Educación para abordar la financiación de la nueva ley

07.06.2014 | 01:10
El consejero canario, José Miguel Pérez (i) y sus homólogos de Asturias y Andalucía, ayer.
El consejero canario, José Miguel Pérez (i) y sus homólogos de Asturias y Andalucía, ayer.

El vicepresidente de Canarias y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad, José Miguel Pérez, afirmó ayer que la comunidad autónoma tiene "preparado el operativo" para la puesta en marcha de la Formación Profesional Básica que impone la entrada en vigor de la Lomce (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa) sin percibir aún la más mínima financiación para ello por parte del Estado y sin conocer tampoco ni la cuantía que le corresponde, ni la fecha en que podrá disponer de los primeros recursos. "Estamos adelantando lo nuestro, pero sin tener aún consignada una partida para ello", afirmó el consejero, quien remarco que los alumnos canarios que se acojan a esta vía educativa podrán certificar dos opciones profesionales en lugar de la única que establece la ley.

Pérez participó en Madrid junto a los responsables de educación de Andalucía, Luciano Alonso, y de Asturias, Ana González (las otras dos comunidades gobernadas por el PSOE) en una comparecencia informativa para exigir al Ministerio una convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Educación para concretar la financiación de la Lomce y en particular aspectos tan importantes como el primer curso de FPB. Los tres denunciaron que el ministerio pretende que en septiembre de 2014 esté en marcha ese estudio sin saber qué coste económico va a tener.

"Debemos saber con tiempo cómo el Gobierno de España va a financiar una nueva carga a las Comunidades Autónomas ya que si nos imponen nuevas obligaciones, tendrán que facilitar la financiación correspondientes", resaltó el consejero canario antes de reclamar al ministro, José Ignacio Wert, que convoque de manera urgente una Conferencia Sectorial para abordar esta cuestión.

Al igual que Andalucía y Asturias, Canarias teme que el compromiso del ministerio para dotar con 1.700 millones la implantación de la FPB procedentes del Fondo Social Europeo se una fórmula engañosa y contraproducente. Según ellos, esos fondos no están garantizados para educación, y además podría tratarse de "préstamos" que tendrían que devolverse a partir de 2017.

"Queremos saber si las cantidades milmillonarias que anunciaron en su día las tienen o no, y si eso son préstamos a devolver por parte de las comunidades autónomas, porque son gastos de los que se hará cargo el ministerio", afirmó el vicepresidente canario. En el mismo sentido, la consejera asturiana dijo que el fondo comunitario del que el ministerio dice tener pacto con la UE para pagar este aspecto de la ley Wert "no copaga gastos estructurales como son estos". "Estamos ante una situación lamentable desde el punto de vista de la planificación educativa, ante una improvisación extraordinaria al no haber acompañado la ley de su ficha financiera correspondiente, y estamos en plena encuesta para saber cada comunidad qué le puede costar y estamos en junio", resaltó el consejero canario.

Recurso

Los tres consejeros confían además que el Tribunal Supremo les dé la razón en la petición de suspensión del decreto de desarrollo académico de la Lomce y han explicado las medidas paliativas que irán poniendo en marcha contra la reforma educativa, entre ellas el mantenimiento de la asignatura Educación para la Ciudadanía, y de la Educación Artística, incluida la musical.

La sentencia del TS debe poner fin, según Pérez, "al enorme desaguisado que se monta y ante la imposibilidad de poder asumir un gasto estructural de obligado cumplimiento sin tener la financiación correspondiente, porque a día de hoy no sabemos que va a ocurrir con esa financiación cuando estamos planificando el curso que empieza en septiembre", dijo el vicepresidente.

Pérez y sus colegas de Andalucía y Asturias se mostraron ayer muy preocupados por la "reflexión" abierta por el ministerio en torno a la introducción del copago en los niveles educativos, que rechazaron de plano y aseguraron que nunca se aplicará en esos territorios si ellos gobiernan. "En Canarias no habrá copago. Si lo podemos evitar en toda España, lo evitaremos, pero en nuestras comunidades no lo habrá", afirmó el consejero de las Islas.

Según Pérez "aquí no estamos ante un problema de recorte educativo y económico, sino ante un problema que tiene una profunda carga ideológica que altera por la puerta de atrás el pacto constitucional". "La educación es un derecho fundamental, y el concepto principal que se esconde detrás de la propuesta educativa del Ministerio convierte la prestación educativa con una idea de lo que ellos llaman el beneficio privado de quien la recibe y por tanto que debe pagar por él", dijo Pérez.

Según él, "ahora lo que se está pretendiendo es que se rompa el principio constitucional y que los ciudadanos paguen dos veces por ese derecho, ante el profundo recorte en todo el sistema educativo, al igual que hicieron en sanidad, pretenden colarnos por la puerta de atrás un nuevo copago". "En Andalucía, Asturias y en Canarias sus respectivos gobiernos han dicho que allí no entrará esa fórmula y pedimos al resto de los responsables educativos que se pongan de frente y que no acepten que en España se nos puede imponer esa fórmula", aseguró Pérez

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