José María Fragoso Bravo, Magistrado de la Audiencia de Sevilla y aspirante a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias 

´Será difícil implantar sin más los tribunales de instancia en las Islas´

"Es posible que la Ley de limitación de la Justicia Universal sea consecuencia del abuso de jueces que, excepcionalmente, la utilizaron de forma sectaria"

01.06.2014 | 00:41
El magistrado José María Fragoso Bravo.
El magistrado José María Fragoso Bravo.

El magistrado canario José María Fragoso Bravo opta al puesto de presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), cuya plaza ha salido a concurso, como publicaba el BOE el pasado jueves. Hoy es magistrado de La Audiencia Provincial de Sevilla y presidente del Jurado de Expropiación Provincial de esa provincia. Nacido en San Sebastián de La Gomera hace 58 años, estudio el Bachillerato en la academia de Hermigua y San Sebastián; se licenció en Derecho por la Universidad de La Laguna. Estuvo destinado siete años en la Audiencia Provincial de Guipúzcoa en la época que llaman de plomo, cuando ETA asesinaba cada semana. Reconocido cinéfilo, también practica diversos deportes, algunos de riesgo, aunque se decanta claramente por el ciclismo.

–¿Por qué ha decidido presentar su candidatura a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias?
–Tengo una doble motivación. Una claramente personal y subjetiva, que es regresar definitivamente a mi tierra y, además, como juez canario, el culmen de mi carrera sería ser presidente del más alto Tribunal de Canarias y es el máximo honor al que quiero llegar. La otra es totalmente social, porque creo que ha llegado la hora de devolver a mi tierra lo mucho que he recibido de ella: con mi profesionalidad, con una experiencia de más de 30 años de servicio activo como juez. Experiencia acumulada en puestos difíciles, como fueron los siete años que estuve voluntario en San Sebastián de Guipúzcoa (1988-1995), cuando el terrorismo de ETA se cobraba casi todas las semanas una víctima. Y en el gobierno de tribunales en una sala, como miembro electo de un territorio inmenso como es Andalucía. También puedo ofrecer independencia, porque al no haber ejercido nunca como juez en Canarias, no tengo enemigos de los que defenderme o atacar ni amigos que favorecer. Eso no quiere decir que no conozca la idiosincrasia de nuestro pueblo, los males endémicos de la justicia en Canarias y la realidad de todos los órganos judiciales del territorio, pues me he preocupado por conocer estadísticamente y materialmente la realidad actual de nuestros juzgados y tribunales.

–¿Sobre qué puntos gira su programa para el gobierno del TSJC?
–Mi programa tiene como fin lograr un servicio público de una Administración de Justicia moderna, eficaz, transparente, de calidad y comprensible para los ciudadanos, que haga realidad La Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, fruto del pacto de Estado sobre Justicia firmado el 22 de mayo de 2001, y no simplemente un catálogo inservible. Deseo una justicia impartida por unos jueces y tribunales que ejerzan su función jurisdiccional con profesionalidad, independencia, imparcialidad, transparencia, calidad y eficacia. Pero mi programa de gobierno lo presentaré ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que es quien debe evaluarlo, antes de darlo a conocer públicamente, que será en el momento de realizar la intervención pública en defensa del mismo.

–La entrada en vigor de las tasas judiciales ha cumplido algo más de un año. ¿Está de acuerdo con su implantación?
–Las tasas están establecidas legal y democráticamente, por lo que a los jueces y tribunales no les cabe otra que aceptarlas. Ahora bien, con carácter general, con las tasas judiciales pasa como con las tasas de todos los servicios públicos, que para las circunstancias de unas determinadas personas son injustas y para otras, se quedan cortas.

–¿Realmente han servido para descongestionar los juzgados?
–He contactado con órganos judiciales canarios de las jurisdicciones en que se aplican las tasas y, desde luego, se nota que aquellos asuntos que llegaban al juzgado sin el menor fundamento han desaparecido, previéndose la normalización de determinados juzgados y tribunales tradicionalmente atascados en el plazo de un año.

–¿Qué opinión tiene sobre la liquidación por parte del Gobierno central, de la Justicia Universal?
–Como juez, le puedo decir que estando sometido al imperio de la Ley, lo que procede es acatarla. Y, por decir algo, es posible que la Ley de limitación de la Justicia Universal sea consecuencia de un exceso o abuso de su utilización por parte de algunos jueces, que excepcionalmente la utilizaron de forma sectaria y con finalidades no muy claras y perjudiciales para los intereses superiores del Estado.
–La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial impulsada por Ruiz-Gallardón se ha topado con duras críticas por parte de muchos sectores de la judicatura y de las Comunidades Autónomas. ¿Cuál es su posición al respecto?
–El CGPJ me consta que está haciendo un trabajo de análisis impresionante a contrarreloj del Proyecto de Ley, dando posibilidad a todos los jueces y magistrados de intervenir y hacer sugerencias, por lo que me remito al mismo y lo asumo como propio. Pero lo que sí quiero dejar muy claro es que, difícilmente en el Archipiélago canario se puede implantar sin más la competencia provincial de los tribunales de instancia, pues hay que tener en cuenta nuestra configuración geográfica de Islas, ente geográfico y administrativo clave y que debemos tener en todo momento presente, con el problema de la triple insularidad, para el diseño del nuevo mapa judicial canario. Esto está de una forma tímida admitido en el Proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial y de Planta y Demarcación Judicial. Todas las instituciones, y el presidente del TSJC a la cabeza, deben estar preparadas por si se aprobaran dichos proyectos como Ley.

–Un tópico o una pregunta típica. ¿La justicia está politizada? ¿Hay jueces que lo están?
–El núcleo duro de nuestra carrera, que solo le debe su cargo a su esfuerzo y al de sus familiares o de quien le haya sufragado sus estudios, para aprobar una oposición de muy alto nivel y entrar en ella por vocación de justicia, podrá tener su ideología y forma de pensar, pero estoy seguro y convencido, porque lo he comprobado y vivido, que aplicará la ley con total imparcialidad e independencia. Sin embargo, desgraciadamente, hay que reconocer que existe un número muy reducido de jueces y magistrados que sus resoluciones rezuman sus concepciones ideológicas y, en algunos casos, lo peor es que no lo hacen por un convencimiento moral, sino por hacerse notar y saltar a la fama, cual estrella de Hollywood, que es lo contrario a lo que considero debe ser un juez, que debe pasar desapercibido en su función, al juzgar y ejecutar lo juzgado, y contestar siempre por escrito con resoluciones.

–Según el último eurobarómetro, seis de cada diez españoles (64%) no confían en la justicia. ¿Qué se podría hacer para mejorar esta situación?
–Lo primero que me extraña es que un 36% sí confía, lo cual no es una mala media si tenemos en cuenta que normalmente le damos la razón a un justiciable y se la quitamos a otro. Eso determina, de entrada, que quien se vea perjudicado por la resolución no es que no confié en la justicia, sino que no le gusta nada, y la otra parte, a la que le damos la razón, no es que el juez o tribunal se lo hayan trabajado, sino que es que la tenía y el juez solo la ha confirmado sin más. Es lo mismo cuando el alumno aprueba y el profesor solo suspende.
–¿Hace falta hacer pedagogía?
–Es imprescindible que por parte de los gabinetes de prensa de los órganos de gobierno, en este caso por el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia se realice una labor que explique por qué y cuál es el fundamento de determinadas medidas adoptadas por jueces y tribunales que, a simple vista, son muy llamativas y parecen contrarias a la razón, pero si se explican adecuadamente, se comprenderán; y, aquí, tienen los medios de comunicación una labor encomiable de transmisión de las explicaciones, dirigida a mejorar la imagen de la justicia alejada de todo sensacionalismo, porque una imagen de la justicia seria, independiente, igual para todos y razonable es imprescindible para la convivencia democrática y social pacífica.

–¿Por qué la justicia en España es tan lenta?
–Se ve que no conoce la lentitud de la justicia de nuestro entorno, como la portuguesa, italiana e incluso la francesa. En el ranking de lentitud no estamos muy retrasados. Pero eso no es ningún consuelo. La realidad es que podría mejorarse con una legislación procesal mas ágil y moderna y con un número de jueces por habitantes como el de Alemania, con unos funcionarios de carrera de apoyo bien distribuidos con servicios comunes; siendo en Canarias un verdadero y grave problema de muchos órganos la elevada tasa de interinidad de los funcionarios de apoyo.

–¿En España hay intocables para la justicia?
–Si en un país en que han sido condenados generales, ministros, jueces, banqueros, toreros, bailaores, cantantes, presidentes de clubes de fútbol, etcétera y están procesadas figuras de primer orden de la vida política, social y económica, aún se afirma que existen intocables, no sabría decir a qué se refiere exactamente.
–Se ha deteriorado la imagen de la justicia con casos como los de Blesa o la Gürtel, donde los dos jueces que los investigaban han sido apartados?
–Es una cuestión que ni puedo ni debo contestar, pues las resoluciones están ahí y las respeto totalmente, como no puede ser de otro modo, dado que no conozco la cuestión a fondo, como para poder pronunciarme.
–¿Qué sería necesario hacer para que los casos de corrupción no queden impunes o se dilaten en el tiempo tanto que parece que es así como quedan?
–Hay que partir de que una trama de corrupción es un asunto tremendamente complejo, con todo tipo de implicaciones económicas, administrativas y engaños. Y son tremendamente difíciles en su mayor parte. Por ello, para su instrucción y posterior resolución deberá prestarse toda la ayuda necesaria por parte de los organismos públicos y privados, con peritos al servicio de los jueces de todo tipo, especialmente económicos y con los medios parecidos a los que se ha dotado a la Hacienda Pública.

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