´La reforma municipal eliminará la atención a las víctimas de la violencia´

Elena Máñez Rodríguez, Directora del Instituto Canario de Igualdad: "El Partido Popular, en el Gobierno central, nos quiere llevar de nuevo a la España en blanco y negro, que fue tan nefasta para los derechos de las mujeres"

05.08.2013 | 02:00
La directora del Instituto Canario de Igualdad, Elena Máñez, en su despacho durante la entrevista.
La directora del Instituto Canario de Igualdad, Elena Máñez, en su despacho durante la entrevista.

Elena Máñez Rodríguez es directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI) del Gobierno de Canarias. Militante feminista y socialista –y viceversa– es licenciada en Historia por la Universidad de La Laguna; especialista universitaria en Igualdad e Impacto de Género así como Cultura y Violencia de Género. Entre 2007 y 2011 desempeñó el cargo de coordinadora de Políticas de Igualdad en el Cabildo de Gran Canaria, cuatrienio en el que se creó por primera vez la Consejería de Igualdad, que aprobó el primer Plan de Igualdad de la institución.
–España ha avanzado significativamente en esta última década en derechos de igualdad y protección a las víctimas de la violencia machista, al menos eso es lo que se refleja en el marco legal. Sin embargo, ¿por qué cuesta tanto que se traduzca en una igualdad real y efectiva, en el día a día?
–Porque es un problema estructural de la sociedad, que tiene que ver con valores muy interiorizados que cuesta desmontar. Lo vemos desde que hay estadísticas que reflejan diferencias y que se traducen en desigualdad de oportunidades para mujeres y hombres: en el empleo, donde la mayor tasa de inactividad laboral está representada por las mujeres, y en la corresponsabilidad de las labores del hogar y en el cuidado de los hijos. Ese rol todavía pesa sobre las mujeres. Necesitamos corresponsabilidad de los hombres para que compartan tiempos con equidad.
–La diferencia salarial entre hombres y mujeres en Canarias se sitúa en un 16,13%. A pesar de que es la tercera Comunidad Autónoma con menor diferencia salarial entre géneros ¿a qué cree usted que se debe y por qué se mantienen esas diferencias?
–Hay muchos elementos que entran en juego en el mundo laboral. Muchas veces la discriminación de la mujer no es explícita, pero a la hora de establecer complementos salariales, observamos que acaban en las nóminas masculinas y no en las femeninas. Desde luego que esto no será porque las mujeres sean menos productivas que los hombres. Y es curioso que, a mayor nivel formativo de la mujer, mayor es la brecha o discriminación salarial. La consideración del empleo femenino como algo complementario al del varón y el que la mayoría de los contratos a tiempo parcial los ocupen mujeres está en el origen de la menor oportunidad de promoción de éstas en la empresa.
–¿Hay denuncias al respecto?
–Sí y se trasladan a la Inspección General de Trabajo. En breve pondremos en marcha una comisión entre el ICI y la Dirección General de Trabajo para mejorar y compartir la información, además se harán inspecciones para averiguar si las empresas en Canarias tienen planes de prevención contra el acoso sexual y la desigualdad.
–¿Cree que la reforma de la Ley de Bases de la Administración Local eliminará las competencias municipales de atención a las víctimas de la violencia machista?
–Sí, y el argumento con el que se quiere hacer es falso porque los ayuntamientos son las administraciones que menos déficit tienen. No se puede castigar a la administración más cercana a la ciudadanía desmantelando los servicios sociales, comunitarios, de igualdad y los de atención a las víctimas de la violencia machista. El PP apuesta por un modelo económico que elimina servicios sociales y aboca a las mujeres al ámbito doméstico. Es un retroceso que tiene que ver con un modelo de Estado que quiere imponerse recentralizando todas las competencias para vaciar de contenido al resto de administraciones.
–El Gobierno de Rodríguez Zapatero elaboró y aprobó la Ley Integral contra la Violencia de Género. Han pasado casi 10 años y el PP la ha llevado de nuevo al Congreso para incluir también como víctimas de esa violencia a los hijos de las mujeres maltratadas...
–La Ley ya recogía y amparaba los derechos de esos menores y el PP alega que se contabilizarán ahora. Donde habrá cambios es en el anteproyecto del Código Penal, que afecta a la Ley de Violencia de Género con medidas que disminuyen la protección de las víctimas de la violencia machista. El PP no puede decir que amplía derechos, porque esos ya estaban. Al contrario, todas y cada una de las medidas que ha tomado el Gobierno central han servido para recortar derechos.
–El Gobierno que preside Mariano Rajoy no solo recorta en derechos, como ha dicho. También recorta un 24% el presupuesto para políticas de igualdad y un 27% en dos años en recursos para luchar contra la violencia machista ¿Cuál es el escenario en Canarias?
–El Gobierno de Canarias hace un esfuerzo muy importante para mantener unas líneas rojas. Hay 70 recursos en el Archipiélago, entre casas de acogida, pisos tutelados, centros de formación y proyectos específicos para la inserción social y formativa de mujeres. Esto se mantiene con convenios paritarios entre los cabildos y Comunidad Autónoma. En todo lo demás, se ha reorientado el gasto. Con todo, se ha reducido un 2% el presupuesto, que es de algo más de ocho millones. Lo importante es que los recursos para víctimas de violencia machista estén garantizados y a ellos se destina el 80% del presupuesto. Así, cabildos y Comunidad Autónoma destinan casi 10 millones de euros para mantener toda la red. Lo que viene del Estado son apenas unos 200.000 euros.
–Hace dos semanas se produjo la segunda muerte de una mujer por violencia machista en las Islas. Hay recursos y se trabaja por concienciar, visibilizar y sensibilizar pero ¿por qué las cifras de esta lacra se mantienen año tras año?
–Es muy complejo. La crisis también ha afectado al número de mujeres que se deciden a denunciar los malos tratos. El año pasado se redujo un 4% y en lo que va de éste ha caído otro 4%. Es un dato que nos preocupa porque la denuncia es el último paso para romper con una situación de violencia y se pongan en marcha los recursos de protección. Las mujeres que no son independientes económicamente y sufren maltrato se resisten a denunciar. Que hayan menos denuncias tiene que ver también con mensajes confusos que se trasladan a la sociedad y las mujeres se lo piensan mucho. Esto, unido al machaque psicológico y el miedo, son factores disuasorios muy relevantes. Por ello tenemos que reforzar la seguridad y confianza a las mujeres para que conozcan sus derechos y acudan a los recursos con las mejores garantías.
–El acoso y la violencia entre adolescentes se ha incrementado. ¿Alguna actuación específica?
–Se trabaja con la Consejería de Educación en un conjunto de acciones para su prevención. Los jóvenes han normalizado roles no deseados al verlos plasmados, por ejemplo en el cine. Así, en la saga Crepúsculo, que ha hecho furor en la juventud, hay una escena en la que la actriz principal plantea tener relaciones sexuales con el vampiro protagonista y éste le dice que podría matarla, a lo que ella contesta que no le importaría morir si es por amor. Ese tipo de mensajes quedan fijados en los jóvenes y son la base para mantener, soportar y justificar una relación violenta; creen que en el amor vale todo.
–El Ministerio de Sanidad ha aprobado la Estrategia para la Erradicación de la Violencia de Género, sin embargo muchas Comunidades Autónomas la han criticado porque introduce medidas sin concretar y otras que ya deberían de estar en marcha ¿Cuál es su posición al respecto?
–La estrategia no aporta nada; es un documento que recoge lo que ya se hacía antes. Y fue una falta de respeto que la ministra Ana Mato se marchara a los 20 minutos de presentar la estrategia, que ella califica de documento estrella. La ministra no escuchó a ninguno de los presentes; no ha habido debate previo y se aprueba sin consenso, sin ficha presupuestaria y por imposición. El Gobierno del Partido Popular dice una cosa y hace otra muy distinta.
–No parece que esté muy atinado el Ministerio de Sanidad y Políticas Sociales ya que también quiso modificar el registro de víctimas de violencia machista y contabilizar solo a aquellas que fueran hospitalizadas 24 horas o más. Luego se ha dado marcha atrás ¿Cree que el Gobierno central pretendía reducir las cifras de víctimas para recortar aún más el presupuesto?
–Los casos de mujeres que ingresan en un hospital por violencia de género son los más extremos y son muy pocos. No sé qué es lo que se pretendía, pero ojo porque hay medidas que se quieren imponer y que tienen trampa. Al final lo que se consigue es minimizar e invisibilizar la magnitud de la violencia de género.
–Otra perla reciente de este Ministerio ha sido intentar excluir a las lesbianas y mujeres solas del programa de reproducción asistida en el sistema público. Las críticas, también en este asunto, han obligado a que la ministra Ana Mato tuviera que salir al paso y dar marcha atrás en sus pretensiones.
–El Gobierno quiere recortar o eliminar todos aquellos derechos sociales que tanto costaron consolidar. Y esto último es una más en sus pretensiones. El Partido Popular nos quiere llevar de nuevo a la España en blanco y negro, tan nefasta para los derechos de las mujeres. Excluir a las mujeres lesbianas y mujeres solas de la reproducción asistida del sistema público es discriminatorio, machista y lesbófobo. Es crear mujeres de primera y de segunda; no se puede limitar un derecho por cuestiones morales e ideológicas de la derecha, que no reconoce ninguna maternidad ni familia que no sea la compuesta por un hombre y una mujer; no reconoce la diversidad familiar ni el derecho de toda mujer a ser madre; es inconstitucional y clasista. Ocurre igual con la reforma de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que se anuncia para el mes de septiembre.

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