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El transporte sanitario entre las Islas, exento del copago

Madrid tendrá en cuenta la insularidad para establecer la financiación

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Una ambulancia traslada a un paciente en la capital tinerfeña
Una ambulancia traslada a un paciente en la capital tinerfeña  lot

JOAQUÍN ANASTASIO
MADRID
El ministerio de Sanidad tiene intención de establecer algunas excepciones para Canarias en la puesta en marcha de su decreto de recortes en el Sistema Nacional de Salud y en concreto en relación con el copago por parte de los pacientes del transporte sanitario no urgente, una de sus medidas más polémicas. La excepcionalidad para Canarias está aún por definir y levanta muchas dudas tanto en la Consejería de Sanidad, como entre los portavoces del PSOE y de CC-NC, pero en esencia se trataría de evitar que los pacientes canarios tengan que asumir el gasto previsto en el decreto cuando tengan que desplazarse de su isla de residencia para acudir a una cita médica.

El decreto sanitario establece en este sentido que a partir de ahora los pacientes tendrán que asumir parte de ese coste en la proporción establecida para el copago farmacéutico, pero el ministerio ha anunciado la posibilidad de matizarlo en el caso de Canarias y Baleares.

La medida fue ayer confirmada por distintas fuentes al hilo de la explicación ofrecida por la ministra de Sanidad, Ana Mato, el pasado miércoles en la sesión del Congreso en la que se convalidó, con el único apoyo del PP, el decreto del recorte sanitario. Mato afirmó durante la defensa del decreto que será en el desarrollo reglamentario del mismo donde se regulará la financiación del transporte sanitario no urgente como una de las prestaciones afectadas por el copago por parte de los usuarios. "Su regulación será fruto de informes que se elaboren por el correspondiente grupo de trabajo en el marco del consejo interterritorial y que tendrá en cuenta cuestiones como el tipo de enfermedad y las situaciones geográficas como la insularidad", afirmó la ministra.

Aclaración
Sin embargo, esta explicación es interpretada por el PSOE como una confirmación de que, independientemente de lo que se establezca en el desarrollo reglamentario de la nueva norma, el transporte sanitario no urgente en Canarias estará sometido a copago por parte de los pacientes. La diputada socialista por Las Palmas Pilar Grande, señala al respecto que "no hay de momento ninguna excepción para Canarias y el anuncio hecho por la ministra sobre la insularidad no hace pensar que se vaya a establecer". Según ella, además, tampoco se aclara cómo se traduciría en cuanto a su financiación esa supuesta futura excepcionalidad si el Estado mantiene el recorte de fondos sanitarios a Canarias.

Por parte de CC-NC, el diputado Pedro Quevedo asegura que "es absolutamente imprescindible que se considere la situación de los traslados no urgentes en Canarias porque tal como está en el decreto, el agravio respecto a los pacientes canarios puede ser de tal envergadura que implique la práctica exclusión del colectivo de los residentes en las islas no capitalinas". Por parte del PP, la diputada canaria Matilde Asián considera sin embargo que "no se pueden sacar conclusiones prematuras" sobre la incidencia del decreto en las Islas y asegura que "el desarrollo reglamentario contemplará una regulación ajustada a la muy diferente casuística del transporte sanitario y entre la que la insularidad es uno de sus principales condicionantes".

Una de las dudas que se mantienen en el horizonte sobre la aplicación del decreto es su incidencia sobre el traslado de pacientes canarios a la Península para someterse a pruebas muy específicas que no pueden realizar en las Islas y que sólo se realizan en hospitales de referencia en el ámbito nacional, sobre todo en Madrid y Barcelona. La consejería canaria de Sanidad aclaró ayer, en este sentido, que ese traslado no está afectado por el decreto estatal de recortes y que por lo tanto el gobierno regional seguirá asumiendo ese coste como la ha venido haciendo hasta ahora. Asegura que se trata de "una prestación no sanitaria" y que por lo tanto son ayudas a las que no afecta el decreto.

Esta explicación contrasta con la interpretación que hace el PSOE. Los socialistas creen que ese traslado se realiza por indicación médica y debe ser considerado por tanto "transporte sanitario no urgente", razón por la que han preguntado por escrito al ministerio sobre el alcance del coste a los pacientes que deben viajar a la Península para realizarse pruebas o someterse a intervenciones quirúrgicas fuera de Canarias.

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