Los delitos sobre 23 víctimas de la ´secta del kárate´ quedarán impunes

El juez ha contabilizado la existencia de 40 presuntos abusos sexuales y corrupción de menores que han prescrito debido al paso del tiempo

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La policía custodia a Torres Baena en el Instituto de Medicina Legal.
La policía custodia a Torres Baena en el Instituto de Medicina Legal.  l.o.

M. REYES
SANTA CRUZ DE TENERIFE
No todas las víctimas del caso del kárate que aparecen en el auto de procesamiento podrán solicitar a la Audiencia Provincial de Las Palmas -será el tribunal encargado de juzgar los hechos- una reparación del daño causado por los presuntos abusos sexuales cometidos por Fernando Torres Baena y otros tres profesores de su escuela de kárate, ubicada en la calle Juan Carló de la capital grancanaria. El juez instructor, Miguel Ángel Parramón, ha determinado en su auto la existencia de 61 perjudicados, pero hay 40 delitos prescritos que afectan a 23 de las víctimas, las cuales no podrán exigir un resarcimiento en el juicio porque los supuestos abusos quedarán impunes.

El magistrado procesó el pasado jueves a la secta del kárate por 113 delitos que atañen a 38 víctimas, entre abusos sexuales continuados y corrupción de menores. El principal imputado en la causa es Fernando Torres Baena, propietario del gimnasio que lleva su nombre. Luego le siguen su pareja sentimental, María José González Peña, y los también profesores de kárate Ivonne González Herrera y Juan Luis Benítez Cárdenes.

Los hechos investigados se remontan a más de 20 años atrás, y la pena máxima prevista en el Código Penal para el delito más grave es de 12 años y medio de cárcel, motivo por el que muchos de los abusos relatados por los alumnos de la escuela, todos menores en ese entonces, están prescritos.

De hecho, sólo Torres Baena tendría extinguidos 18 abusos sexuales continuados y 14 corrupciones de menores, al tiempo que sí podrá ser acusado de 55 delitos por la Fiscalía Provincial de Las Palmas y por el abogado de las víctimas. El resto de cargos recaen sobre Ivonne González (29 delitos), María José González (26) y Juan Luis Benítez Cárdenes (tres).

Recursos

Por tanto, sólo 38 de las 61 víctimas podrán seguir personadas en la causa como acusación particular. La mayoría de ellas integran la plataforma de afectados representada por el despacho Palomino y Asociados. En el proceso existen otros dos letrados que llevan a sendas perjudicadas, los cuales posiblemente recurran el auto del juez en septiembre.

También las defensas tienen previsto presentar los correspondientes recursos de reforma ante el Juzgado de Instrucción 7 de Las Palmas de Gran Canaria. Si son desestimados, será la Audiencia de Las Palmas la que tenga la última palabra. El fiscal y el abogado José María Palomino no recurrirán.

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