Los médicos canarios denuncian que la ley del aborto es ´impracticable´

El presidente del Comtf avisa de que los sanitarios están sobrecargados y que no hay fondos, por lo que la lista de espera será muy superior al plazo límite

 03:02  

SONIA GALDÓN
SANTA CRUZ DE TENERIFE
El presidente del Colegio Oficial de Médicos de Santa Cruz de Tenerife (Comtf), Rodrigo Martín Hernández, afirma que la nueva ley del aborto, que ayer entró en vigor, es "impracticable" porque la lista de espera superará con creces los tres meses y medio de gestación que la norma fija como máximo para la interrupción voluntaria del embarazo. La intervención y el consentimiento informado, más complejo para las menores que aleguen no poder contárselo a sus padres, requieren un tiempo del que los facultativos "no disponemos, menos con los recortes en personal", y una inversión importante, que llegaría a los 5 millones en Canarias (según la Consejería regional de Sanidad), pero "no se han provisto fondos". Martín habla del derecho a la objeción de conciencia, que reducirá más el personal, pero "el problema no es ético, es económico, y nos han dejado el paquete a los sanitarios".

Si se mantiene la tendencia creciente, con casi 4.900 interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) en Canarias y sólo en un año (116.000 en todo el país, según los últimos datos oficiales de 2008), la lista de espera será excesivamente larga y la única solución pasaría por destinar un presupuesto específico y recurrir a los centros concertados, "un montón de millones que no tienen, aparte de que sería un escándalo y no moral, sino porque hay patologías mucho más urgentes, que tendrían prioridad para disminuir sus enormes listas de espera" y que tampoco se pueden concertar por los recortes vinculados a la crisis económica, como critica el presidente del Comtf.

A las clínicas privadas

Parece claro que las mujeres que quieran interrumpir su embarazo de manera libre, como fija la nueva Ley, se van a ver obligadas a acudir a clínicas privadas y a costearse ellas la intervención, ya que el plazo de 14 semanas (22 por razones médicas) será una barrera para las públicas. "Es un derecho ciudadano, pero la Ley no dispone los medios para que se pueda llevar a cabo", explica Martín Hernández, quien señala que, con los primeros casos, no habrá problemas, pero que, rápidamente, "habrá dos listas de espera, una para el consentimiento informado, que no es un mero trámite burocrático, y la de la IVE".

Así, destacó el caso de las jóvenes de 16 y 17 años, a las que la Ley (tras un endurecimiento de última hora, pues antes sólo tenían que informar al tutor) obliga a que acudan a la intervención con uno de los padres, salvo si pueden demostrar que decirlo en casa conllevaría un peligro de maltrato o desamparo. Esa confirmación corresponde al médico, que también está obligado a informar a la menor de los riesgos de la operación, y "no es un acto burocrático, de darle un papel y que lo rellene. Exige una relación personal, un conocimiento de la paciente, por qué pide la IVE o no quiere informar a sus padres y, con el tiempo que tenemos para ver a los pacientes, es ridículo".

La objeción no es un problema

El portavoz de los médicos de la provincia deja claro que no se trata de un problema de conciencia, pues la objeción "ya existía en la norma anterior y nunca se dejó sin atender a nadie", sino económico y de falta de personal, aunque recuerda el derecho legal de quienes planteen la objeción. "O se nos da más tiempo o se pone en marcha una vía especial para que un médico tenga tiempo suficiente para hablar con la paciente. Pero, con los recortes actuales, cuando no va a haber sustituciones de verano, es impracticable".

Así, afirma que "los políticos no pueden exigirnos esta obligación sin garantizar que se pueda ejecutar, sin disponer fondos ni personal.
Nos han dejado el paquete a los profesionales sanitarios y se está engañando a la población, pues no es que el médico no quiera, es que no tienen recursos para ponerla en marcha. De hecho, no se podía asumir antes de la crisis, ahora menos. Ningún sistema de salud autonómico ni nacional nos ha dicho que hay medios".

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