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Aborto libre

La normativa permite la interrupción del embarazo en las primeras 14 semanas de gestación y hasta la 22 en caso de problemas graves para la madre o el feto

 12:35  

AGENCIAS
MADRID
Las mujeres mayores de 16 años podrán a partir de hoy abortar hasta la semana 14 de gestación sin necesidad de dar explicaciones, al amparo de la nueva Ley del Aborto que entra en vigor. Interrumpir el embarazo voluntariamente dejará de ser así un delito despenalizado en algunos supuestos para convertirse en un derecho, precisamente cuando se cumplen 25 años de la aprobación de la primera normativa, en 1985, que ha permitido que un total de 1.300.000 mujeres hayan abortado en España.

La nueva Ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo se basa en un sistema de plazos que permitirá el aborto en las primeras catorce semanas de gestación y hasta la semana 22 en caso de problemas graves para la madre o el feto.

Después de que el pasado miércoles el Constitucional admitiese a trámite los recursos contra la ley presentados por el PP y el Gobierno de Navarra, abrió un plazo de tres días hábiles para que tanto las Cámaras como el Ejecutivo presentasen alegaciones a la posibilidad de suspender la entrada en vigor de la norma en tanto se resuelve acerca de su constitucionalidad. Sólo el Gobierno alegará y lo hará con la Abogacía del Estado.

Entre las novedades de la ley figura la capacidad de abortar sin consentimiento paterno de las menores de entre 16 y 18 años, la composición de un comité clínico que analizará los casos más allá de las catorce primeras semanas y la preferencia del sistema sanitario público sobre las clínicas acreditadas para la práctica de la IVE.

Sobre el primer asunto, las menores de 16 y 17 años tendrán que informar a sus padres si quieren abortar, "acreditar" con un "documento" ante el médico que han cumplido con este requisito y acudir acompañadas de un tutor a la intervención. En caso de que se alegue conflicto familiar, el médico deberá poner por escrito que su miedo está fundado, para lo que podrá pedir informes psicológicos si lo considera oportuno.

En cuanto al comité clínico, que tiene la última palabra cuando se plantee un problema en el feto después de la semana 14, estará compuesto por dos especialistas, uno de los cuales podrá ser elegido por la mujer. Tendrá "un plazo máximo de diez días" para emitir su dictamen y doce horas para comunicarlo a las partes implicadas. Los abortos se practicarán en la red sanitaria pública aunque "excepcionalmente", podrán derivar a clínicas acreditadas "con el compromiso de asumir el abono de la prestación".

25 años después

La norma fue aprobada el 17 de diciembre en el Congreso con 184 votos a favor y 158 en contra –ocho por encima de la mayoría absoluta requerida–, con el respaldo de PSOE, PNV, ERC-IU-ICV, BNG, Na-Bai y dos diputados de Convergencia (CDC-CIU), que tuvieron libertad de voto. En contra votaron el PP, CC, los cuatro de Unió (UDC-CiU), tres de Convergència, UPN y UPyD. Otra diputada de Convergència, Inmaculada Riera, fue la única abstención y el diputado del PP José Madero votó, por error, a favor de la norma.

Tras la tramitación en el Senado, donde superó los vetos presentados por el PP, Unió y UPN, la nueva ley fue definitivamente aprobada el 23 de febrero con los 132 votos a favor del PSOE, Entesa, tres senadores de CiU, PNV, BNG, el representante del PSM-EN, dos senadores independientes de Navarra e Ibiza y uno de Coalición Canaria.

El Boletín Oficial del Estado publicó la norma acordando su entrada en vigor cuatro meses después, el 5 de julio, precisamente el día en que cumple 25 años la Ley Orgánica 9/1985 de Despenalización del aborto, norma vigente hasta la fecha, por la que dejó de ser punible el aborto practicado por un médico en algunas circunstancias, persiguiendo con hasta tres años de cárcel los casos fuera de las mismas. Así, se consideraba "no punible" el aborto en los casos de "grave peligro para la vida a o la salud física o psíquica de la embarazada"; cuando el embarazo fuera "consecuencia de un hecho constitutivo de delito de violación", siempre que se practicase "dentro de las doce primeras semanas de gestación" y cuando "se presuma que el feto habrá de nacer con graves taras físicas o psíquicas".

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