AGENCIAS | MADRID
El Pleno del Congreso de los Diputados dio ayer luz verde, por 180 votos a favor, a la reforma de la Ley de Extranjería, que contó con el respaldo del Grupo Socialista, CiU y Coalición Canaria (CC) y la oposición del resto de la Cámara –163 votos en contra y 3 abstenciones–, incluido el PNV, que, finalmente, no apoyó el texto porque no incorporó su propuesta de establecer un reparto ponderado de los menores inmigrantes desamparados entre las comunidades autónomas.
La nueva Ley ampliará a 60 días el plazo máximo que un inmigrante puede estar privado de libertad y en espera de expulsión, limita la reagrupación familiar al cónyuge o análogo e hijos menores, contempla la regularización por violencia de género, refuerza las competencias de las regiones sobre la extranjería y endurece las sanciones para quienes promuevan la inmigración irregular o el tráfico de personas, entre otras medidas.
Para el ministro de Trabajo e Inmigración, "el tiempo determinará que esta ha sido una buena corrección y es una buena ley" porque ha modificado "elementos que discriminaban a los extranjeros e incorporado la perspectiva de la integración".
Sin embargo, para el portavoz del PP en la materia, Antonio Hernando, el reconocimiento de competencias para las autonomías, como gestionar los permisos iniciales de trabajo o negociar acuerdos bilaterales de colaboración con los países de origen, "no es constitucional", aumentará "la inseguridad jurídica" y supondrá "el colapso de los tribunales superiores de justicia".
Coalición Canaria fundamentó su apoyo en el reconocimiento de dos de sus reivindicaciones clásicas: la ampliación del plazo de internamiento y las competencias y nuevas fórmulas en la gestión de los menores inmigrantes, conforme explicó su portavoz, Ana Oramas.
Ley "inhumana". Miembros de unas 60 asociaciones y ONG, disfrazados con los monos naranjas de los presos de Guantánamo, tacharon de "inhumana" e "injusta" la ley de Extranjería y criticaron la ampliación, "sin ninguna justificación", del periodo de internamiento en los centros de inmigrantes hasta los 60 días, en lugar de los 40 actuales, o la introducción del "peligroso" concepto de "esfuerzo de integración por parte del inmigrante, como si éste fuera un proceso unilateral".
