SOL RINCÓN BOROBIA | SANTA CRUZ DE TENERIFE
El gasto corriente destinado a Tribunales, Ministerio Fiscal y Relaciones con la Administración de Justicia sube un 4,21% y se sitúa en 28.589.000 euros, según informó ayer el consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad en la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda del Parlamento.
Sin embargo, el socialista Francisco Hernández Spínola destacó la caída "superior a la media" de los créditos para los servicios públicos de la justicia, que, según calculó, bajan un 4%.
Pero, para el diputado, la "bajada significativa" está en la partida destinada a inversiones reales, un 29% menos, lo que significa 8,5 millones menos, lo que afecta, según dijo, al Palacio de justicia de Las Palmas y a los juzgados de La Laguna
También le resultó relevante el descenso presupuestario de la Inspección de Servicios, un 18% menos, que es un departamente destinado a la ética pública.
Por su parte, Ruano garantizó, en cuanto a las inversiones, que la prevista para el Palacio de Justicia de Las Palmas "va a cubrir la obra ejecutada" y estará en funcionamiento en 2011.
En el caso de los juzgados de La Laguna, indicó que la ejecución de la obra es complicada, pero que hay una dotación "que es la que realmente se empleará" y que asciende a 1.500.00 euros.
El consejero también recordó que el 85% del gasto público español en justicia corresponde a las comunidades autónomas. Asimismo, afirmó que crear más unidades judiciales no sirve de nada sin que sean dotadas con refuerzos, "porque lo importante es cuántos asuntos están pendientes en cada unidad". No obstante, aseguró que su consejería sí demandará más unidades judiciales, aunque no desveló cuántas.
En cuanto al turno de oficio, tiene una partida de 14.300.000 euros. José Miguel Ruano explicó que, en el caso del turno de oficio, lo que tiene previsto el Gobierno es llevar adelante la nueva regulación "para homogeneizar la forma de certificación de los cuatro colegios y garantizar la no acumulación que se producen por parte de algunos letrados". Aseguró que en estas negociaciones el Gobierno defiende los intereses de los ciudadanos, mientras que los colegios luchan por la posición de sus colegiados.
