MARÍA PLASENCIA | SANTA CRUZ DE TENERIFE
Los colectivos docente y sanitario amenazaron ayer con intensificar las medidas de presión en contra de la orden que modifica los criterios para la constitución de listas de reserva para el nombramiento de funcionarios interinos en los sectores de Administración General, Docente no Universitario y Personal Estatutario temporal en los órganos de prestación de servicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud. La primera de las acciones se desarrollará mañana con una manifestación que recorrerá las principales calles de las capitales de Tenerife y Gran Canaria, "en contra de esta orden que conllevaría no sólo el despido de miles de trabajadores sino que acarrearía el empeoramiento de la calidad de los servicios públicos".
Así lo indicaron los portavoces de los sindicatos ANPE, Cemsatse, Federaciones de Enseñanza, Sanidad y Servicios a la Ciudadanía de CC OO, CSIF, EA-Canarias, UGT, Intersindical Canaria (Federación de enseñanza STEC-IC, Salud y Administraciones públicas), Insucan, Ocesp, Sepca y UCPL que insisten en que "se trata de un problema que afecta a toda la ciudadanía como usuarios de los servicios públicos". Por ello, hicieron un llamamiento a toda la población para que participe en las manifestaciones que se desarrollen a partir de mañana.
Además de esta manifestación, se prevén concentraciones a lo largo de las próximas dos semanas en Fuerteventura, Lanzarote y La Palma, "como resultado de las propias asambleas de los trabajadores", según explicó el portavoz de STEC, Ramón Morales, quien añadió que "estamos a la espera de que se aprueben mociones de apoyo por parte de varias instituciones". Los sindicatos denunciaron que "la orden supondría tirar por la borda años de formación y experiencia laboral acumulada por este personal, lo que repercutirá de forma negativa en la calidad de los servicios públicos afectados", una situación que se hace más "grave en el caso de Sanidad, donde ", afirmó la portavoz de UGT, María José Jiménez, quien añadió que "los trabajadores está muy inquietos y este Gobierno todavía sigue sin escucharnos".
En ese sentido también se manifestó el portavoz de ANPE, Pedro Crespo, que tildó de "impresentable e inadmisible" que la modificación de estos criterios no se negocien con los representantes de los trabajadores en las mesas sectoriales correspondientes. Crespo recordó que "esta situación será recurrida judicialmente por varios sindicatos y por las juntas de personal de las dos provincias canarias".
Tintes de ilegalidad. Además, el portavoz de la Federación de Enseñanza de CC OO, Juan Manuel Rivero, añadió que "el texto del borrador tiene tintes de ilegalidad puesto que presenta algunos vacíos en los que no se cumplirían los principios de mérito, igualdad y capacidad" y confió en que "los servicios jurídicos de la Administración solventen esta situación". Por su parte, la portavoz de EA-Canarias, Zenobia Meneses, lamentó el "tremendo oscurantismo que ha rodeado esta modificación" de la que dijo que "es un expediente de regulación de empleo en toda regla".
"Unos 4.000 docentes interinos y sustitutos de Canarias podrían perder su puesto de trabajo", añadió el portavoz de Insucan, José Ángel Amador, quien explicó que "la mayoría de los profesores que configuran este colectivo cubren los puestos menos deseados". "Se trata de profesionales con unos 50 años de media y más de 15 de docencia", lamentó Amador, quien aseguró que "la pretensión de reorganizar las listas no mejorará la prestación de los servicios públicos".
