EUROPA PRESS | MADRID-LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
El consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, José Miguel Ruano, afirmó ayer, en la inauguración del III Congreso del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género que se celebra en Madrid, que "la especialización de los servicios de asistencia a la ´mujer-víctima´ y a los menores exige un nuevo planteamiento de la planta judicial".
En el acto inaugural, celebrado en el Palacio del Senado y en el que intervinieron el ministro de Justicia, Francisco Caamaño; la ministra de Igualdad, Bibiana Aído; la presidenta del Observatorio, Inmaculada Montalbán; el fiscal general de Estado, Cándido Conde Pumpido, y el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicero, el consejero canario agregó, en su alocución, que el tratamiento mediante un único protocolo para las policías, los servicios sanitarios y asistenciales, la fiscalía y juzgados y tribunales "es una exigencia para la condena del autor y la protección de la víctima", y recordó que Canarias ya suscribió un protocolo de estas características el pasado abril.
Ruano, que intervino en representación de las once comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia, indicó que, para que la política pública de tratamiento integral definida en la Ley de 2004 tenga éxito "los mecanismos de coordinación sectoriales y territoriales deben fortalecerse como ámbitos de codecisión", al tiempo que destacó la importancia que en este capítulo tienen "las nuevas tecnologías aplicadas en la Administración de Justicia y la interoperabilidad de los diversos sistemas de gestión procesal".
En este sentido, señaló que "la experiencia en Canarias de conectividad entre el programa de gestión procesal Atlante II y el servicio de atención a víctimas en el 1-1-2 está resultando muy positiva. Desde nuestra responsabilidad autonómica en la gestión de la Administración de Justicia, no cabe duda de que la ley ha sido un avance en el rechazo social y los mecanismos de atención en la emergencia pero, por los resultados, nos queda mucho por hacer", señaló.
Fallo en rehabilitar al maltratador
efe
El desarrollo de medidas de inhibición y rehabilitación de los maltratadores condenados por violencia machista es un "capítulo pendiente" de la Ley Integral contra la Violencia de Género. Así lo manifestó la fiscal de Sala de Violencia sobre la Mujer, Soledad Cazorla, durante su intervención en el Congreso. La fiscal afirmó que no es tiempo de reformas legales "poco maduradas" de la ley sino de desarrollar "capítulos pendientes" como la elaboración de "un modelo específico y homologado" de intervención en personas condenadas por delitos de violencia de género en los casos de sustitución o suspensión de la pena privativa de libertad. Según Cazorla, se trata de medidas alternativas que aún no se ejecutan no porque sean "inoperantes o inconsistentes jurídicamente" sino por "falta de previsión de medios" en una "cuestión espinosa", pues afecta a la seguridad de las víctimas y a la sensación de impunidad.
