TONY M. ÁLAMO (IDEAPRESS) | SANTA CRUZ DE TENERIFE
Los representantes legales de Carlos Blesa han solicitado ante los tribunales que se ordene la ejecución forzosa de la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que confirma la anulación de 83 concesiones de oficinas de farmacia en las Islas en 2001. Así, critican que el Gobierno de Canarias todavía no ha querido cumplir la sentencia que obligaría al cierre o paralización de hasta 200 boticas en las Islas.
Los abogados de Blesa, el despacho Murguía y Melián, ya ha solicitado la ejecución forzosa de la sentencia, "entendiendo que corresponde a la Administración dictar una acto expreso en virtud del cual disponga la nulidad de todos los actos subsiguientes y dependientes de aquel cuya nulidad radicar fue declarada". En este acto que tendría que haber dictado la Dirección General de Farmacia del Gobierno de Canarias se debería incluir "el cierre de las farmacias objeto de aquel concurso", además de la paralización del siguiente mapa farmacéutico, que todavía no ha salido a concurso.
De todas formas, el abogado Juan Carlos Melián teme que "probablemente la administración no haga nada o haga un sacrificio inútil al sol". Desde el despacho de abogados temen que se presente algún escrito que diga que "siendo la sentencia una sentencia declarativa, no condena a la Administración a la realización concreta de un acto por lo que no procede hacer nada, simplemente asumir el fallo y punto".
Llegados a ese punto, los abogados podrían instar un incidente de ejecución de sentencia, "proponiendo los términos en los que debe entenderse ejecutada la sentencia". Pese a que el fallo del TS de junio fue comunicado al Gobierno de Canarias en un plazo de 10 días, como marca la ley, la sentencia no ha sido ejecutada. Tras haber pasado dos meses, cualquier interesado podría haber pedido la ejecución de la misma.
Nulidad. Los abogados de Blesa también han presentado un escrito solicitando que los tribunales declaren la nulidad del concurso de traslados de farmacia que se ha vuelto a reanudar y cuya convocatoria es reciente por parte de la Consejería. "Entendemos que en el mismo no se consideran como vacantes las farmacias cuyo concurso fue anulado, y nosotros consideramos que anulado su concurso, están vacantes y deben ser incluidas en el concurso de traslado", plantea Melián.
Además, no sólo esta demanda iniciada por Blesa podría poner en jaque al sistema farmacéutico canario. Ya han habido farmacéuticos cuya farmacia existía con anterioridad al concurso de 2001, que han instado individualmente al cierre de las boticas que por aquel concurso están abiertas en su área. Éstos podrían iniciar un proceso de reclamación de daños y perjuicios argumentando que han tenido que soportar la pérdida de clientela por el establecimiento de farmacias abiertas en las cercanías de la suya propia por un concurso declarado nulo. En ese caso, el Gobierno de Canarias podría acumular otra sentencia desfavorable contra sus ya de por sí maltrechas arcas.
El Gobierno se lo piensa
Desde la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, de la que depende la Dirección General de Farmacia, se limitan a contestar que, "se están estudiando diferentes fórmulas para dar cumplimiento a la sentencia". Así, transcurridos 3 meses y 17 días desde que el 30 de junio de 2009 el Tribunal Supremo confirmara la anulación de 83 concesiones de oficinas de farmacia, el Gobierno no ha sabido encontrar una manera para ejecutar la misma. En Canarias estarían afectadas alrededor de 200 oficinas por esta sentencia ya que, en principio, anula directamente la concesión de 83 oficinas, si bien hay otras 115 que están pendientes de resolver y la sentencia anularía, de facto, el concurso. Dejando a un lado la cuestión económica, otro de los principales problemas que podría darse es que el reparto ahora anulado se hizo siguiendo criterios poblacionales de 2001. Si se llevase a cabo la ejecución de la sentencia las zonas que más han crecido en los últimos años podrían verse sin este servicio público. Así, la ejecución de la sentencia no significaría exclusivamente el cierre de varias farmacias, sino que implicaría un parón en la planificación farmacéutica que se ha llevado a cabo en los últimos años en Canarias. Aunque las sentencias del Tribunal Supremo y del TSJC no anulan directamente la planificación, ésta podría verse interrumpida por un incidente de ejecución forzosa de la sentencia en tanto en cuanto se pudiesen convocar las plazas anuladas de nuevo y con todas las garantías de la ley.
