El Ocio canario cree que prohibir fumar en los locales será su ruina

SONIA GALDÓN | SANTA CRUZ DE TENERIFE La anunciada reforma de la Ley Antitabaco para prohibir el consumo de cigarros en todos los establecimientos públicos de ocio ha desatado airadas críticas entre los empresarios del sector en las Islas, quienes aseguran que los canarios prefieren los locales de fumadores y que esta modificación normativa supondrá hasta un 38 por ciento de pérdidas para un negocio que trata de sobrevivir a la actual crisis económica. Además, critican que el Gobierno central les haya obligado a hacer unas inversiones muy elevadas para cumplir la Ley actual, como los espacios habilitados para fumadores en locales de más de 100 metros, que "aún no se han recuperado y que ahora se irán a la basura".

Esta afirmación es del presidente de la Federación Empresarial de Hostelería, Ocio y Servicios en Canarias (Fecao), José Antonio Santana, quien asegura que la reforma de la Ley Antitabaco supondrá el "golpe mortal" que le faltaba a un sector que intenta sobrevivir a los efectos de la crisis económica y que, por tanto, implicará la destrucción de muchos puestos de trabajo. De hecho, esta asociación calcula que las pérdidas derivadas de la prohibición total del tabaco en bares y restaurantes, en todo el país, serán del 38 por ciento, pues los efectos de la Ley anterior fueron importantes en el sector.

En este sentido, Santana señala que la mayor parte de los establecimientos que, con la entrada en vigor de esta norma en 2006, optaron por ser de no fumadores –entre un 10 y un 15 por ciento de los locales de las Islas–, antes de 15 días tuvieron que cambiar y aceptar el tabaco, porque no tenían clientela y no iban ni los no fumadores.
Los defensores de esta ampliación de la Ley, como el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT), señalan que los argumentos de los empresarios son "injustificados" porque "la prohibición de fumar no ha supuesto merma económica para el sector hostelero en ningún caso".

En cuanto a las consecuencias del endurecimiento de la Ley y la propuesta de prohibir fumar en todos los locales de ocio de España –una propuesta que la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, ha apuntado recientemente–, la CNPT rechaza también los cálculos del sector y pone como ejemplo el caso de otros países europeos, como el de Irlanda que, al siguiente año de aprobar su ley del tabaco, percibió el 1 por ciento más de ingresos en el sector hostelero; o el del Reino Unido, donde aumentó en un 14 por ciento la apertura de establecimientos de ocio tras la norma.

Al respecto, el presidente de Fecao respondió que "primero habría que comprobar esas estadísticas y ver si es cierto, pero, en todo caso, nuestra idiosincrasia es muy distinta a la de ingleses o franceses, sobre todo, en el ocio".
Así, explicó que sólo en Santa Cruz de Tenerife hay 1.500 establecimientos de ocio y restauración, una cantidad que posiblemente se reduzca a menos de la mitad en cualquier otra ciudad europea de las mismas características. Además, insistió en que estos datos demuestran que "los canarios disfrutamos mucho más del ocio y que todos salimos a diario al menos a tomarnos el cortado".
Ante esta realidad, Santana criticó esa ampliación de la prohibición del tabaco a todos los locales públicos, "una medida que se podía haber tomado desde la primera Ley –de Medidas sanitarias contra el tabaquismo– para equiparar nuestra normativa a la del resto de Europa, pero que no se hizo entonces y me pregunto si porque no era políticamente correcto o porque podía reducir votos".
Las críticas del presidente de la principal asociación de los empresarios del ocio de Canarias –que reúne a más de 16.000 pequeños y medianos empresarios de la restauración, el ocio nocturno y marítimo, los servicios turísticos, el golf o los parques temáticos– se centran en que estos dos pasos han obligado a que muchos hosteleros y otros emprendedores de las Islas hayan llevado a cabo una inversión que, con ese cambio, se torna inútil.

Hay que recordar que, según la Ley Antitabaco en vigor, los locales de ocio de más de 100 metros estaban obligados a crear un espacio para fumadores, que estuviera perfectamente aislado y con mecanismos de extracción de aire. Los de menos tamaño podían escoger.
"Sólo la máquina purificadora de aire tiene un coste de 3.000 euros, que se suman al de las mamparas, el cambio de distribución en el establecimiento y diversas obras más. Esto supone una inversión muy elevada que, con la crisis, no se ha podido recuperar y que, con esa ampliación, se tira a la basura".

Pocos cambios. En este punto también se ha pronunciado la CNPT, que cree que el gasto realizado para adaptarse a la Ley no ha sido significativo, ya que "sólo hasta el 3 por ciento de los 350.000 locales afectados en el país han hecho cambios".

Impuestos Vs coste sanitario

S. Galdón
El anuncio de la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, de apostar por una legislación más restrictiva contra el cigarro ha devuelto a las calles la discusión de los días previos a la aprobación de la primera Ley Antitabaco española. Unos defienden su derecho a vivir sin humos, pero el matiz económico también tiene peso, como el coste para la Sanidad pública que implican las enfermedades derivadas del consumo, pese a que los impuestos generados por la venta de tabaco –que siguen subiendo– superan los costes sanitarios. En este sentido, según el último estudio de la Organización Mundial de la Salud, en los países de ingresos medianos, lo que perciben por los impuestos sobre el tabaco es hasta 4.000 veces más que los gastos, una cifra que es 9.000 veces mayor en los de ingresos bajos y de 340 más en los altos. Estos datos revierten en críticas a la Ley por penalizar a los fumadores y no a las empresas fabricantes y porque tiene un fin recaudador. En este sentido se pronuncia el presidente de Fecao, José Antonio Santana, quien critica la actitud de un "gobierno paternalista" –que está "constantemente prohibiendo todo"– y ve en la Ley Antitabaco "una norma meramente recaudadora e hipócrita, porque no se prohibe fabricar el tabaco, si no fumarlo". Al respecto, destaca que la multa máxima para los establecimientos en el resto de los países europeos es de 3.000 euros, una cifra que es el mínimo previsto en España, donde la sanción se puede elevar hasta los 600.000 euros. Santana también apunta a las buenas maneras de los clientes y a que siempre ha existido un ambiente de cordialidad y de convivencia, por el que la mayor parte de los fumadores "salen del local si hay un niño o una persona mayor o apagan el cigarro si a alguien le molesta". En todo caso, los países están de acuerdo en que debe protegerse a los no fumadores, aunque las medidas varían. Además, las acciones estatales contra el consumo de tabaco en lugares públicos se están endureciendo en muchos países, una tónica que ya ha llegado a España, aunque sin alcanzar medidas de una dureza destacable. En el caso de China, con 350 millones de fumadores, los que se enciendan un cigarro en edificios públicos o en zonas con riesgo de incendio pueden pasar hasta cinco días en la cárcel; mientras que algunos edificios públicos de Nueva York prohiben a sus inquilinos fumar dentro de sus propias casas y la ciudad ya estudia llevar esta prohibición a Central Park, al aire libre.