MIGUEL ÁNGEL AUTERO | SANTA CRUZ DE TENERIFE
La provincia tinerfeña registra al año una media de 500 denuncias por desapariciones que luego, afortunadamente, para el 93 por ciento de los casos quedan en un susto, pero con un final feliz; sólo el 0,6 por ciento de los casos de desaparición terminan con el hallazgo del cadáver. Según los datos policiales, casi el 7 por ciento restante de los casos se quedan sin resolver.
Dos de estos expedientes sin resolver mantienen en vilo a toda la sociedad canaria. Son los casos de Sara Morales y Yéremi Vargas, ambos menores que desaparecieron sin dejar rastro en 2006 y 2007, respectivamente. La Policía Nacional y la Guardia Civil investiga sus casos pero sin resultados positivos hasta el momento más la constancia de que desaparecieron en contra de su voluntad.
Según los ficheros policiales, alrededor de 12.000 personas en España se hallan en paradero desconocido, una cifra muy elevada si tenemos en cuenta que 41.000 son las personas que se dan por desaparecidas en todo el mundo. Ayer, 30 de agosto, se celebró el Día Internacional para recordar a las personas desaparecidas en el mundo.
Una travesura de adolescente, una discusión en casa con los padres, suele ser, mayoritariamente, el punto de partida con el que los agentes de Policía o de la Guardia Civil inician sus pesquisas cuando los padres desesperados llegan a una comisaría para poner una denuncia por la desaparición de un hijo. Éstas son denuncias por desapariciones voluntarias y que, por lo general, tiene un final feliz. Algunas decenas de las denuncias que se ponen cada año tienen que ver con personas de avanzada edad que se extravían y no recuerdan el camino de vuelta a casa.
Un caso peculiar. La denuncia por la desaparición de la menor de 17 años Jennifer Perdomo, hace casi 15 días, una joven dada en acogida a una familia que reside en el barrio de La Candelaria, en La Laguna, se resolvió felizmente el pasado domingo por la noche, cuando la Policía la halló en casa de una amiga, en el vecino barrio de La Cuesta. Sin embargo, al día siguiente, la Fiscalía de Menores decidió retirar la guarda de la menor a la familia de acogida, decisión parece ser que motivada por presuntas actuaciones irregulares por parte de sus tutores.
En este caso, que como se sabría después, respondió a una desaparición voluntaria por parte de la menor tras haber mantenido una discusión con la madre de acogida, también hubo elementos en la declaración de la madre que hicieron sospechar a los agentes de Policía Nacional de la Comisaría de La Laguna que se hicieron cargo de la investigación. Así, y según señalaron a este periódico fuentes cercanas a la investigación, la madre de acogida acudió a los medios de comunicación para denunciar públicamente la desaparición de Jennifer y luego a comisaría; en ningún momento se refirió como madre de acogida; que Jennifer era una niña que, si salía a la calle, solía llamarla cada cierto tiempo, incluso, señaló que casi cada dos horas, lo que le hacía pensar que estaba retenida contra su voluntad, y sin embargo, también dijo que debido a una pequeña minusvalía psíquica que padecía, era capaz de irse con cualquier persona, y no dijo nada de la supuesta discusión que mantuvo la tarde en la que desapareció, el miércoles 19 de agosto. Según las fuentes, los investigadores mantuvieron como principal línea de investigación, la desaparición voluntaria por parte de Jennifer Perdomo.
A pesar de que el número de denuncias anuales por desaparición en la provincia tinerfeña pudiera parecer una cifra elevada, lo cierto es que la práctica totalidad de los casos quedan resueltos felizmente. Cuando la búsqueda de la persona desaparecida concluye gracias a las investigaciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, la denuncia queda anulada, sin embargo, en la mayoría de los casos de desapariciones de menores que terminan regresando a casa por su propio pie o bien porque son hallados por la propia familia, no se da parte y quedan abiertas. Muchas de las denuncias por desaparición que aún están abiertas responden a esta circunstancia, según comentan fuentes policiales.
El año pasado, en los primeros siete meses, los Cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado en la provincia de Santa Cruz de Tenerife tenían registradas un total de 431 denuncias por este motivo. Así, 299 denuncias fueron motivadas por desapariciones de menores; 91 diligencias de personas con edades comprendidas entre los 18 y 40 años, y 41 denuncias por ausencias de mayores de 40 años. Suelen ser los menores de edad los que copan los datos más significativos de las fichas de desaparecidos.
En España: 200 casos abiertos
Los archivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil tienen en la actualidad unos 200 expedientes sin cerrar de menores desaparecidos. La cifra no es muy alta, si se tiene en cuenta que los ficheros policiales contienen los datos de 12.596 personas "desaparecidas y pendientes de localizar", aunque el impacto social y mediático que tienen estos 200 casos de menores es incuestionable. Por ello, los casos de menores sin resolver siempre son catalogados "de alto riesgo", es decir, "son desaparecidos en contra de su voluntad y detrás de cada caso se esconde un delito de secuestro".
