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Alcaide amenaza a la Agencia del Medio con llevarla al fiscal

El informe del Diputado del Común declara la Apmun como “obstruccionista” y “entorpecedora”

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Vertidos y escombros en lugares no autorizados copan las denuncias medioambientales.
Vertidos y escombros en lugares no autorizados copan las denuncias medioambientales. la opinión

LA OPINIÓN | SANTA CRUZ DE TENERIFE
El Diputado del Común ha denunciado a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) por “obstruccionista” y “entorpecedora” en la labor de este organismo de defensa de los ciudadanos. Así lo expone en el Informe al Parlamento que presentó este mes donde se explica que el Diputado del Común ha tenido que remitir una reiteración con advertencia de comunicación al Ministerio Fiscal sobre este organismo adscrito a la Consejería de Medio Ambiente y de Política Territorial del Gobierno de Canarias porque no colabora con el Diputado del Común -Manuel Alcaide- en la emisión de los informes que se le solicitaba. En esta misma circunstancia se encuentran el Ayuntamiento de Tías y el de Icod de los Vinos.
El informe del Diputado del Común expresa que en el ejercicio de 2008 se han tramitado 18 quejas en materia de Medio Ambiente de las que diez de ellas proceden de ejercicios anteriores y que las administraciones que han incumplido sus deberes con este organismo de representación de los ciudadanos son, además de las mencionadas, “el Cabildo de La Palma y el Ayuntamiento de Moya”.

Falta información. El documento remitido al Parlamento de Canarias destaca la falta de información en materia de Medio Ambiente. Insiste en que “para hacer efectivo el derecho a disfrutar de un medio ambiente saludable y para poder cumplir el deber de respetarlo y protegerlo, los ciudadanos deben tener acceso a la información medioambiental relevante, deben estar legitimados para participar en los procesos de toma de decisiones de carácter ambiental y deben tener acceso a la justicia cuando tales derechos se les niega”. En este mismo sentido, reiteran que “algunas administraciones públicas parecer desconocer el contenido de la Ley 27/2006 por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de Medio Ambiente, ya que, en muchas ocasiones, cuando los ciudadanos les demandan información aquellas dan la callada por respuesta”.
Como casos concretos, Manuel Alcaide pone la queja de los vecinos de Icod de los Vinos que denunciaban falta de información por parte de su Ayuntamiento u otros de la isla de El Hierro sobre su cabildo aunque en este caso, la institución sí aportó la información.

Residuos de la construcción

El informe al Parlamento del Diputado del Común insiste, tal y como lo hizo en el documento del año 2007, en el problema ambiental que plantean los residuos de la construcción y demolición que derivan no sólo del “creciente volumen de su generación, sino de su tratamiento que, en la mayor parte de los casos, resulta insatisfactorio. Así, entre los impactos ambientales que ello provoca” destacan la contaminación de suelos y acuíferos por “vertederos incontrolados, el deterioro paisajístico y la eliminación de estos residuos sin aprovechamiento de sus recursos valorizables”.
A juicio de este comisionado parlamentario, “resulta preocupante que el 50 por ciento de las agresiones al Medio Ambiente lo constituyan los vertidos y que una de cada dos denuncias abiertas por la Agencia de protección del Medio Urbano y Natural, en el año 2008, estén relacionadas, con los vertidos”.
Como ejemplo pone la situación expresada por un ciudadanos de Los Llanos de Aridane quien planteaba haber denunciado reiteradamente a su ayuntamiento y al Cabildo de La Palma que se había realizado un vertido no autorizado de residuos en suelo rústico en una zona de este municipio y que no “se habían adoptado medidas ni contestado sus escritos”. Tras las gestiones del Diputado del Común, el Cabildo de La Palma comprobó que la empresa infractora no disponía de la correspondiente licencia para realizar los vertidos denunciados y que habían solicitado a la Apmun que incoara expediente sancionador contra la misma.

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