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´El dinero estatal de Dependencia se ha gastado en plazas creadas´

El PSC denuncia que el Ejecutivo regional ha invertido 7,5 milllones en financiar servicios sociales no necesarios

 
El Ejecutivo estatal ha transferido al Gobierno regional 7,5 millones de euros.
El Ejecutivo estatal ha transferido al Gobierno regional 7,5 millones de euros. DOMENECH CASTELLÓ (EFE)

EFE | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA El Gobierno canario ha gastado los 7,5 millones de euros transferido por el Ejecutivo estatal para la aplicación de la Ley de la Dependencia en servicios sociales ya creados y no para atender nuevas necesidades, afirmó ayer la diputada socialista Francisca Luengo.
La socialista agregó que el simple hecho de que el Ejecutivo autonómico ofrezca cifras del grado de cumplimiento de la norma es la prueba de que no se cumple, pues al igual que la educación y la sanidad, tras esta ley, la dependencia es un derecho universal, que tiene que cubrir el cien por cien de las necesidades. Su aplicación es escalonada y cada fase se debe cubrir en su totalidad, la primera de ellas era atender a los 6.403 "grandes dependientes" existentes en Canarias durante 2007, mientras en 2008 el objetivo eran las necesidades de los 12.000 dependientes severos, pero aún no se ha cumplido la meta del pasado año.
El dinero transferido "se lo ha quedado el Gobierno canario" para cubrir gastos de plazas ya financiadas, con lo que la transferencia le ha supuesto un "ahorro", pero ese no era el destino de la partida económica, aunque de momento el Estado no puede intervenir porque el convenio firmado recoge que la evaluación de la aplicación de la norma se hará a los tres años.
Además, la puesta en marcha se ha estancado porque el Gobierno canario ha centralizado las acciones, ya que la "puerta de entrada" deben ser los ayuntamientos, que deben ofrecer información y orientación, mientras la evaluación debe depender de los cabildos, pero de momento todo está en manos de la Comunidad Autónoma. Por este motivo, considera que el decreto aprobado en marzo deberá ser derogado, toda vez que no tiene en cuenta organizaciones no gubernamentales ni ayuntamientos, entre otros agentes.

Para las personas. Luengo subrayó que la nueva norma atiende a personas y no a territorios, y con acaba con los clientelismos y las "cuñas" para conseguir plazas en centros o atención, aunque el Ejecutivo canario mantiene las prácticas de anteriores sistemas, aseguró. Como ejemplo citó que en Tenerife se han sufragado 1.363 plazas y en Gran Canaria 937 a pesar de que apenas hay diferencia en los índices de dependencia o de envejecimiento entre ambas Islas. De esta manera, Tenerife ha recibido 16,9 millones de euros, 3,7 de ellos financiados por el Estado, y Gran Canaria 9,1 millones, 2,6 de ellos de fondos estatales.
Por su parte, el Consejo General de Servicios Sociales, órgano asesor del Gobierno de Canarias y en el que participan los Cabildos, Ayuntamientos, sindicatos y asociaciones, colegios oficiales y el Cermi, aprobó ayer por mayoría la modificación del Decreto 54/2008 de 25 de marzo, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia. Con este cambio se abre la posibilidad de que los trabajadores sociales de referencia, sean de la administración que sean, puedan realizar los informes sociales y así agilizar los trámites preceptivos. Hay que tener en cuenta que la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia obliga a realizar un informe social preceptivo y previo para poder llevar a cabo el programa individual de atención (PIA) que resuelve el pago de una prestación y llevar a cabo un servicio.

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