La UE apoya dar asistencia legal gratuita a inmigrantes

Los 27 alcanzan un acuerdo sobre la nueva normativa de retorno que hoy aprobarán los ministros de Interior

05.06.2008 | 00:00
El rostro de la tragedia en uno de los inmigrantes llegados recientemente a Granadilla de Abona a bordo de un cayuco. El rostro de la tragedia en uno de los inmigrantes llegados recientemente a Granadilla de Abona a bordo de un cayuco.

Los embajadores permanentes de los 27 países de la UE, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo alcanzaron ayer el que parece será el acuerdo definitivo sobre las nuevas reglas que regularán la expulsión de los inmigrantes sin papeles en la Unión Europea, una nueva versión de la norma sobre el retorno de los inmigrantes irregulares, que incluye más flexibilidad en la asistencia jurídica gratuita.
Esta polémica normativa ha obligado a la Presidencia eslovena a emplearse a fondo para evitar el bloqueo de Alemania y la Eurocámara, que tiene derecho de codecisión, a la norma. Se espera que el Consejo de ministros de Justicia e Interior refrende hoy el acuerdo, y que el pleno de Estrasburgo se pronuncie a mediados de junio.
Llegar a un acuerdo sobre el texto no ha sido tarea fácil y ha requerido de numerosas reuniones y discusiones. El último escollo: el carácter obligatorio o no de la asistencia jurídica gratuita prevista en la directiva para las personas pendientes de expulsión. Países como Alemania se oponían a garantizar una asesoría letrada gratuita por el elevado coste que supondría para sus arcas mientras que la Eurocámara insistía que así debía ser para garantizar los derechos de los inmigrantes.
Finalmente, la formula pactada recoge que los inmigrantes no tendrán que abonar ni un euro por consultar a un abogado pero la gratuidad se llevará a cabo de acuerdo con la legislación de cada Estado miembro y limitada a las condiciones ya previstas en la directiva sobre el estatuto del refugiado, de 2005. Es decir, que los inmigrantes tendrán derecho a consultar con un abogado gratuitamente pero no podrán utilizar este servicio para apelar o pedir la revisión de su caso.
Asimismo, en un guiño a Alemania el nuevo texto fija en 36 meses el plazo para trasponer la norma en vez de los dos años iniciales mientras que la Comisión Europea se compromete en una declaración anexa a sufragar parte del coste en que incurrirán los gobiernos para aplicar las nuevas reglas a través del Fondo Europeo de Retorno. Concretamente, la cofinanciación comunitaria podrá incrementarse hasta el 75% del coste de la iniciativa.
El resto de los elementos de la directiva se mantiene intacto. Es decir, los Estados miembros podrán retenerlos hasta seis meses en centros de retención mientras se tramita la expulsión e incluso un máximo de 18 meses en el caso de que no cooperan con las autoridades.

Usar la fuerza para evitar más entradas
S.M.-EFE
Cabe recordar que actualmente nueve Estados miembros -Reino Unido, Holanda, Suecia, Grecia, Irlanda, Dinamarca, Finlandia, Malta y Estonia- no tienen períodos máximos de retención de inmigrantes en su legislación por lo que tendrán que modificar sus leyes para limitar las fechas.
Además, los Estados miembros podrán utilizar la fuerza en caso de que sea necesario y prohibir la entrada en territorio comunitario de las personas expulsadas. La nueva normativa, que según las estimaciones de la UE se podrá aplicar a los más de 8 millones de inmigrantes indocumentados que viven en el territorio comunitario, también prevé la posibilidad de expulsar a los menores no acompañados. Ademas, y aunque la directiva entrará en vigor dos años después de que sea aprobada y publicada en el diario oficial de la UE, el nuevo capítulo de la asistencia jurídica gratuita tendrá una moratoria de tres años. Este proyecto de directiva intenta lograr una equiparación de mínimos sobre las normas de retención y retorno de inmigrantes irregulares que han llegado a territorio de la UE, ya que actualmente hay muchas diferencias entre los 27 miembros de la Unión. El Consejo de Ministros de hoy tiene previsto también aprobar las medidas administrativas necesarias para poner en marcha el intercambio de datos de ADN, huellas dactilares y matrículas de vehículos.

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