Día Mundial del Medio Ambiente

La mitad de los municipios no lucha contra la ilegalidad

La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) carece de suficiente financiación y personal

05.06.2008 | 02:29
Una de las viviendas ilegales que derribó la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun).
Una de las viviendas ilegales que derribó la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun).

Hace unos pocos años vivir de forma ilegal en lo que, en principio, era un cuarto de aperos estaba hasta bien visto. Ahora, los canarios comienzan a tener un poco más de conciencia de que no es posible construir lo que se quiera y donde se quiera. En esa idea ha tenido mucho que ver el trabajo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) que está asociada a la Consejería de Medio Ambiente y Política Territorial y que se concibió en 1999 como un órgano independiente y consorciado con cabildos y ayuntamientos. Pedro Pacheco, director de la Apmun, explica que "hay problemas en la aportación de fondos de cabildos y ayuntamientos pues, en la actualidad, de los 86 ayuntamientos en la Agencia participan 44 y en el caso de los cabildos no han firmado el acuerdo los de Gran Canaria y La Gomera y el de El Hierro ha decidido recientemente salirse".
Esto supone una importante merma en los presupuestos de la Agencia y, por tanto, un problema para luchar en contra de los más de 12.000 infractores medioambientales. Una cosa tiene clara Pedro Pacheco: "no tenemos suficientes medios" y recalca que hay que "profundizar en el sistema de coordinación" porque el papel de los ayuntamientos es fundamental "para llegar a tiempo" pues "no es lo mismo parar una construcción ilegal en suelo rústico cuando apenas se ha hecho el desmonte y se han gastado unos pocos miles de euros que cuando ya está construida". En el caso de los ayuntamientos, "sólo con que la policía local nos mande una foto con el inicio de una obra ilegal, nosotros hacemos el resto", insiste.
Por ello apela a la colaboración municipal y social pues "muchos expedientes se inician gracias la colaboración de colectivos ciudadanos y a organizaciones" a lo que se suma el trabajo de la Guardia Civil de Medio Ambiente-Seprona.
Con respecto a la actitud de los alcaldes en este asunto, Pedro Pacheco responde que "el político es un ciudadano más que soportan una demanda de la sociedad y que están presionados constantemente porque todo el mundo quiere vivir en una casa en medio del monte". Además, reconoce que "muchos casos la situación se soluciona modificando el planeamiento urbanístico, algo que es un error". Por ello, insiste en que la ordenación y la actualización del planeamiento urbanístico es fundamental para luchar en contra de las infracciones urbanísticas en las Islas. Ahora, esta agencia tendrá más trabajo debido a la nueva ley de moratoria donde se intenta garantizar "determinados usos en el suelo rústico, tal y como demandan las leyes europeas" pero es consciente de que esta normativa pueda abrir la puerta a nuevas trampas porque "tendremos que vigilar que, realmente, se construye para esos usos y no otros" y no se repite la situación de cuartos de aperos en el papel que son casas merecedoras de salir en Falcon Crest en la práctica.

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