Golpe policial por el ´caso Fórum´ en Tenerife

PEDRO GUERRA / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA La Brigada Provincial de la Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife realiza en estos momentos una cadena de registros en domicilios y empresas en la capital tinerfeña en relación con el 'caso Fórum Filatélico', que se investiga desde hace un año a las órdenes de la jueza de Instrucción número 5, Lucía Machado. Las actuaciones policiales emprendidas bajo la supervisión de la instructora se centran en la figura del empresario José Ana Pérez Labajos y de la ex concejal del PSC Herminia Gil, trabajadora del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en la actualidad. La investigación arrancó hace un año a resultas de un auto del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que trasladó a los juzgados tinerfeños indicios de posibles casos de cohecho en torno a varias concesiones públicas.

Después de un año de intensa investigación, las pesquisas han dado sus frutos y en estos momentos se registran domicilios y sedes de empresas en busca de documentos que puedan acreditar la existencia de comisiones ilegales en torno a la gestión de la concesión administrativa para la construcción y explotación de un puerto deportivo y club de mar en el Puerto de Santa Cruz y la recalificación de dos parcelas de terreno en Valle Tahodio.

En un principio, la principal persona afectada por la actuación policial es José Ana Pérez Labajos, empresario inmobiliario y ex consejero del CD Tenerife al que la policía considera testeferro en Canarias de los intereses de empresas filiales de Forum Filatélico, cuya rama principal de la investigación dirige el juez Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional. También se efectúan registros en varias propiedades de Herminia Gil.

El 'caso Fórum' arrancó en Tenerife cuando llegó el auto de Garzón, basado a su vez en la documentación incautada en Madrid a los principales implicados en la trama de Fórum Filatélico. En el auto, Garzón sugería investigar a 12 personas en relación con una presunta trama de operaciones ilegales. En la lista de nombres figuraban el del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, y el de Luis Suárez Trenor, en ese momento presidente de la Autoridad Portuaria tinerfeña.