Tenerife genera más de 40 piscinas olímpicas al día de aguas residuales

DANIEL MILLET En en el muellito que aprovecha la minúscula cala escondida entre el puerto de Hondura y el Palmétum, un joven pesca a boya y al fondo un bote bordea el remolino marrón que mancha descaradamente el mar a escasos 50 metros de la costa. Alfonso Reyes, miembro de la Asociación de Pescadores de la Virgen de la Regla, lo llama "el chocolate". "Eso es un emisario que está tirando mierda todo el día. ¿No nota el olor? Nosotros porque estamos acostumbrados...". Él y otros miembros de la Asociación dicen que esa agua viene de Cabo Llanos, que a su vez ha recogido las aguas negras de una parte de las casas de la capital. "Aquí no viene mucha gente, pero de vez en cuando hay quien se echa hasta un bañito", comenta Alfonso, mientras un colega aclara: "No sé cómo lo hacen. Eso está todo intoxicado".
Este punto de la capital tinerfeña es sólo uno de los muchos de la costa isleña por donde se vierten las aguas residuales, un chorro pestilente y sistemático que los ecologistas consideran una catástrofe invisible. No es como las chimeneas, los tubos de escape de los coches o las grandes industrias, que contaminan a simple vista. Las aguas residuales corren por debajo de las calles, en medio de las paredes de los edificios, a través de un complejísimo tejido de tubos ocultos. Y todo emana de cada uno de nuestros organismos, de cada uno de nuestros retretes, de cada una de las evacuaciones por donde tiramos lo que sobra sin darnos cuenta de que todo unido (orine, aceites, productos de limpieza, medicamentos, preservativos...) ha convertido el subsuelo y, sobre todo, el mar en un gran sumidero de todo tipo de porquerías.
Sólo Tenerife vierte cada día a su entorno, a través de los vertidos autorizados, más de 40 piscinas olímpicas de aguas residuales, que son más de 100.000 metros cúbicos; es decir, 100 millones de litros cada 24 horas. La cantidad se incrementaría, aunque no de forma considerable, si se sumaran los metros cúbicos no autorizados y que escapan al control de las administraciones competentes. En estas estimaciones, apenas conocidas por la mayor parte de los contaminadores, o sea, cada uno de los habitantes de Tenerife, todos coinciden, pero no en qué tanto por ciento se trata adecuadamente antes de que el chocolate sea expulsado para que la naturaleza haga el resto en el proceso de depuración.
La federación ecologista Ben Magec, en un estudio reciente para el que contó con el asesoramiento de expertos y con informes oficiales, más de la mitad de este torrente no se trata conforme a las normativas vigentes y se vierte a fosas sépticas, cauces naturales o al mar, lo que multiplica la degradación de un medio ambiente insular ya de por sí frágil. Ben Magec tilda de "nefasta, ilegal e inadmisible" la gestión en esta materia, motivo por el que ha presentado ante la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, dependiente del Gobierno de Canarias, denuncias contra los 17 municipios que en su valoración infringen las leyes comunitarias y locales. Para Mario Fuentes, coordinador del informe, los daños se acrecienten pues la mayor parte de los vertidos inciden sobre los fondos costeros, los más ricos al recibir mayor radiación solar. Habla de disparates en el Norte, donde hay municipios que siguen vertiendo a pozos negros, y en el Sur, donde el caos urbanístico deja fuera del saneamiento a multitud de asentamientos e incluso a centros turísticos.
José Fernández Bethencourt, gerente del Consejo Insular de Aguas, ya no sólo aporta datos contrarios a este panorama, sino que critica "las exageraciones" de los colectivos sociales y "la falta de criterio" para manejar una realidad "complejísima que hay que conocer muy bien para poderla valorar". "¿Estamos cumpliendo las directivas? Pues, como diría un gallego, depende. Claro que nos gustaría cumplirlas más. A pesar de los enormes esfuerzos que se vienen haciendo por los ayuntamientos, los cabildos y los gobiernos, todavía estamos muy lejos de lo ideal. Hay que tener en cuenta que todavía hoy se están construyendo alcantarillados y redes básicas", deja por sentado. José Fernández, sin embargo, prefiere huir de "las visiones catastrofistas" y enumera una serie de datos para argumentarlo: dos tercios de los vertidos autorizados tienen una depuración razonable y de tipo biológico (secundario, la segunda mayor de una escala de cuatro escalones) y del resto, la mayoría pasa sólo por un tratamiento adecuado por incapacidad de las infraestructuras y falta de financiación. Asimismo, subraya que el organismo autónomo Balsas de Tenerife (Balten) traslada 25.000 metros cúbicos al día de agua de desagüe desintoxicada hacia el Sur para su reutilización y Emmasa, 5.000. Se usan para regar parques, jardines, campos de golf e incluso plantaciones.
Hay otro punto de vista, el de la viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias. Sus informes revelan que uno de los principales agujeros negros en el sistema es el de los vertidos no autorizados, nada menos que un 80% del total según el inventario encargado a una empresa privada (Omicron) y a la Universidad de La Laguna, presentado en 2003 y que ahora se actualiza. Desde 1999, la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural ha abierto más de 600 expedientes por infracciones relacionadas con esta materia, algunos de gravedad. Y este censo de vertidos añade que el 76% de estos vertidos van directamente al mar por desagües, mientras el 20% lo hace por emisarios submarinos.
El catedrático de Química Analítica y responsable del Servicio de Medio Ambiente de la Universidad de La Laguna, Venerando González, explica que "lo peor es el nulo control que se ejerce sobre los flujos no legalizados, que son amplia mayoría. Y lo que es todavía peor es que se producen directamente en el litoral o el subsuelo, con los problemas aparejados que conllevan a la salud humana y medioambiental". Para Venerando González, "resulta inexplicable comprobar que haya tantos vertidos sin control ante quienes tienen las responsabilidades de controlarlos y ante quienes los producen". Lo curioso es que muchas veces los responsables de estos vertidos ilegales son los propios ayuntamientos, solos o en corresponsabilidad con otras entidades, como empresas ubicadas en polígonos industriales, denuncia el catedrático, quien ve en el trasfondo despreocupación en las administraciones. "Hablamos de algo que tendría que ser prioritario, pero que en la realidad no lo es", matiza.
El gerente del Consejo Insular de Aguas aclara en este punto que esta lectura es relativa y lleva a equívocos: "Una cosa es el número de vertidos no autorizados y otra el volumen. Puede haber un número determinado de no autorizados, pero su volumen es minoritario y el grueso de las aguas residuales es recogido por las redes de saneamiento controladas y sometidas a las estrictas normativas de control". Emilio Atiénzar, director general de Calidad Ambiental del Gobierno de Canarias, añade por su parte que "muchos de esos vertidos son puntuales, por averías de los sistemas de tratamiento o factores externos como los aguaceros".
Lo que sí es crucial, en opinión de todos los expertos, es partir de la base de que hablamos de un tema de tal complejidad y de semejante coste que es muy difícil de entender, partiendo de la misma cantidad de administraciones con competencias. Así, los ayuntamientos planifican y gestionan, los cabildos coordinan y apoyan, entidades municipales públicas o privadas (como el caso de Emmasa, en Santa Cruz) y supramunicipales (como el Consejo Insular de Aguas) planifican las infraestructuras y coordinan, el Gobierno de Canarias asume los controles y los expedientes por infracciones en sanidad (Salud Pública) y medio ambiente (viceconsejería de Medio Ambiente y Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural), y el Estado y la Unión Europea se centran en la financiación.
De ahí que sean innumerables los obstáculos para una depuración que minimice el impacto: el rechazo e incomprensión social (incluso a la hora de asumir los altos costes, bajo el precepto de que el que contamina paga), la dispersión urbanística, los eternos trámites burocráticos (sobre todo en la obtención de suelo para las redes de saneamiento y los centros de tratamiento), el elevadísimo precio de la construcción y gestión de las infraestructuras (sólo adecuar la planta Arona-Adeje costó cerca de 24 millones de euros, unos 4.000 millones de pesetas), unos procesos de depuración y una tecnología muy delicados, el imparable crecimiento demográfico...
José Fernández Bethencourt añade dos barreras que le parecen especialmente relevantes en el caso de Canarias. Por un lado, están los déficits en las infraestructuras heredadas por las actuales administraciones. "En su momento, se hicieron en Tenerife 49 instalaciones de depuración, pero en verdad eran amasijos de hormigón con hierros retorcidos y oxidados que no servían absolutamente para nada". Y por otro, los incumplimientos, retrasos y desfases en las previsiones estatales: "Muchas de las partidas por obras de interés general se metieron en el convenio de 1997 a 2004 con el Estado y muy pocas se han ejecutado. En Tenerife había prevista una inversión de 27.000 millones de pesetas. Y no daba para mucho. Pero se fueron dejando de ejecutar". Luego están los errores en las previsiones de las plantas depuradoras. "Teóricamente, Madrid proyectó, bajo criterios peninsulares, que la de Santa Cruz era capaz de tratar 90.000 metros cúbicos al día suponiendo que la demanda bioquímica de oxígeno del agua (DBO-5) era de 300 miligramos por litro. Resulta que era el doble, por lo que la depuradora no puede ni con 50.000. Así no se puede", concluye el gerente del Consejo Insular de Aguas.
Las administraciones prometen mayores esfuerzos, los colectivos ecologistas adelantan que seguirán denunciando todo aquello que les parezca un atentado contra el medio ambiente, y, mientras, Alfonso Reyes, en la base del antiguo lazareto de la capital, dice estar acostumbrado al hedor del chocolate, que a quien no lo está puede causarle náuseas y mareos.


ASI ES TODO EL PROCESO DE TRATAMIENTO

aguas residuales
Son los residuos líquidos resultantes del abastecimiento de agua potable contaminada por los usos urbanos, turísticos, industriales y ganaderos. Sólo en Tenerife se consumen al año más de 210 millones de metros cúbicos de agua. Restando las aguas que se pierden en la red de abastecimiento y cerca de un 25% que no se contamina, la Isla genera al día unos 100.000 metros cúbicos (100 millones de litros) de aguas residuales.

recogida
Se realiza a través de las redes de saneamiento, que unen los edificios o viviendas con los alcantarillados (recogida) y colectores (conducción a los centros de depuración). Son las infraestructuras básicas, pero todavía hoy hay poblaciones en las Islas que carecen de ellas. Por razones energéticas y operativas, se procura que el agua fluya por gravedad, de arriba a abajo, para evitar en todo lo posible el uso de los sistemas de bombeo, empleados sobre todo en las poblaciones costeras.

tratamiento
Son todos los procesos que depuran las aguas residuales. Existen cuatro grados:
- PRETRATAMIENTO: Tratamiento físico de los residuos gruesos a través de rejas y tamices de hasta de 3 milímetros. En ocasiones llega al desarenado y desengrasado.
- PRIMARIO: Sigue siendo un tratamiento físico, pero más fino que el anterior.
- SECUNDARIO: Tratamiento biológico. Hay diferentes tecnologías. La que se ha estado usando es la de fangos activos con turbinas, pero ahora hay otros sistemas más eficientes. Se hace a través de la descomposición por bacterias: unas toman oxígeno del aire para descomponer la materia orgánica y otras cogen el oxígeno que está en la materia.
- TERCIARIO: es el que alcanza la reutilización. Tiene varios componentes: filtración, desalinización, desinfección o incluso tratamientos específicos fisico-químicos dependiendo de los tipos de contaminantes.

evacuación
Los vertidos autorizados de las aguas tratadas se realizan al mar a través de los emisarios, tubos que parten de la costa y tienen normalmente más de medio metro de diámetro. Hay más de 30 autorizados en todo Tenerife.

plantas depuradoras
Las Plantas Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) son los centros que realizan el principal proceso antes de los vertidos o la reutilización.
- ARONA-ADEJE: Es la más avanzada de Tenerife. Entró en funcionamiento en 1998. Puede recoger 32.000 metros cúbicos diarios de agua residual, pero no está capacitada para tratar más de 18.000.
- SANTA CRUZ: Situada cerca de la refinería, es la más antigua (1977) y la de mayor capacidad. Podría tratar 90.000 metros cúbicos al día, pero su máximo no pasa de los 50.000.
- OTRAS EDAR DE NIVEL RAZONABLE: Valle Guerra (se trata agua de Tacoronte, La Laguna y Tegueste), Valle La Orotava y Valle de Güímar. Luego hay decenas de pequeñas plantas con una limitada capacidad.

PROYECTOS DE FUTURO
- Construcción de redes de alcantarillado y colectores, principalmente en el Norte, en aquellas zonas sin la red básica que deberán dotarse de ella para cumplir con las normativas europea y española.
- Reforzamiento y mejora de todas las plantas de tratamiento existentes.
- Construcción de nuevas plantas en Santa Cruz de Tenerife, Barranco Hondo, entre Guía de Isora y Santiago del Teide, en Montaña Reverón (Arona), Granadilla de Abona, El Rosario y una para Buenavista, Garachico y Los Silos.
- Se prevén nuevos emisarios en Arico, Fasnia y San Juan de la Rambla.
- El municipio con más necesidad de redes básicas es Icod de los Vinos. Se proyecta la construcción de la red de saneamiento.

marco legal
- El principal es la Directiva comunitaria europea 91/271/CE, transpuesta al ordenamiento interno español por el Real Decreto-Ley 11/1995. Según la Directiva, el tratamiento y vertido depende de la contaminación de las aguas, de la población generadora y de la declaración del punto marino en el que van a ser arrojadas. No es obligatorio un tratamiento terciario para Tenerife. La declaración de las aguas se divide en sensibles, normales y medio sensibles. En Tenerife, no hay ninguna zona costera salvo la reserva de Teno (que curiosamente está despoblada) catalogada como sensible, ni siquiera las que poseen Lugares de Interés Comunitario (LIC). Las zonas que tengan más de 2.000 habitantes-equivalentes (que viene a significar entre 1,8 y 1,1 habitantes) deben tener como mínimo sistemas colectores; las que tengan entre 10.000 y 15.000, tratamiento adecuado; y las que están por encima, tratamiento secundario. Cualquier permiso para conceder una autorización de vertido requiere de estudios exhaustivos previos (estudio y declaración de impacto medioambiental) y con posterioridad controles periódicos. Incluso, están reguladas las condiciones para la reutilización del agua procedente del alcantarillado según a qué actividad se destine: parques y jardines, riego de campos de golf o riego de explotaciones agrícolas.