El puerto hace aguas en el Parlamento europeo

SILVIA MARTÍNEZ - BLANCA SALAZAR | BRUSELAS - ARONA El Comité de Peticiones del Parlamento Europeo no tomará una decisión concluyente sobre el puerto industrial proyectado en Granadilla hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) se pronuncie sobre la legalidad de la desprotección de los sebadales que frenaban su construcción y hasta que la Comisión Europea analice con detenimiento los informes científicos que cuestionan el coste ambiental del proyecto y el dictamen pericial que pone en entredicho la operatividad de ese puerto debido a los fuertes vientos que soplan en la zona donde se plantea ubicarlo.
Este es el resultado de la intervención que hizo ayer ante el Comité de Peticiones europeo la presidenta de la Plataforma Ciudadana Contra el Puerto de Granadilla, Beatriz González, y de las gestiones que han realizado ella y el portavoz del colectivo, José Luis Fernández, durante los últimos días haciendo llegar a los eurodiputados los citados documentos.
Ambos calificaron de "éxito" la duda razonable que han sembrado en Europa contra la conveniencia del puerto y contra la veracidad de los informes aportados por las administraciones españolas en favor de esa instalación. Y es que ayer lograron que el Comité diera un giro de 180 grados dejando abierta una queja que la mayoría de sus miembros habían acordado archivar el pasado mes de abril alegando que no había motivos para dudar de los argumentos de las autoridades españolas en favor del puerto.
De hecho, todos los eurodiputados presentes ayer en la discusión se mostraron favorables a mantener el caso abierto hasta conocer la posición de los jueces. "Pido que se deje sobre la mesa hasta que tengamos una decisión del tribunal de justicia", indicó el eurodiputado socialista Manuel Medina. El PP se sumó a la propuesta socialista a través de Carlos Iturgaiz mientras que los más críticos con el proyecto fueron Willy Meyer (IUE) y David Hammerstein (Verdes) que insistieron en que además de mantener el expediente con vida es necesario que la Dirección General de Medio ambiente de la Comisión Europea revise su dictamen de 2006. "Hay alternativas y la opinión pública está en contra", advirtió Meyer.
Al término de la sesión, Hammerstein destacó que a partir de ahora el proyecto "será mirado con lupa" en Europa, lo cual casi garantiza "que no recibirá fondos". Añadió que dado que la obra estará en punto muerto hasta que se resuelva el procedimiento judicial sobre los sebadales, plazo que calculó en un mínimo de dos años, "lo mejor que pueden hacer las autoridades españolas es buscar una salida honrosa al asunto planteando un proyecto viable y susceptible de recibir fondos europeos para Canarias".

Una mentira a pie de obra
S.M.
Sobre la polémica de si el puerto recibió los fondos que recoge un cartel a pie de obra con el logo de la Comisión Europea denunciado ayer por el ecologista David Hammerstein y en el que se mencionan 68 millones de euros, la Dirección General de Política Regional Europea insistió en que no se ha otorgado "ninguna financiación al puerto de Granadilla", indicó Pierre-Emmanuel Leclerq, quien admitió también que las autoridades españolas remitieron la semana pasada una solicitud de cofinanciación. Éste explicó que la posibilidad de que Granadilla reciba fondos comunitarios está ahí porque es uno de los proyectos de la lista indicativa susceptible de recibir cofinanciación de los fondos regionales y de cohesión para 2007-2013. En cualquier caso indicó que las autoridades españolas no debían prejuzgar que el proyecto va a recibir fondos porque "no se ha adoptado ninguna decisión así que la redacción del cartel es exagerada". El representante de la Dirección General de Política regional dijo que tendrán en cuenta en la fase de instrucción los informes sobre la operatividad del puerto aportados por la Plataforma ciudadana que reivindicó ayer dos cosas: la creación de un comité de expertos en la Eurocámara que estudie y analice la viabilidad económica, medio ambiental y de operatividad de esta infraestructura y que se inste a la Comisión Europea a revisar el dictamen favorable de 2006 porque a los peticionarios les consta que la información remitida es fraudulenta.