Cinco millones para vigilar edificios

Casi cinco millones de euros de inversión inicial -en una residencia para agentes, uniformes y los primeros vehículos- para afrontar la principal misión de... vigilar los edificios de la comunidad autónoma. Los recortes en las competencias de la Policía Canaria, acordados con el Estado, multiplican las críticas contra la Guanchancha.

D. MILLET | SANTA CRUZ DE TENERIFE Las modificaciones que ha tenido que introducir el Gobierno de Canarias en la Ley de la Policía Canaria, para evitar un recurso de inconstitucionalidad del Ejecutivo nacional, han elevado el ya de por sí intenso tono de las acusaciones de "derroche" por parte de la oposición, sobre todo de los partidos PSC y NC. Y es que estos cambios han desembocado en una limitación de las competencias de la popularmente conocida como Guanchancha. Los casi 5 millones de euros que va a gastar el Gobierno de Paulino Rivero en la primera fase del cuerpo, en la que está prevista la inclusión de un centenar de agentes, contrastan con su principal y casi única función: proteger los edificios de la comunidad autónoma.
Los principales cambios para evitar chocar contra las competencias de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se encuentran en la colaboración con estos en ámbitos como "la vigilancia del litoral, el control de explosivos y de material pirotécnico, el control de la inmigración irregular o la verificación del resguardo fiscal y la vigilancia, verificación y control de las empresas de seguridad privada radicadas en el Archipiélago". La nueva Ley de la Policía Canaria reserva exactamente las siguientes funciones, que ya estaban incluidas en el anterior texto: "Velar por el cumplimiento de las disposiciones y órdenes singulares dictadas por los órganos de la comunidad autónoma; la vigilancia y protección de personas, órganos, edificios, establecimientos y dependencias de la comunidad autónoma; y la inspección de las actividades sometidas a la disciplina de la comunidad autónoma". También se mantienen, pero en colaboración con los cuerpos del Estado, "la vigilancia de espacios públicos, la protección de las manifestaciones y mantener el orden en grandes concentraciones humanas".
¿Casi cinco millones de euros de inversión inicial sólo para vigilar edificios y poco más en medio de semejante crisis y mientras el propio Ejecutivo canario lanza ideas como redistribuir la comida sobrante de los supermercados entre los más desfavorecidos? ¿Hay unos índices de delincuencia que lo justifiquen? El PSC ya no sólo cree rotundamente que no, sino que va más allá. El parlamentario socialista Francisco Hernández Spínola señalaba la semana pasada que "tanto mi partido como los ciudadanos tienen derecho a sospechar que el Gobierno está creando un servicio de contraespionaje o contravigilancia". Lo dijo tras conocerse que la directora general de Seguridad y Emergencias, Carmen Delia González, y el jefe de Servicio, José Antonio López Prieto, viajaron a Israel para recibir formación de los cuerpos policiales israelíes, de los mejor preparados del mundo.
Para Román Rodríguez, de Nueva Canarias, "pocos procesos ilustran a las claras el nivel de incompetencia política del Gobierno de Canarias como el que ha llevado a cabo para la constitución de la Policía Canaria, y que va culminando, como hemos visto, con la obtención de un fracaso absoluto", en referencia al recorte drástico de competencias.