S. DÍAZ | SANTA CRUZ DE TENERIFE
El primer problema con el que se toparon los canales insulares de TDT fueron las dificultades para encontrar una frecuencia que permitiera emitir sin perjudicar a otros operadores, una situación que denunció el Gobierno de Canarias, presidido en 2006 todavía por Adán Martín, cuyos portavoces explicaban a principios de 2006 que la citada circunstancia había impedido el proceso normal de convocatoria de concurso público para la adjudicación de licencias de Televisión Digital Terrestre (TDT) local. Finalmente las frecuencias para emisiones insulares eran: La Palma, canal 33; El Hierro, canal 32; La Gomera, canal 62; Tenerife, canal 56 (de nueva asignación); Gran Canaria canal 52 (también por asignar);Fuerteventura, canal 43 y Lanzarote canal 28. Estas emisiones de ámbito insular se unirían a las emisiones de ámbito local. Era el inicio de una nueva aventura en la que se unían las nuevas tecnologías y la comunicación.
En octubre de 2006, el viceconsejero de Comunicación, Daniel Cerdán, aseguraba que antes de finalizar ese mismo año se publicaría el concurso para la adjudicación de las frecuencias de la TDT. Cerdán señalaba entonces que la hoja de ruta del Ejecutivo permitiría adjudicar los canales dentro de la legalidad y no como en otras comunidades como Baleares o Madrid, en las que a pesar de la premura de la adjudicación los operadores no habían podido comenzar a emitir en digital. Ninguna había empezado, pero quedaban dos años y luego un periodo de adaptación antes del apagón digital. Cerdán aseguraba que el retraso en la publicación del concurso y en la adjudicación de los canales no afectaría al sector. Todo eran expectativas. Sin embargo, algunos sectores veían con suspicacias lo que consideraban "prisas" por efectuar estas adjudicaciones. La batalla se olía en el aire. Así, el entonces secretario regional de Comunicación del PSC-PSOE, Roberto Moreno, amenazaba con impugnar el concurso. Pero el Gobierno defendía su trabajo dado que el pliego de condiciones se ajustaba a derecho.
En el fondo de estas suspicacias subyacía el hecho de tratarse de meses que precedían a unas elecciones y se temía que se jugase con las adjudicaciones para sacar partido en uno u otro sentido. En agosto de 2007 el Gobierno, que ahora presidía Paulino Rivero, vuelve a modificar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del concurso para la adjudicación de concesiones de explotación de canales digitales de la TDT con la intención de ampliar a cuatro meses el plazo de concesiones. La falta de transparencia en la adjudicación de los canales fue criticada desde diversos frentes y la Oposición política, encarnada por los socialistas, pide explicaciones al Gobierno de Rivero al considerar que los canales habían sido adjudicados en su totalidad a medios claramente conservadores. Ya se habla de "enchufismo y sectarismo" en la adjudicación. El que algunos denominan como paulinato empezaba lo que parecía un largo sendero de escándalos y despropósitos.
Tal y como informan las crónicas, en el propio Parlamento se demostró que algunas de las empresas que lograron las licencias no eran siquiera empresas de comunicación y que para efectuar las adjudicaciones se diseñó un curioso sistema cuyo objetivo primordial era esquivar en lo posible las responsabilidades legales. Una de las licencias fue otorgada a una empresa de reparación de ordenadores y otra de las empresas adjudicatarias mantenía enormes deudas con la Seguridad Social en contra de lo establecido en la plica del concurso y en la Ley. En julio de este año, el cambio de modelo efectuado por el Gobierno de Paulino Rivero tanto en la Televisión Canaria como en el reparto de las TDT acumulaban medio centenar de denuncias y recursos judiciales, una ante la Fiscalía Anticorrupción y las otras por la vía civil o contencioso-administrativa, demandas que aumentarían debido a que las dos empresas que se sienten perjudicadas en la adjudicación de los servicios informativos también preveían presentar sendos recursos. Ni la radio canaria se ha librado de las sospechas y denuncias que definen el cerrado modelo de comunicación del paulinato.
De las TDT a la cacería
La cosa sería más o menos así: como las empresas (y profesionales ) que aspiraban legítimamente a un canal digital no pudieron dedicarse a tareas de comunicación tras un concurso tachado ahora por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de poco objetivo, pues empezaron a buscar otra actividad laboral y no encontraron otra que la cacería. Es más, la cacería de una sola pieza denominada José Manuel Soria, vicepresidente del Gobierno de Canarias y presidente del Partido Popular en las Islas, quien el mismo día que se celebraba en el Parlamento de Canarias el homenaje a los 30 años del Texto Constitucional acusó al grupo Prensa Ibérica en Canarias de haber orquestado una "cacería" en su contra por no haber sido beneficiada por el concurso de las TDT. Cabe recordar que Soria y el secretario general de su partido, Manuel Fernández, son objeto de investigación judicial desde el TSJC y que está imputado por supuestos delitos de cohecho y cooperación necesaria, lo que se ha dado en llamar caso salmón. Éste investiga el viaje realizado por Soria en 2005 a Noruega a pescar salmón, supuestamente invitado por el empresario Bjorg Lyng (ya fallecido) y propietario del complejo hotelero Anfi Tauro, meses antes de que el Cabildo de Gran Canaria -que entonces presidía Soria- informara a favor de la construcción de 3.600 camas turísticas para este establecimiento. Algunos ven en la relación que el vicepresidente del Gobierno canario se empeña en establecer entre la adjudicación de los canales digitales y la denuncia del caso salmón una huída hacia adelante de quien se siene acorralado. A raíz del caso salmón queda también en entredicho el sistema de compatibilidad de los diputados del Parlamento de Canarias, pues Manuel Fernández era y es representante en la Cámara mientras representaba al mismo tiempo los intereses de Anfi Tauro, algo como mínimo escasamente decoroso.
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