"Este Gobierno no puede durar ni un minuto más"

DANIEL MILLET | SANTA CRUZ DE TENERIFE "La sentencia de las TDT es uno de los muchos bochornos de este Gobierno de la desvergüenza". "Es otro pufo más, un nuevo ejercicio de arbitrariedad. ¿En manos de quién estamos?". "¿Sólo saben saltarse las leyes a la torera para que hablen bien de ellos?". "Este Gobierno sólo abre el grifo cuando sabe que hay amigos debajo". "Es la forma que tienen de untar con dinero público a los amiguetes para que los medios hablen bien de ellos". "Es una cacicada". "Este Ejecutivo no puede durar un solo minuto más". "Basta ya". Y hubo mucho más. El líder de los socialistas canarios, Juan Fernando López Aguilar, no dejó ayer títere con cabeza, especialmente en lo relacionado con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que anuló, en respuesta a una demanda de La Opinión de Tenerife, los dos principales lotes de las TDT de Tenerife. "Están queriendo usar a los medios como una herramienta de manipulación, nombrando a dedo y de forma irregular a una empresa para que garantice el reparto entre los amiguetes", denunció Aguilar, para advertir de que "ésta es sólo la primera, porque es previsible que a partir de ahora vaya a caer una cascada de sentencias más sobre esta nueva cacicada, esta nueva desfachatez". "Ya lo dijimos en su momento, como denunciamos también la modificación del modelo de la Atinómica. Esta es la forma arbitraria con la que este Ejecutivo desprecia los intereses de los canarios", continuó visiblemente indignado un López Aguilar que volvió a pedir la inmediata dimisión de Paulino Rivero, al que llamó "cobarde", "hipócrita" o "cara de cemento". "Pero, ¿cuántos escándalos más va a soportar este Gobierno grotesto? Las Teresitas, Tebeto, la última sentencia que obliga a restituir una importante cantidad a una empresa [la sentencia que exige al Ejecutivo pagar 50 millones de euros a Lopesan], el viaje de Soria, ahora las TDT... ¿Dónde está el límite de la desdicha?", se preguntó López Aguilar. Entonces volvió a decir "Basta ya", una expresión que repitió varias veces. La ILP de Ben Magec. Otro asunto sobre el que lanzó un duro ataque fue el rechazo del jueves en el Parlamento de la ILP de Ben Magec con 45.000 firmas. Lo tildó de "ejercicio de hipocresía" de CC y PP. "Hasta los propios parlamentarios de su partido desautorizan a un presidente que tiene que irse, tiene que dimitir ya", señaló, para subrayar: "Lo curioso es que queda bien con Ben Magec, pero luego ve como los parlamentarios de su grupo votan en contra. ¿Cree Paulino que la gente es tonta?". Para él, "esto es un ejemplo más de que CC y PP quieren triturar la moratoria. Dicen que van a apostar por la inteligencia y el talento, en vez de por el cemento. ¿A quién van a engañar? Pero si se les está poniendo cara de cemento...". El secretario general del PSC celebró que la justicia "vaya por su carril" y solicitó a la ciudadanía que "dicte un veredicto" ante la gravedad de lo que consideró "la peor crisis institucional de la historia de Canarias". Entonces pasó a centrarse en las imputaciones contra el vicepresidente del Gobierno, José Manuel Soria, por el caso salmón: "Pero, ¿alguien se cree que durante el viaje invitado por un promotor, Soria no habló de los negocios suculentos de ese promotor que dependían de la decisión de la administración que presidía el propio Soria? Los canarios merecen un mínimo de respeto, no que encima Soria mienta al justificarse". Por el camino también alcanzó el presidente del Parlamento de Canarias, Antonio Castro Cordobez, al que definió como "un pardillo sirviendo a los capataces" que "no tiene ni idea ni siquiera del reglamento de la Cámara". Y terminó confirmando que el PSC "va a hacer todo lo posible" por reprobar al vicepresidente, José Manuel Soria, y por trabajar en las comisiones de investigación, aún a sabiendas de que "no valen absolutamente para nada". Rivero se limita a decir que confía en que todo haya sido "correcto" Efe El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, expresó ayer desde Marruecos su confianza en que el trabajo realizado por su Administración en la concesión de explotación de canales digitales del servicio de la televisión digital terrestre (TDT) "haya sido correcto". "Las cosas de la Justicia dan muchas vueltas; vamos a esperar. La sentencia cuestiona determinados aspectos, pero confío mucho en que el trabajo administrativo esté perfectamente realizado", aseguró Rivero en Rabat durante su primera visita oficial al país magrebí. El presidente hizo alusión con ello a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que ha anulado el reparto de las licencias de TDT en lo que concierne a los principales lotes de Tenerife realizado por el Gobierno regional y lo obliga a valorar nuevamente las ofertas presentadas. La resolución judicial estimó con esa sentencia el recurso presentado por La Opinión de Tenerife, que no resultó adjudicatario -según TSJC de forma inexplicable-, y censuró el proceso de selección, al entender que se ejecutó con "arbitrariedad, subjetividad y desviación de poder". NC indica que el caso evidencia las "trampas" de CC y PP ACN Nueva Canarias (NC) señaló auer que la sentencia que ha emitido el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) respecto a la adjudicación de licencias de Televisión Digital Terrestre (TDT) en Tenerife "pone de relieve la desvergüenza del Gobierno autonómico que conforman ATI-CC y PP". Según NC, esta sentencia deja en evidencia "las trampas" del Ejecutivo regional que, "de forma premeditada, amañó las reglas del juego para repartir las licencias entre sus amigos", apunta la formación nacionalista en un comunicado". La organización liderada por Román Rodríguez agregó en la nota de prensa que "muchos de los beneficiarios de las licencias de las TDT que ha otorgado el Ejecutivo están vinculados de forma directa o indirecta a los partidos que lo sustentan". El TSJC tumba el concurso de las TDT de Tenerife P.G.-D.M. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias notificó el jueves una novedosa sentencia a nivel nacional que tumba el concurso de la Televisión Digital Terrestre (TDT) en Tenerife y obliga al Gobierno regional a realizar una nueva valoración de las propuestas de las empresas licitadoras en los lotes más apetecibles: el del área metropolitana y el de ámbito insular. De esta forma, la Sala estima el recurso presentado por La Opinión de Tenerife, perteneciente al grupo Editorial Prensa Canaria S.A., que fue perjudicada en un proceso que ha sido declarado "arbitrario" por parte del magistrado Javier Varona Gómez-Acedo, ponente de la sentencia.
Se trata de la resolución del primero de los más de treinta procesos contenciosos que se han presentado contra el Gobierno de Canarias con los concursos de las TDT de trasfondo. En este caso, el Ejecutivo regional encargó a dedo un informe técnico a la empresa Doxa Consulting (la misma que actuó en la adjudicación de los informativos de la Televisión Canaria) del que la Sala dice que "no hace falta un mayor esfuerzo para constatar la irracionalidad de la puntuación".
El Gobierno de Canarias, a través del Decreto 377/2007 y en base al informe externo de Doxa, adjudicó las concesiones para la explotación de TDT de ámbito local con cobertura municipal en Santa Cruz de Tenerife a las empresas Canal 7 del Atlántico, Tele Canal 4 y Mírame TV; y las de ámbito insular de Tenerife a Teidevisión Canal 6 y Azul TV-El Día. A pesar de que la oferta licitadora presentada por La Opinión de Tenerife era sustancialmente mejor, el Gobierno dejó fuera de las concesiones a la empresa perteneciente al grupo Editorial Prensa Canaria por motivos que no acaba de entender el magistrado ponente.

Doxa Consulting

La sentencia es especialmente dura con el procedimiento de la Administración autonómica y, en cuanto al informe de Doxa Consulting, explica que "introduce criterios de baremación no recogidos en el pliego", algo totalmente ilegal. De forma contundente, el magistrado Javier Varona afirma con rotundidad que "no es necesario abundar más en detalles del informe para concluir que el mismo carece de la rigurosidad y objetividad que le es exigible".

La sentencia es muy crítica con los criterios llevados por el Gobierno de Canarias con respecto concretamente a los lotes 11º, 11B y 11C, en el ámbito del área metroplitana de Tenerife (Santa Cruz, La Laguna y periferia); y los lotes 13A y 13B de ámbito insular. En concreto en cuanto al criterio de concurso de los lotes, la sentencia señala que "está teñido de un acentuado subjetivismo". "El grado de subjetivismo y de total ausencia de imparcialidad o neutralidad alcanza su mayor intensidad en el tercer baremo, denomiado Programación, decisivo para adjudicar el contrato", añade la sentencia. La decisión del TSJC incide en ese sentido en que "quien ofrece un mayor porcentaje de programación dirigida a singularidades canarias [La Opinión de Tenerife], con hasta un 74%, no alcanza ni la mitad de puntuación a otorgar". Las arbitrariedades se repiten en otros baremos que terminaron por dejar fuera a La Opinión de Tenerife de una forma inexplicable.

Un concurso para los amigos

Las empresas adjudicatarias de licencias de Televisión Digital Terrestre (TDT) anuladas el jueves por el TSJC son bien conocidas en Tenerife ya que están dirigidas o participadas por empresarios y periodistas vinculados directa o indirectamente a los grupos de poder que dominan la Isla y el Gobierno regional. En la primera criba que se realizó figuraban empresas que el Ejecutivo no ve manejables, como son lCanarias Ahora Radio, Editorial Prensa Canaria, Localia, Diario de Avisos o Kiss TV. Las empresas favorecidas por los canales insulares son Grupo de Medios de Tenerife SLU y Apymevo Comercial SL. La primera está participada por el grupo editorial de El Día, que se ha significado en los últimos meses por sus incendiarios editoriales soberanistas y su cerrada defensa del presidente Paulino Rivero. También fue una de las empresas favorecidas para la realización de los informativos de la TV Canaria. Apymevo Comercial SL es el grupo empresarial que dirige Fernando Plasencia, propietario de Teidevisión-Canal 6. Plasencia es un dirigente comercial del norte de Tenerife y preside la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa del Valle de La Orotava, envuelto también en polémicas de carácter político ya que los socialistas y otros colectivos del norte de Tenerife le consideran un "vocero" de ATI-CC. Luego, Tele Canal 4 SA tiene como empresario de referencia a Miguel Concepción, presidente del CD Tenerife gracias al plan de rescate del club que lideró el actual jefe del Ejecutivo regional.

La Sala considera "irracional" el informe de la consultora

A pesar de que sólo con el encargo de forma injustificada de un informe a una consultora externa "sería suficiente para estimar el recurso sin más", el magistrado Javier Varona Gómez-Acedo entra a analizar los criterios de baremación efectuados por Doxa Consulting y dados por bueno por el Gobierno de Canarias, al que dedica calificativos como "irracional" y "arbitrario".
De esta forma, en el apartado Fomento de la Cultura y valores propios de la Comunidad Autónoma de Canarias, que cuenta con una puntuación máxima de 70 puntos, recibe menor puntuación la oferta de La Opinión de Tenerife a pesar de que es la que más porcentaje de prime time compromete. La oferta de La Opinión recibió 30 puntos con un porcentaje de prime time del 74%, mientras que Canal 4, con un porcentaje del 29%, obtuvo 65 puntos. "No hace falta un mayor esfuerzo para constatar la irracionalidad de la puntuación; quien ofrece un mayor porcentaje de programación dirigida a singularidades canarias es el peor puntuado", esto es, La Opinión de Tenerife. "En todos los apartados", recoge la sentencia del TSJC, "puede observarse que la puntuación otorgada no se corresponde con la proporcionalidad del criterio que se evalúa".

Asimismo, la sentencia cuestiona el papel de Doxa en cuanto a que "la elección y designación (...) se realiza directamente por la viceconsejería de Comunicación y Relaciones con los Medios, sin que conste que para su contratación se haya seguido procedimiento de elección con publicidad y concurrencia alguno". Tales circunstancias, según el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, "privan al informe de la presunción de objetividad e imparcialidad de que la administración quiere revestirlo". "La Mesa de Contratación no puede hacer dejación total de sus funciones remitiéndose sin más al contenido de informes externos", especifica.