La selva de la telefonía móvil

DANIEL MILLET | SANTA CRUZ DE TENERIFE Una Iniciativa Legislativa Popular de Los Verdes, avalada por 26.309 firmas, ha abierto las puertas a una regulación adecuada de las infraestructuras de telefonía móvil en Canarias, un sector que ha experimentado una extraordinaria expansión en los últimos años, con incluso más móviles que habitantes en la actualidad. La ILP, admitida el jueves por el Parlamento, se fundamenta en una proposición de ley que pone coto a los desmanes de los diferentes operadores, ayudados por un marco normativo endeble y desfasado que aboca al sector a la ley de la selva.
La admisión de la proposición de ley sólo implica la toma de este documento como base de partida, sin que por ello el Parlamento esté obligado a concluir el proceso con una regulación definitiva. Sin embargo, el interés mostrado por sus señorías el pasado jueves se entiende como un compromiso moral para profundizar en este camino.
La ILP de Los Verdes defiende el desarrollo de la telefonía móvil y su cobertura en todo el territorio canario en igualdad de condiciones, pero incide en un aspecto que ni siquiera roza el proyecto de decreto que prepara paralelamente el Gobierno de Canarias dentro de las directrices de ordenación de las telecomunicaciones: la protección de la salud frente a los campos electromagnéticos. Para Los Verdes, existen dudas razonables sobre la incidencia en los humanos de estos campos electromagnéticos que genera la telefonía móvil como para tomar al menos medidas mínimas de protección, aparte de lo relacionado con el medio ambiente y el paisaje.
Por ejemplo, la proposición de ley impediría la instalación de antenas en edificios de viviendas, lugares de interés cultural, centros hospitalarios, geriátricos, residencias de ancianos, centros educativos y todos aquellos espacios que, como los destinados a las actividades deportivas, se definan reglamentariamente como de especial riesgo. Asimismo, obligaría a las administraciones a negociar con los operadores para que estos compartieran las infraestructuras. Estos y otros criterios llevaron al Gobierno canario a emitir un informe negativo pues las directrices de ordenación de las telecomunicaciones, que el Ejecutivo espera tener para finales de 2010, parten de la premisa de que las antenas de telefonía móvil no afectan a la salud.
Rafael Rodríguez, el miembro de Los Verdes que defendió el jueves en el Parlamento la ILP, recuerda que "la directiva europea de prevención de riesgos laborales plantea que la exposición continuada a radiaciones electromagnéticas es perjudicial". "Epidemiológicamente todavía no se han medido las verdaderas consecuencias. Hay estudios que dicen que la exposición sí tiene repercusiones y otros que no. Frente a la duda, se tendría que aplicar el principio de precaución. Cabría preguntar a quienes dudan de los perjuicios sobre la salud si querrían una antena sobre su casa", añade.
La proposición vendría a responder también a la alarma social que se ha creado alrededor de las instalaciones para los móviles. Cada vez más asociaciones de vecinos se oponen a tener una antena en las proximidades. ¿Este miedo es fundado? Existen estudios que asocian estas instalaciones a la proliferación de tumores, como uno reciente del Centro Internacional de Investigación sobre el Cáncer, pero hay otros que aseguran que "no son nocivas" para la salud por la baja potencia de sus emisiones, según por ejemplo los expertos del Centro Tecnológico para la Innovación en Telecomunicaciones de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Los Verdes subrayan un aspecto crucial: "La distribución de las redes de cobertura es una cuestión de competencia económica. Es un tema de estrategias comerciales: a qué poblaciones llega primero, con qué intensidad, cómo conseguir la máxima cobertura por el menor precio... Y estamos hablando de empresas que mueven muchísimo dinero y que compiten en un espacio selvático, sin control ninguno. Esto es algo muy peligroso".
A falta de un marco normativo específico para España, todo queda a expensas de las competencias de cada comunidad y de las de los ayuntamientos para conceder las licencias de las antenas. En el año 2001 se aprobó un Real Decreto para regular y controlar los niveles de exposición que llegó tarde y quedó desfasado casi desde su puesta en marcha. Mientras, sólo en Santa Cruz y Las Palmas hay casi 900 antenas repartidas mayoritariamente por edificios y hasta en colegios y cerca de centros deportivos. Algunas han sido incluso camufladas como chimeneas y bidones de agua.

Todos los datos
más móviles que habitantes en toda españa. En España, hasta el pasado mes de julio, la cifra de teléfonos móviles ascendía a 49,9 millones de unidades, lo que se traduce en algo más de 110 aparatos por cada 100 habitantes. Los operadores de telefonía móvil son Movistar, Vodafone, Orange y Yoigo, además de los operadores móviles virtuales, todos éstos con conexión a Internet. Los operadores forman parte de multinacionales. Sólo Telefónica Móviles gestionaba en 2005 más de 89 millones de clientes en el mundo, con ingresos acumulados de 12.050 millones de euros y un beneficio neto acumulado anual de 1.543 millones de euros.

una legislación insuficiente. La telefonía móvil afecta a tantos aspectos, incluidos los urbanísticos y medioambientales, que su regulación se hace complejísima. En la actualidad hay normativas europeas y nacionales de mínimos, más otras que entran en las competencias de las comunidades autónomas y los ayuntamientos. El 28 de septiembre de 2001 se aprobó un Real Decreto para regular los niveles de exposición a las emisiones radioeléctricas de los sistemas de telefonía móvil. Pero, el decreto no garantiza en absoluto la salud de los ciudadanos frente a los efectos de este tipo de instalaciones.

efectos en la salud. No existe un informe pormenorizado que sirva para asegurar categóricamente que las instalaciones de telefonía móvil afectan a la salud. Pero tampoco hay ninguno que lo desmienta. Según Víctor Araña, profesor del Departamento de Señales y Comunicaciones de la Universidad de Las Palmas, "las antenas actuales que están repartidas por la ciudad emiten unas ondas de baja potencia que no conllevan ningún tipo de peligro para las personas". Pero, según un estudio preliminar reciente del Centro Internacional de Investigación sobre el Cáncer, el uso del teléfono móvil puede provocar a largo plazo el desarrollo de tumores.

antenas ilegales y legislación en canarias. La Plataforma de Afectados de Antenas de Telefonía Móvil de Canarias ha cifrado en más de un centenar -de un total de más de 300- las antenas ilegales en la capital tinerfeña. A falta de una ley de ámbito regional, el Gobierno de Canarias prepara el proyecto de Ley de las Directrices de Ias Telecomunicaciones, que se encargará de regular ya no sólo la telefonía móvil, sino el ADSL y la televisión analógica y digital. El proyecto no estará hasta finales de 2010. Mientras se prepara, proliferan las antenas sin mucho control. El pasado jueves, el Parlamento admitió una proposición de ley de Los Verdes, con el aval de 26.309 firmas, que incide en la protección de la salud.