Chovi(s)to para sentencia

Mª JOSÉ HERNÁNDEZ GARCÍA El artículo 14 de la Constitución proclama que los españoles somos iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer ninguna discriminación por razón de raza, nacimiento, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
El Tribunal Constitucional con su doctrina, ha precisado el contenido de esta importante norma, en los siguientes términos: No toda desigualdad de trato en la ley supone una infracción del artículo 14, sino de aquélla que introduce una diferencia entre situaciones que pueden considerarse iguales y que carece de justificación objetiva y razonable. El principio de igualdad exige que a iguales hechos se le apliquen iguales consecuencias jurídicas. Se consideran iguales dos supuestos cuando la utilización de diferencias sea arbitraria o irracional. Por tanto, el principio de igualdad prohíbe una diferenciación en el trato que resulte artificiosa o injustificada de acuerdo con criterios o juicios de valor generalmente aceptados. Para que la diferenciación resulte constitucional, no basta con que lo sea el fin que con ella se persigue, sino que es indispensable, además, que las consecuencias que resultan de tal distinción sean adecuadas y proporcionadas al fin perseguido. La relación entre la medida adoptada, el resultado que se produce y el fin que se pretende deben evitar resultados especialmente gravosos o desmedidos.
En otro plano, dice la sentencia de 12 de julio de 1988, que la igualdad ante la ley también obliga a que ésta sea aplicada efectivamente de modo igual a todos aquellos que se encuentran en la misma situación.
La aplicación de la teoría al asunto "Chovito" arroja importantes interrogantes y consecuencias. La primera, y destacada, consiste en resaltar lo especialistas son los políticos en escurrir el bulto. Verdaderos artistas. La culpa siempre es de otro. El alcalde de Candelaria, compareció ante los medios para decir que no pudo estar ante el derrumbe de los inmuebles porque desde su despacho trataba de salvar del derribo las viviendas de unos vecinos que no tenían donde vivir. Pronto el vicepresidente del cabildo Bermúdez reclamó la competencia para la isla en materia de costas, habida cuenta de la injusticia cometida.
Echo de menos los cometarios y la presencia de nuestro presidente, don Paulino. Y al final la culpa es de un ente lejano, un tal "costas" que, cómo no, está en Madrid. El gobierno central (y sus órganos) es siempre el culpable de todo lo que nos pasa. Todos han quedado bien. No se pudo hacer más. Al fin y al cabo, se trataba de ejecutar una resolución judicial. Un juez, por el principio de tutela judicial efectiva, no puede, sino dictar resolución con base en la legalidad vigente. Es una de las manifestaciones del principio del derecho al proceso consagrado, también, en el artículo 24 de la Constitución Española.
El procedimiento que culmina con el derribo de las viviendas es fruto de una decisión política. Y todo apunta a que, políticamente, se ha podido hacer mucho más de lo que todos nuestros representantes han hecho. ¿Tienen ustedes la sensación de que a Chovito y su idiosincrasia se les ha protegido con el mismo interés mostrado, por ejemplo, en la construcción del puerto de Granadilla?
La clave, después de todo, consiste en conocer los verdaderos intereses que están detrás del derrumbe de las viviendas vecinales. Y para ello han utilizado la justicia (que no significa que innecesaria) "judicializando" con ello la política. Y la culpa es del Juez, o de Costas, o de Madrid. Cualquier respuesta es buena con tal de quedar bien ante el electorado. Seguro que ninguno de nuestros dirigentes tenía una residencia en Chovito. El pueblo, como siempre, es el gran perjudicado. ¿Lo recordaremos para las próximas elecciones?