FRANCISCO POMARES
Una de dos: o quienes dirigen hoy esta región creen estar protegidos por una absoluta impunidad en sus actuaciones, o es que directamente les falta un hervor... y lo digo a cuenta del ya público despido de Ibrahim Pérez, jefe de ingeniería y sistemas de la Radio Televisión Pública Canaria (el ente de Willy), al que la semana pasada una nueva alcaldada del paulinato dejó sin empleo, tras entregar un informe solicitado por el Consejo de Administración de la tele. Pérez redactó el informe -muy crítico con el grado de cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas en el contrato por parte de la nueva adjudicataria- y lo entregó al ente. Fue despedido a los pocos días, sin explicación alguna, y el informe no ha sido entregado aún a los peticionarios.
Pérez es un personaje callado y tranquilo, un profesional formado en Microsoft, empresa para la que trabajaba en Madrid cuando fue fichado para dirigir la ingeniería de la televisión publica canaria por Santi González. En la etapa de González, Pérez fue el responsable de preparar las plicas técnicas del concurso de los informativos, que Paulino Rivero decidió anular -según se dijo en su momento- "para cambiar el modelo" de televisión. El cambio de modelo acabó convirtiéndose en cambio de empresa adjudicataria de los informativos, y en la asunción de las adjudicaciónes -realizadas de forma directa- por parte del ente de la producción de los programas no informativos, convertida en una serie de escándalos sucesivos.
El despido de Pérez, además de constituir una pequeña infamia, es el penúltimo episodio de un proceso de liquidación de cualquier atisbo de profesionalidad o lógica en las decisiones de la tele canaria. Pérez fue miembro de la mesa que había de calificar las propuestas técnicas de las empresas licitadoras, y estaba allí `para elaborar el informe técnico que debería haber servido para la adjudicación, pero nunca se le pidió que emitiera informe alguno: Willy contrato con una empresa catalana la realización del trabajo que le correspondía hacer al jefe de sus técnicos, probablemente porque temía que este no se plegara a sus instrucciones y mantuviera un criterio técnico diferente al que convenía a los objetivos del paulinato. Así, la tele aprobó la adjudicación del mayor contrato de la historia de Canarias, sin informe de sus técnicos. Una verdadera hazaña.
Pero el despido vino después, cuando Pérez hizo y entregó el informe que le pidió el Consejo. Un despido sin motivación y legalmente improcedente, además de arbitrario e injusto. Un despido que persigue inútilmente un objetivo doble: el de impedir que el informe realizado por Pérez sea conocido por el Consejo, y el de eliminar a un testigo de que la mesa de contratación -un órgano cuya función es la de actuar independientemente- hizo justo lo que le pidió el Gobierno.
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