Canarias ya dispone de un cuerpo policial autonómico

SOL RINCÓN BOROBIA | SANTA CRUZ DE TENERIFE El Parlamento de Canarias aprobó ayer la Ley del Cuerpo General de la Policía Canaria con los votos de Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP), ya que el partido de la oposición dio la espalda al nuevo cuerpo policial.
El presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Francisco Hernández Spínola, fue el encargado de justificar la posición en contra de su partido y de defender las enmiendas que su equipo presentó al texto de la nueva ley.
El socialista aseguró que la Policía Canaria supondrá una importante carga económica a la comunidad autónoma en un momento en el que el país sufre una desaceleración y cuando los ciudadanos canarios no tienen entre sus preocupaciones la seguridad, sino otros problemas, como el paro, la inmigración o la asistencia sanitaria.
Sin embargo, tanto María Australia Navarro (PP) como José Miguel González (CC) le acusaron de mentir y le recordaron que los estudios de opinión pública colocan la inseguridad como uno de las problemas más importantes detectados por los ciudadanos canarios.
También señalaron que el nuevo cuerpo policial nace para complementar la labor de la Guardia Civil y de la Policía Nacional y no para sustituirla. Navarro tampoco dejó pasar la ocasión de recordar que los socialistas llevaban en su programa electoral de 2003 la creación de la Policía Canaria.
Hernández Spínola respondió que eso se debió a que entonces los gobiernos de José María Aznar habían debilitado la seguridad pública para potenciar la privada y consideraron necesario respaldar la policía autonómica.
El presidente del Grupo Socialista siguió justificando la oposición a la Policía Canaria e indicó que algunos artículos de la ley que la regula exceden el nivel competencial de la comunidad autónoma.
Puso como ejemplo los artículos 12 (referido a la misión del Cuerpo General de la Policía Canaria) y el 19 (relativo a sus funciones), así como la disposición transitoria primera, que regula el régimen de seguridad social de los agentes.
Para el Grupo Socialista, el Gobierno ha tramitado una ley repleta de "dudas constitucionales", ya que, entre otras cosas, recordó que las competencias de las comunidades autónomas en materia de seguridad ciudadana "son las derivadas del artículo 148.1.22 de la Constitución, es decir, vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones y la coordinación de las policías locales". Para rebatir este argumento, el diputado nacionalista le recordó que en el preámbulo de la Ley Orgánica de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado se admite que la seguridad pública constituye una competencia difícil de parcelar y, por lo tanto, es una de las materias compatibles por todos los poderes públicos.
Hernández Spínola también aseguró que para garantizar la seguridad en el Archipiélago es suficiente el Plan Integral de Seguridad de Canarias que ha elaborado el Gobierno de España, que tiene una dotación para este año de 10 millones de euros y prevé aumentar el número de efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional.
En esta línea, aseguró que con la creación de la Policía Canaria el Gobierno regional "busca la confrontación con el Gobierno de España".
María Australia Navarro afirmó no entender "el rechazo frontal y visceral" del Partido Socialista Canario y recordó que el ministro del Interior ha admitido que en Canarias hay un déficit de 1.500 efectivos. Por eso, compartió sus sospechas de que a los socialistas canarios no les interesa la seguridad. "Sino, no se explica que en cuatro meses Canarias haya tenido tres delegados del Gobierno".
Para el presidente del grupo de la oposición, la Policía Canaria sólo sirve "para que pseudonacionalistas se den el gusto imaginando un cuerpo de un Estado Libre Asociado".
A este respecto, José Miguel González cuestionó la legitimidad de Hernández Spínola para realizar esas manifestaciones cuando el PSOE, dijo, "ha estado negociando con un grupo terrorista que quiere romper la unidad de España utilizando la fuerza" y cuando gobierna en Cataluña "con un partido independentista".
Para Hernández Spínola, las palabras de González supusieron "un mensaje del sector más derechista y reaccionario del Partido Popular".
En medio del debate, el diputado socialista Julio Cruz planteó la posibilidad de que pudiera anularse la tramitación de la ley, ya que el reglamento del Parlamento establece la necesidad de que los cabildos insulares se pronuncien sobre aquellos proyectos de ley que incidan en alguna de sus competencias.
Cruz explicó que hay algunas funciones de la Policía Canaria que requieren entrar en ciertos ámbitos de los cabildos, como el transporte terrestre.
El presidente de la Cámara, Antonio Castro, suspendió la sesión plenaria para consultar la duda del diputado socialista. Finalmente, la incluyó en el acta pero no consideró que hubiera que suspender la tramitación de la ley.

300 agentes en tres años
El consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno canario, José Miguel Ruano, intervino ayer en el Pleno una vez aprobada la Ley del Cuerpo General de la Policía Canaria. Informó que el objetivo es complementar el esfuerzo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado "para que los canarios estén más seguros". También señaló que la inversión económica que supone el nuevo cuerpo autonómico "no está reñida con ninguna otra política social". La puesta en marcha de la Policía Canaria tendrá dos fases, según indicó. Durante la primera de ellas tendrá lugar la creación una división de hasta 300 agentes en tres años para apoyar a las policías locales.
La segunda fase se centrará en el despliegue territorial. Ruano indicó que ha quedado demostrada la "incapacidad" del Ministerio del Interior para cubrir las plantillas del año 2000. A finales de 2007, el ministerio ha aprobado más catálogos, lo que supone "más plazas vacías". Por lo tanto, el Gobierno de Canarias "demanda que el Gobierno de España mantenga los efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil". Así, el Gobierno regional "se compromete" a cubrir las vacantes, pero con financiación del Ministerio del Interior. Así, "llegaremos a 1.700 efectivos en diez años". También indicó que la voluntad es "entenderse con el Gobierno de España".