´Terminaremos dejando que nos hagan un tracto intestinal ´

BELÉN MOLINA -Las medidas de seguridad han aumentado tras los atentados de Nueva York, Madrid y Lóndres, pero aparte de las restricciones legales, las compañías de transporte imponen normas propias por encima de la Ley, a veces incluso contradictorias ¿Es eso posible?
-Posible es y de hecho está pasando. Aquí estamos en un debate que tiene un trasfondo ideológico muy importante que es seguridad versus libertad y los gobiernos democráticos deben buscar un punto medio porque si no, se dan las contradicciones. Es verdad que hay un defecto en la legislación, que debe ser más clara, más taxativa y mucho más tajante en cuento a explicar exactamente cuáles son los procedimientos a los que hay que someter a un pasajero para cualquier tipo de embarque: menores, extranjeros, vuelos locales o no.
-Pero estamos hablando de limitar un derecho básico que es el derecho a deambular, que a veces se niega al margen del marco legal.
-En efecto, el derecho a deambular es un derecho esencial. Cuando a uno se le priva de libertad, se le está privando de su derecho a deambular. Por eso, el derecho ambulatorio existe cuando no hay restricciones fuera de la lógica que lo impidan. En Canarias, además, es un derecho que nos permite la conexión con el exterior, que por fuerza tiene que ser por barco o por avión. En la Península , si viajas en coche, puede que la Guardia Civil te someta a un control de alcoholemia, pero si vas con un niño no te pedirán su DNI porque la Ley no lo exige, pero en Canarias es cierto que se ha llegado a un exceso con la agravante de que el embarque está en manos de la seguridad privada.
-¿Están suficientemente preparados esos agentes de la seguridad privada para decidir quiénes viajan y quiénes no?
-No quiero descalificar a esos profesionales, que son buenos y responsables, pero no hay un control público, del Estado, estricto y directo sobre ellos, lo que da pie a muchas vulneraciones y excesos. Lo vemos a diario. Lo hemos visto en el metro de Madrid. Y algunas restricciones o obedecen a la lógica. Ellos dicen que es la norma, pero la norma no aparece por ningún sitio. Tiene que haber un estricto control público con una base legal lo suficientemente ajustada, suficientemente clara y además, limitadora de lo que puede y no puede hacer la seguridad privada en los controles de embarque, o terminaremos dejando que nos hagan un tracto intestinal como norma.
-Pero, ¿un vigilante de seguridad tiene autoridad para decidir quién vuela y quién no?
-A mí no me querían dejar volar de Gran Canaria a Tenerife porque mi DNI estaba caducado. Con ese mismo DNI pude votar pero no podía regresar a mi casa cuando, encima, esa misma mañana sí había podido volar con la misma compañía. La arbitrariedad es absoluta. Y con todos mis respetos, pero los encargados de la seguridad privada no son precisamente quienes más formación y más cultura tienen. El ser humano es arbitrario por naturaleza y justamente para cercar esa arbitrariedad es para lo que se crean las leyes.
-¿Quién tiene entonces voz para decidir quién vuela y quién no?
-Las competencias sobre seguridad competen a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y que yo sepa, esas competencias no son transferibles. Una cosa es que la seguridad privada organice los accesos y otra que el orden público dependa de ellos.
-¿Puede la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) imponer sus normas a cualquier Gobierno?
-Las normas de la IATA no dejan de ser convenios privados, es decir, no son derecho público en el propio sentido. Una organización de compañías no puede ser la que imponga las medidas de seguridad a las que tenemos que someternos. Entiendo que las compañías aéreas son las primeras interesadas en que haya seguridad en sus vuelos, de entrada, porque su personal viaja en ellos, pero con su buena fe no pueden ser ellos quienes fijen la seguridad. Ni Estados Unidos. Lo lógico es que haya una normativa unitaria porque no tiene sentido que esas normas varíen según vas sobrevolando qué país.
-Que es lo que pasa ahora.
-En efecto. Y tenemos una normativa que se desconoce. las agencias de viajes informan en una especie de "sálvese quién pueda" y según a quién le de la gana. Funciona así. Depende de quién te encuentres detrás del mostrador de embarque. Es una indefensión para el viajero, que no sabe a qué atenerse.
-Ante una arbitrariedad, ¿qué debe hacer ese viajero?
-Hay que reclamar, porque las reclamaciones joroban, molestan a las compañías. Molestan tanto que a veces intentan no dar las hojas de reclamaciones. Pero es la única forma.
-¿De verdad sirve de algo reclamar?
-Yo le digo todo el que haya sufrido un daño, que no tiene por qué ser material, que reclame. existe el daño moral. En el caso de la abuela a la que no dejaban regresar con su nieto hay un claro daño moral, que de acuerdo con el derecho, se puede cuantificar. Esa mujer debió pasarlo fatal precisamente porque no era la madre del niño sino una responsable segunda por lo que siente aún más responsable.
-Pero todos parecen aceptar que nos impongan esas restricciones. Nadie rechista.
-Sí, los usuarios no suelen reaccionar ante una arbitrariedad. Es lo de quedarnos medio desnudos cuando hay que cruzar el arco de seguridad. No tiene por qué ser así. El viajero tiene todo el derecho, nunca mejor dicho, a reclamar la presencia de un policía o guardia civil y quitarse la ropa sólo ante ese agente, en una cabina cerrada a la vista de los demás.
-¿Qué debe hacer un viajero víctima de una arbitrariedad?
-Acudir a la comisaría del aeropuerto, que en todos hay una, y explicar a los agentes el problema. Son ellos quienes tienen la autoridad para resolverlo.